Cuentan los abuelos” que hace 50, 60, 70 años, la política se hacía de barrio en barrio, de pueblo en pueblo, megáfono en mano o a voz en cuello. El dinero que había que invertir para acceder a un cargo de elección popular era razonable. Los cargos de elección popular en Colombia no eran muchos, presidente, congresistas, diputados de asambleas y concejales. El presupuesto nacional no era gran cosa, y se decidía en los grandes salones de la oligarquía bogotana.
En 1986 inicia la elección popular de alcaldes, y con la Constitución de 1991 se empiezan a elegir popularmente también gobernadores y, por cuenta de la descentralización y autonomía territorial, departamentos y municipios empiezan a manejar por su cuenta, millonarios recursos.
En los años 80 y 90, el narcotráfico mete sus narices en la política. Ese candidato que décadas antes iba de barrio en barrio, empieza a notar cómo ahora hay contrincantes que derrochan increíbles cantidades de recursos, que lo sacan de cualquier competencia. El evento más visible es, cómo no, Pablo Escobar, elegido miembro del Congreso en 1982.
Cada vez se hace más oneroso aspirar a un cargo de elección popular. Para el 2022, los topes permitidos por el CNE a una campaña a la Cámara son de cerca de 1.000 millones de pesos, para el Senado, de unos 3.000 millones, sin embargo, la realidad es que dicho gasto puede estar alrededor de los 15.000 millones de pesos[2]. A Aida Merlano se le detectó un gasto de 8.300 millones en su campaña, cuando su tope autorizado era de 884 millones[3]. Ni qué decir la astronómica inversión, la real, de una campaña presidencial, sobre todo cuando la contienda está muy cerrada.
Desde hace años observamos pintorescos candidatos desesperados por acceder a los cargos de elección popular, donde tenemos saltimbanquis que se desnudan, desfilan con modelos, otros ordenan “correr la línea ética”, hacen promesas imposibles de cumplir (tren elevado desde el Pacífico hasta el Caribe), otros se alían con narcos o exnarcos, con bandidos de toda laya, otros prometen “voy a robar poquito”, otros saltan de partido en partido al calor del líder que más caliente (Roy, no te sientas aludido), sabemos que nos mienten, ellos saben que sabemos que nos mienten, y aún así salen elegidos. Los más preparados, aquellos con más estudios o experiencia, prefieren mantenerse al margen de la política. Hasta las elecciones del municipio más insignificante del país, se vuelven escenario de auténticas batallas, con desmanes y disturbios por parte de los seguidores del candidato perdedor.
¿Por qué esta dinámica, visible hace unas décadas, pero más notoria de unos años para acá?
Mi respuesta: PORQUE EL BOTÍN ES MUY GRANDE, CADA VEZ ES MÁS GRANDE.
Para explicar lo anterior, traigo el siguiente cuadro que muestra el aumento del gasto del estado en nuestro país, o el “tamaño del estado” (técnicamente, gasto público como porcentaje del PIB), desde 1988 y hasta el 2021[4]:
En 1988 el gasto público como porcentaje del PIB era del 14.55%, en 1998 era del 26.34% y en el 2018 era del 34.66%. Para el cursante año 2023 ese porcentaje llega casi al 32%[5].
Dicho de otra forma, nuestro estado crece y crece, se hace cada vez más pesado y paquidérmico (por ende, ineficiente), pero demuestra la premisa antes expuesta de que “el botín es muy grande, es cada vez más grande”.
¿Y por qué hablamos de “botín”? Porque a medida que crece el estado, a medida que crece el gasto público, obviamente, hay más dinero para repartir. Se ha calculado que en el año 2020, el 17% del presupuesto, unos 303 billones de pesos, se perdió en corrupción[6]. Esto es, las célebres “empresas electorales”, con etapas claramente definidas como el endeudamiento, la inversión, y, finalmente, si se logra el resultado, el retorno de la inversión junto con utilidades. De hecho, la forma de repartirse el “botín” está perfectamente procedimentada, por ejemplo, con la asignación de cupos indicativos (antes auxilios parlamentarios), con la asignación de entidades o feudos burocráticos, contratación incluida.
Esta situación ha degenerado en los círculos viciosos por todos conocidos: (i) el aspirante se lanza y se endeuda más allá de los topes permitidos, (ii) si es elegido, tiene que “buscar” cómo pagar esas deudas de campaña, por ejemplo, con cargos públicos o con contratación, (iii) si no es elegido, tiene que buscar su nombramiento en cualquier cargo público que le permita pagar esas deudas de campaña. A la siguiente justa electoral, vuelve y juega.
Como vamos, el estado cada vez pierde más su razón de ser, es cada vez más un gran monstruo ineficiente, corrupto, ladrón, que premia a los más vivos y a los más bandidos, a los más atrevidos en su apuesta de lograr el acceso a los cargos de elección popular y, por ende, al erario público. Vivimos en la anomia, definida esta por la RAE como “…Estado de desorganización social o aislamiento del individuo como consecuencia de la falta o la incongruencia de las normas sociales…”. El ciudadano, la comunidad, ya no creen en el estado, entonces buscan soluciones por cuenta propia. El ciudadano pierde todo sentido de pertenencia por el estado. El ciudadano ve la clase política como una casta cerrada, lejana, excluyente. Se facilita el acceso al poder de populismos que, una vez al mando, persisten y profundizan las dinámicas aquí señaladas.
¿Soluciones, propuestas? Reducir el botín. Hacer el estado más pequeño y más eficiente. Que el estado vuelva a cumplir, y que cumpla bien, sus responsabilidades más elementales: garantizar la seguridad de sus asociados, garantizar las libertades más elementales, garantizar el entorno y las condiciones para que la economía de mercado cumpla con sus propósitos que no son otros que la creación de riqueza y prosperidad, cómo no, bajo uno estándares mínimos y básicos de solidaridad y dignidad.
[1] Abogado de la Universidad Externado de Colombia, con postgrados en la Universidad Complutense de Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, con experiencia en la Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Jaime Granados Peña & Asociados Abogados Consultores, socio fundador de Bohórquez & Umaña Consultores S.A.S, actualmente abogado litigante y consultor.
[2] Fuente: https://www.elcolombiano.com/colombia/politica/candidatos-al-congreso-pueden-invertir-hasta-15-mil-millones-en-sus-campanas-KG16232686 .
[3] Fuente: https://www.rcnradio.com/politica/aida-merlano-gasto-8300-millones-en-campana-al-senado-su-tope-era-de-884-millones .
[4] Fuente: https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/colombia .
[5] https://www.larepublica.co/analisis/santiago-castro-gomez-513871/que-tamano-de-estado-queremos-3346217 .
[6] Fuente: https://noticias.canal1.com.co/uno-dos-tres/asombrosa-cifra-revela-sobre-cuanto-vale-corrupcion-colombia/ .
