Juan Carlos Cáceres Bayona le dio un giro drástico a su situación jurídica en muy poco tiempo. El contratista dueño de Funtic, una de las empresas socia de Centros Poblados y responsable de los $70.000 millones que se perdieron, ahora está del lado de la Fiscalía y como lo anunció la entidad ya está negociando un principio de oportunidad con Cáceres para que se convierta en el testigo clave contra Emilio Tapia y los demás responsables del consorcio, a saber, Luis Fernando Duque Torres y Juan José Laverde Martínez. Si todo le sale bien a Cáceres, podría pagar muy pocos años de cárcel a cambio de información que responsabilice a Tapia, Duque y Laverde.
No es la primera vez que Juan Carlos Cáceres Bayona está en el radar de la justicia. Tiene un largo historial como contratista, y en 2019 la Contraloría advirtió un desfalco de cerca de $55.000 en varios contratos en manos de Cáceres. En solo cinco contratos de prestación de servicios de internet en los colegios de La Guajira (2015 y 2017), Magdalena (2015) y Norte de Santander (2013 y 2016), las gobernaciones le pagaron $ 22,873 millones de más, un 24 % del dinero de los contratos pagados a Funtics, no se utilizó en internet para mejorar la educación. Cáceres Bayona es un poderoso contratista de redes de telecomunicaciones en el Caribe y Norte de Santander, en más de siete años ha ejecutado más de $188 mil millones, de los cuales $111 mil millones le han sido asignados en procesos de selección que han cerrado con un solo oferente. Si Cáceres colabora recibirá los beneficios prometidos, pero carga con un importante historial de contratación que ha sido cuestionado por los desfalcos que se han encontrado.
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