Una vez más, en junio de 2022 la figura del galeón San José emerge en los titulares de prensa nacional e internacional. Como en ocasiones anteriores, lo hace justamente cuando los gobernantes nacionales buscan desesperadamente generar señales favorables acerca de su gestión, o cuando hace falta una noticia pintoresca para neutralizar intensos debates electorales sobre temas que son, aparentemente, mucho más serios.
Ya había ocurrido en diciembre de 2015, cuando Juan Manuel Santos, en medio de polémicas por el avance del proceso de negociación de paz en la Habana, anunció con bombos y platillos el hallazgo de los restos del naufragio. Por cuenta de ese aguinaldo navideño la prensa tuvo con qué entretenerse hasta finales del año.
También en julio de 2018, al final de su segundo periodo de gobierno, Santos quiso convertir en motivo de celebración nacional, la firma de un contrato mediante el cual se pretendía extraer los vestigios del galeón y comercializar los artefactos más valiosos de su centenaria carga, en el mercado internacional de antigüedades. Quiso dejar al Estado embaucado en un negocio malo, inconstitucional e inconveniente, lo cual, para fortuna del país, no se pudo concretar, aunque dejó importantes deudas legislativas y jurídicas aún pendientes de saldar.
Por su parte, el actual presidente Iván Duque ha apelado en varias ocasiones a la figura romántica del galeón para marcar las diferencias con su antecesor, y al mismo tiempo, tratar de generar señales que contribuyan a mejorar lo impopular que resulta su gobierno en las encuestas de opinión.
Ha tratado de impedir y deshacer el negocio estructurado entre Santos y Maritime Archaeology Consultants, promoviendo en la Navidad de 2019 la declaratoria de la totalidad del contexto arqueológico del San José como bien de interés cultural de la Nación, y no hace mucho, en marzo de 2022, declarando desierto el proceso de licitación para la explotación económica de sus contenidos.
Ahora, a poco de finalizar su gobierno, ha fabricado una noticia compuesta por espectaculares imágenes tomadas a los vestigios del galeón por un vehículo remoto recientemente adquirido para la Armada Nacional, rodeadas de una retórica grandilocuente acerca del valor patrimonial del San José, y de las capacidades tecnológicas y de vigilancia que ha desarrollado la Armada Nacional gracias a su gobierno.
Hasta donde se puede saber —puesto que, pese a tanta prensa, el tratamiento de los asuntos de fondo del galeón San José se ha hecho en secreto y de espaldas al país— las actuaciones del gobierno de Duque, aunque incidentalmente, podrían haber contribuido a disminuir al riesgo de pérdida del patrimonio arqueológico subacuático de la Nación.
Con todo, sigue siendo preocupante que se mantengan ocultos, bajo el pretexto de no resultar conveniente para la seguridad del pecio y la defensa jurídica del Estado, aspectos centrales del proceso: quiénes son, y con qué capacidades profesionales y científicas -de haberlas-, se están desempeñando los diseñadores y ejecutores de los recientes procedimientos de exploración del galeón y otros contextos arqueológicos subacuáticos; qué entidades públicas están haciendo seguimiento a estas actuaciones y con qué criterios; y algo aún más importante, cuáles son los intereses y propósitos últimos que han estado orientado las decisiones y actuaciones del Gobierno en esta materia.
En vista del manejo propagandístico, ocasional y decorativo que se le suele dar al tema, así como el ocultamiento de los asuntos de fondo, es claro que la suerte del patrimonio arqueológico subacuático en Colombia viene dependiendo más de los intereses de los gobernantes de turno que de unas directrices de Estado sobre la materia. Por lo anterior, desde la Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido, hemos llamado reiteradamente la atención a la ciudadanía y a las entidades competentes, acerca de la necesidad de una política pública sobre la materia, una apuesta de país de largo plazo, no sometida a los vaivenes politiqueros, que debe ser formulada y ejecutada con el concurso de los sectores académicos y de los actores sociales y territoriales que tienen capacidades e injerencia sobre el tema.
Dicha política debe contar entre sus elementos estructurantes con la modificación de fondo de la legislación sobre patrimonio cultural sumergido, y en especial de la Ley 1675 de 2013 y su reglamentación, que aún posibilitan el tratamiento de bienes que integran dicho patrimonio como si fuesen mercancías. Así mismo, debe comprometer el decidido apoyo estatal a programas y proyectos de formación profesional, y de ciencia y tecnología de iniciativa nacional, que garanticen acciones
coordinadas y sostenidas de investigación, conservación y divulgación del patrimonio arqueológico subacuático. Finalmente, aunque no menos importante, dicha política pública debe contar con la participación de las comunidades y entidades territoriales en los procesos de investigación y puesta en valor del patrimonio cultural sumergido.
A tono con esta apuesta, en los actuales momentos de contienda electoral y finalización de ciclos de gobierno, hacemos un llamado para que las percepciones, a menudo inmediatistas, que suelen rodear el tratamiento de problemáticas estructurales, no opaquen la importancia de abordar asuntos que, pese a ser vistos como pintorescos y superfluos, en realidad hacen parte de temas medulares para el país.
En la imaginación política tradicional, el campo del patrimonio arqueológico, al igual que el ámbito más amplio de los procesos culturales, han figurado en segundo o tercer plano, cosa que también sucede con los temas de ciencia y tecnología. Tal percepción es contraria al reconocimiento que se ha hecho en la Constitución Política acerca del valor central del patrimonio arqueológico como parte de la identidad nacional, la cual, en vez de reducirse a un sello monolítico de colombianidad, hace referencia a las dinámicas de producción, debate y transformación de significados acerca del devenir de un país que es social, cultural, histórica y geográficamente diverso y complejo.
Es precisamente por ese valor del patrimonio arqueológico como herencia y referente para la generación de identidades, que la Carta Magna ha definido su condición de bien común perteneciente a la Nación y por fuera del mundo de las mercancías. Y es con ese valor y en relación con esos procesos culturales que el asunto del galeón San José debe ser ponderado y comprendido contextual e integralmente.
Si actualmente transitamos hacia la implementación de cambios estructurales para bien del país y sus gentes, entre las tareas urgentes está la transformación de las imaginaciones políticas mismas, incluyendo el replanteamiento del lugar que los temas de patrimonio cultural en general, y del patrimonio arqueológico en particular han tenido en el orden de prioridades tradicional. Por ello, llamamos la atención a los gobernantes, a quienes están en vía de reemplazarlos, así como a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general, para que ponderen justamente lo que está en juego en el caso del galeón San José, y más ampliamente, en el futuro de las herencias arqueológicas que se encuentran, tanto en los espacios acuáticos como terrestres del país.
Junio 14 de 2022.
*Firman en orden alfabético según su apellido:
Pedro María Arguello García, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Luis Gonzalo Jaramillo Echeverri, Universidad de Los Andes
Roberto Enrique Lastra Mier, Universidad del Atlántico
Jimena Lobo Guerrero Arenas, University of Cambridge
Juan Guillermo Martin Rincón, Universidad del Norte
María Julia Ochoa, Universidad de Antioquia
Santiago Ortiz Aristizábal, Universidad de Antioquia
Diógenes Patiño Castaño, Universidad del Cauca
Juan Felipe Pérez Díaz, Fundación Proyecto Navío
Carlo Emilio Piazzini Suárez, Universidad de Antioquia
William Andrés Posada Restrepo, Universidad de Antioquia
Juan Carlos Vargas Ruiz, Universidad del Magdalena
