El presidente Gustavo Petro se tomó más de dos meses para nombrar el reemplazo Vladimir Fernández, su jurista de confianza, quien se retiró de la Secretaría Jurídica de la Presidencia para integrar la Corte Constitucional. Acaba de ser nombrada la abogada Paula Robledo, quien había sido directora general encargada de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que ya tiene nombrado en propiedad al exmagistrado del Consejo de Estado, Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
Entre tanto, el abogado Andrés Idárraga Franco, secretario de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, ha asumido los líos jurídicos que impactan directamente al Presidente. Ese es, por ejemplo, el caso los 40 carrotanques para suministrar agua en La Guajira, adquiridos por Olmedo López, ahora exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, quien acaba de renunciar y fue nombrado directamente por Gustavo Petro, y el contrato para la elaboración de pasaportes que el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, le entregó a la firma Thomas Greg & Sons.
El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga Franco llegó al cargo desde el comienzo del gobierno de Petro después de renunciar con una dura carta a su condición de Director de la Oficina de Derechos humanos en la Alcaldía de Claudia López por diferencias sobre la actuación de la policía contra los muchachos de la Primera Línea durante en el estallido social y que Idárraga juzgó desproporcionado por parte de la fuerza pública.
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Al abogado Idárraga, el presidente Gustavo Petro le asignó la tarea de asumir la defensa de la posición del Gobierno Nacional frente al contrato que firmó motu proprio el exsecretario general de la Cancillería en favor de Thomas Greg & Sons y que el Presidente pidió que fuera demandado penalmente. Está próxima a salir la Resolución que invalida la actuación del exsecretario, José Antonio Salazar unida a una demanda penal.
Ningún reversazo. No se puede adjudicar contratos sin un CDP dice la ley, es decir mientra no se expida certificación dd minhacienda del dinero para ese proceso licitario.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 28, 2024
El CDP, Cupo de Disponibilidad Presupuestal, que existe hoy es para el proceso licitatorio que se está… https://t.co/1H22RuSIyt
Olmedo López renunció después de la demanda penal instaurada por el Secretario de Transparencia
En el caso de los 40 carrotanques comprados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) para suministrar agua a la población de La Guajira mediante la firma de un contrato por valor total de 46.800 millones de pesos y 1.170 millones de pesos por unidad, el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga Franco avanzó rápido.
Este jueves 29 de febrero ante Martha Alejandra Parra Chavarro, directora especializada contra la Corrupción en la Fiscalía General de la Nación, el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga instauró denuncia penal contra el ya exdirector Olmedo de Jesús López Martínez como ordenador del gasto; el exsubdirector general, Víctor Andrés Meza Galván y el subdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez en la Ungrd.
La denuncia penal también la hizo Idárraga contra Luis Eduardo López Rosero, representante legal de la empresa Luket S. A. S.; Sandra Liliana Brand Pantoja, representante legal de la firma Brand S. A. S. y Roger Alexander Pastas Fuertes, representante legal de Impoamericana Roger S. A. S.
Según la denuncia de Idárraga, las tres empresas estarían relacionadas entre sí y habrían hecho acuerdos para que Impoamericana se ganara el contrato. Los nexos entre las compañías podrían ser un indicador de que, en caso de que existiera una invitación para que ellas cotizaran la prestación del servicio de suministro de agua en carrotanques, tendría una clara intención de excluir a oferentes no vinculados con las personas mencionadas.
Los tanques los construyó la empresa Incoltanques S. A. S. de propiedad del señor Robert Sandoval, quien los habría negociado con Luis Eduardo López Rosero en octubre de 2023 y los entregó el 9 de enero de 2024 y según los hechos descritos por Idárraga en su denuncia, el exsubdirector general de la Ungrd, Víctor Andrés Meza Galván solicitó y ratificó el pago de los carrotanques a Carlos Fernando López Pastrana, vicepresidente de Negocios Fiduciarios de la Fiduciaria La Previsora.
El dinero lo pagaría el ordenador del gasto del Fondo Nacional de Riesgos de Desastres, a través de Fiduprevisora, a Roger Alexander Pastas Fuertes, representante legal de Impoamericana, distribuido en un primer pago correspondiente al 80 % del valor del contrato después de presentar el documento de disponibilidad de entrega de los vehículos y 20 % restante a después de la firma del acta de entrega a satisfacción de los carrotanques por parte del Supervisor del contrato.
La supervisión del contrato de los carrotanques estaba a cargo del subdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, quien también se encargó de solicitar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal y los demás documentos requeridos para formalizar el contrato, entre ellos la constancia de que los vehículos estaban disponibles para la entrega.
El 18 de octubre de 2023, María Fernanda Contreras, gerente de la sucursal Bogotá, de la empresa Kenworth de la Montaña S. A. S. le certificó a Impoamericana Roger S. A. S. que poseía para entrega inmediata 40 camiones DAF CF410 6 x 4 Camión los cuales habían sido pagados en su totalidad.
Entre otros hechos que le dieron pie al Secretario de Transparencia para denunciar a los funcionarios y a los particulares penalmente, también señala que el contratista presentó un informe de entrega de vehículos sin fecha y el 23 de noviembre de 2023, el Supervisor firmó el recibido a satisfacción.
Aunque no sea el supervisor del contrato, ni haya pedido pagar la compra de los carrotanques, el exdirector de la Ungrd debe responder también por las actuaciones de los subalternos argumentó el Secretario de Transparencia al solicitar a la Fiscalía que investigue la presunta incursión en ilícitos penales por parte de los funcionarios de la entidad y de los representantes legales de las empresas Luket S. A. S., Brand S. A. S. e Impoamericana Roger S. A. S.
Idárraga también solicita a la Fiscalía revisar de forma integral la contratación de la Ungrd en el marco del régimen especial desde 2020 que involucra a los empresarios mencionados para determinar una posible colusión entre ellos que afecte la libre competencia, firma de contrato sin el cumplimiento de requisitos y sobrecostos en la compra de los carrotanques.
Idárraga tiene en su escritorio la resolución que firmó afanosamente el Secretario general de la Cancillería José Antonio Salazar con la que le entregó el contrato de más de $ 550 mil millones a Thomas Greg & Sons y procederá igualmente con una demanda penal por irregularidades y que significará además la reversa de la decisión.
