Los bandazos gubernamentales
La economía colombiana enfrenta una estanflación (bajo o nulo crecimiento con inflación en alza). El quiebre de su trayectoria aún no se ha evidenciado completamente. Hasta ahora, con la información disponible, se están dando las primeras manifestaciones. Los estimativos sobre el costo de contrarrestar los efectos de la emergencia sanitaria y sus repercusiones en la producción y el empleo, coinciden en que puede fluctuar entre 1,5 y 2 billones de pesos.
El impacto en los diferentes sectores económicos será diferenciado. Fedesarrollo calcula que si la emergencia sanitaria se prolongara por tres meses, los costos saltarían de $48 a $138 billones.
Las medidas del gobierno para atajar una recesión económica que desate un malestar social son dispersas. Los gremios empresariales reclaman planes de salvamento, vía líneas de crédito, refinanciación de sus deudas, aplazamiento de las obligaciones tributarias, entre otros. Los trabajadores y empleados, sobre los cuales pende la espada del despido, o de la aparente benevolencia patronal, de “las licencias no remuneradas”, están en la mayor zozobra.
El último anuncio gubernamental es descargar en una franja de asalariados y contratistas del Estado (quienes perciben más de 10 millones de remuneración mensual), una ambigua “contribución solidaria”.
El quiebre de la tendencia
La economía colombiana se ha volcado hacia su mercado doméstico, después del breve intervalo de la bonanza minero-energética, que concluyó en 2014. Desde entonces la recomposición de la estructura productiva ha sido errática. Los sectores que jalonan la economía están concentrados en los productores de bienes no transables, como el sector servicios que absorbe un poco más del 62 por ciento de la producción y del empleo. En los primeros dos meses de este año el empleo siguió cayendo, hasta perderse más de 200.000 puestos de trabajo.
El Ministerio de Hacienda, en línea con el Banco Mundial, pronostica que el “frenazo” de la economía colombiana en 2020 estará entre -1,5 y -2 por ciento. A su vez, Fedesarrollo reportó que el Índice de Confianza del Consumidor en marzo de este año se contrajo en -23,8 por ciento y las condiciones para la inversión se redujeron en -16,8 por ciento.
El detonante de esta coyuntura recesiva es el cierre de fábricas y establecimientos, que han suspendido sus operaciones en actividades como la industria manufacturera, el comercio mayorista y minorista que ha visto caer su clientela, además de la actividad constructora, inmobiliaria y turística, mientras que el transporte terrestre, la administración pública, la educación y la salud, entre otras, avanzan a media marcha, sometidas a muchas restricciones, derivadas de la cuarentena obligatoria.
Los pedidos a domicilio se han convertido en una estrategia para amortiguar las pérdidas.
Las tendencias que se observaban al cierre de 2019 son ahora tan solo una referencia a los relativos buenos tiempos de la economía. Los 145.000 empleos destruidos y las 205.000 personas expulsadas del mercado laboral se expandirán, hasta duplicarse o triplicarse.
El subempleo, reflejo de la discutible calidad del empleo, es la puerta de entrada a la informalidad, y, al final de 2019, triplicó al desempleo, aumentando medio millón de personas frente al nivel de 2018.
Las paradojas de la recesión
Resulta paradójico que la construcción, uno de los sectores que ha mermado su ritmo, enfrentándose a una evidente parálisis, haya aumentado en los dos primeros meses del año el empleo generado. Otro tanto, se registró en comercio y las actividades de alojamiento y comida (eufemismo para designar hoteles y restaurantes). Una hipotética explicación: en febrero de este año, aún estos sectores no experimentaban el rigor del desplome del empleo.
Al examinar las categorías ocupacionales del empleo en Colombia, salta a la vista que la mayor caída del trabajo se ha centrado en trabajadores por cuenta propia o independientes. Quienes así se catalogan tienen un ingreso promedio de $1,9 millones, representan el 42 por ciento de la mano de la mano de obra y perdieron 294.000 puestos de trabajo. En contraste, los obreros, inexplicablemente, repuntaron. Hoy son muy vulnerables, con severo riesgo de perder sus empleos.
¿Qué viene ahora?
El gobierno de Duque, en medio de la emergencia económica y social, sigue gobernando a punta de decretos presidenciales. La recuperación deberá acompañar la mitigación de la crisis sanitaria. El costo de la debacle no debe recaer sobre los asalariados, cuyo ingreso promedio, según el DANE, fue en 2019 de $1,4 millones.
La financiación de los programas de reactivación, desborda cualquier proyección y llevará a recurrir a mayor endeudamiento interno o externo, poniendo en jaque cualquier pretendido equilibrio de las finanzas públicas. Ya el ministro de Hacienda anunció una nueva reforma tributaria
Se trata de pasar la página de la emergencia sanitaria y económica con las menores pérdidas humanas. Vuelven las recetas keynesianas de mayor gasto, pero social, como fuente de dinamismo de la demanda de los hogares.
La munición son las transferencias monetarias y subsidios en especie. Para las empresas, créditos baratos y aplazamiento de sus obligaciones tributarias y financieras.
Pretender reactivar la economía, de manera apresurada, sin las precauciones de bioseguridad para las personas, es dar un salto al vacío. Los gremios empresariales están afanando al gobierno nacional, para una reapertura de las empresas y establecimientos, a expensas de la salud de trabajadores y empleados. El flujo de caja es el nuevo oxímoron.
