En 1961, la guerra contra drogas (donde se incluyen la marihuana y cocaína) fue declarada por las Naciones Unidas. A partir de 1971, durante el gobierno del presidente Nixon, esta fue radicalizada y utilizada como excusa para judicializar a líderes del movimiento por los derechos civiles de las comunidades negras y de rechazo a la guerra del Vietnam. Desde entonces, las cárceles se llenaron de consumidores y expendedores de pequeñas dosis asociados a las protestas.
Manifestaciones de esta guerra contra las drogas tuvieron incidencia en Colombia, especialmente cuando se dio la llamada “bonanza marimbera” en la Sierra Nevada de Santa Marta y la Costa Atlántica. Desde mediados de los 70, el gobierno americano y la DEA, creada con gran presupuesto, suministraron equipos y coordinaron tareas con el sistema judicial y fuerzas armadas de inteligencia colombiana para fumigar y erradicar cultivos de marihuana.
Así mismo, persiguieron a cultivadores y traficantes nacionales. Algunos de ellos ligados al tradicional contrabando de licores y cigarrillos, que usando aviones DC-3 y DC-4, sobrantes de la II Guerra Mundial, también la transportaban al Caribe, Centroamérica y Estados Unidos. El endurecimiento de las penas llevó a que, al igual que en Estados Unidos, las cárceles se llenaran de cultivadores de pequeños predios y consumidores, agravando el hacinamiento.
En el Cauca
Desde los años 70, en el nororiente del Cauca, en la cordillera central, entre los municipios de Toribio y Corinto, colonos e indígenas cultivaron marihuana para abastecer el consumo de Cali, Buenaventura y la región.
En este milenio, con semillas mejoradas y plantas cultivadas en invernaderos alumbrados con bombillas, obtuvieron la especie cripy, con mayor concentración de tetracannabinol, procesada, comprimida y camuflada para los mercados regional, nacional e internacional.
Desde finales de los 70, con la extensión del uso del basuco, en el departamento del Cauca —donde los indígenas tradicionalmente han cultivado y usado la coca para el mambeo con cal— los cultivos se incrementaron, al igual que laboratorios donde producen la base de coca que en laboratorios es cristalizada en cocaína.
A principios de los 80, en la cordillera central, narcotraficantes incentivaron la siembra de amapola entre campesinos y comunidades indígenas como los misaks (guambianos), para “ordeñar” látex de su flor y procesar heroína, la cual es consumida local, regional, nacional e internacionalmente.
La prohibición sin políticas económicas para ayudar a comunidades de escasos ingresos, la fumigación afectando cultivos de pancoger, flora, fauna, aguas y calidad de vida, la ausencia de campañas sustitutivas de cultivos y preventivas del consumo y de tratamiento a los enfermos adictos, incentivó que el tráfico y consumo local de las tres sustancias prohibidas, sumado al aceptado de alcohol, generara disolución del tejido social, violencia intrafamiliar, feminicidios, desplazamiento de poblaciones indígenas, afros y campesinas, amenazas y asesinato de líderes comunitario y de enfermos adictos en las calles (“limpieza social”), afán de riqueza y consumismo, reclutamiento de menores, etc.
Cuando el nuevo gobierno impulsa vuelco nacional e internacional al enfoque represivo a las sustancias prohibidas, coordinando análisis y programas para afrontar el problema global, el departamento del Cauca, puede aportar mucho en la comprensión y búsqueda de soluciones a este flagelo enmarcando sus soluciones en la política de paz total impulsada por el gobierno de Petro.
En este panorama es importante que se solucionen, mediante el dialogo y negociaciones, conflictos por la propiedad de la tierra entre indígenas, afros, campesinos y agroindustriales, como inicialmente lo acordaron con mediación del gobierno, según lo anunció el ministro del Interior Alfonso Prada en el Dialogo Vinculante realizado en Quilichao, el 25 de noviembre; y que el gobierno nacional tenga éxito en su política de paz total, para desmovilizar a los distintos grupos armados que generan violencia y desplazamientos en todo el país y en especial en el Cauca donde se afincan numerosos contingentes del ELN, las disidencias de las FARC, y otras bandas armadas ligadas a paramilitares y carteles mexicanos que luchan entre ellas por apoderarse de cultivos, laboratorios y rutas fluviales y marítimas.
También debe vincularse a los cultivadores de marihuana en el departamento a proyectos que legalicen y tecnifiquen su producción para uso industrial, medicinal y recreativo y se beneficien económicamente del gran mercado internacional que se ha consolidado alrededor del procesamiento y cultivo de la marihuana.
Por lo pronto, el presidente Petro anunció, que mientras los campesinos cultivadores de coca no reciban apoyo financiero, técnico y de mercadeo para reemplazar los cultivos, las fuerzas armadas no se desgastarán forzando la erradicación y más vale se enfocarán en perseguir a los grandes narcotraficantes, sus laboratorios, los proveedores de químicos para procesar la hoja de coca y cristalizar la cocaína, los cargamentos, y sus socios comerciales en el lavado de dineros del narcotráfico.
En el Cauca también debe trabajarse creativamente en tratamiento y rehabilitación del creciente número de consumidores locales de sustancias prohibidas y alcohol, que en Santander de Quilichao, Popayán, Puerto Tejada y otros municipios deambulan como zombis, se concentran en “ollas”, y caen en la indigencia y delincuencia.
Además de tratamiento psiquiátrico y clínico, deben tenerse en cuenta organizaciones sin ánimo de lucro, como Narcóticos Anónimos y Alcohólicos Anónimos, que desde sus sedes autosostenidas promueven la rehabilitación desde grupos ubicados en diferentes barrios y municipios donde comparten sus experiencias y se apoyan en la superación de adicciones, reorganización de sus vidas y reintegración a sus familias y la sociedad.
