El 10 de junio de 2011, el entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon llegó a Colombia para asistir al evento en el que Juan Manuel Santos sancionaría la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Ese día Santos prometió devolverles a los campesinos más de 2 millones de hectáreas, pero 7 años después no llegó ni siquiera a las 300.000 hectáreas restituidas.
Después de sancionada la ley, Santos nombró a Ricardo Sabogal director de la Unidad de Restitución de Tierras –UTR–. Sabogal, quien venía de ser gerente del Programa de Protección de Tierras, llegó a la UTR en 2012 por recomendación del entonces ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, y se ha mantenido en el cargo, a pesar de los pocos resultados dados, con el respaldo del Partido Conservador.
Desde que se sancionó la Ley de Víctimas y Restitución, a la UTR llegaron 112.939 solicitudes; sin embargo, el 63% de los casos fueron rechazados, a pesar de que la meta del gobierno era resolver más de 281.000 casos. Aunque la Ley estará en vigencia hasta 2021, año en el que Santos esperaba que la unidad ya hubiese devuelto más de 6 millones, el objetivo parece inalcanzable con el balance actual.
La Fundación Forjando Futuros presentó un balance de lo que ha sido la Ley de Santos, y recopiló la información de 3.761 sentencias que se han dictado en el país. Las cifras son alarmantes, pues solo se han resuelto 6.389 casos, es decir, el 2.3% de la meta puesta por el gobierno.
A la falta de celeridad del Gobierno, Forjando Futuros puso las alarmas en el asesinato sistemático de líderes sociales. De los más de 330 líderes muertos desde 2016, un gran porcentaje eran reclamantes de tierras y lideraban proyectos en las zonas más calientes del país: Montes de María, Cauca y Caquetá. La responsabilidad les cae a todos, paras, guerrilla y Estado.
Este es el informe presentado por la Fundación Forjando Futuros:
