Lo que se inició como una forma de reparar y dar voz a los territorios en donde se había vivido con más crudeza el conflicto armado se convirtió en un ejercicio con un alto abstencionismo en los territorios especiales, muy similar al presentado en el ámbito nacional pasadas las elecciones del 13 de marzo, evidenciando una profunda herida de legitimidad del sistema democrático y de credibilidad a las instituciones del Estado. El 46,5 % del censo electoral votó en los comicios para elegir Senado de la República en todo el país.
Se pensaba que las curules de paz iban a tener un alto grado de participación; pues este era un mecanismo diferencial para que los territorios que habían sido (o siguen siendo) escenario del conflicto armado, tuvieran una voz en la cámara de representantes y así, pagar la deuda histórica del Estado y la sociedad.
Sin embargo, el panorama fue desalentador a nivel nacional. La participación del censo electoral para las curules de paz fue apenas del 42,80 %, los votos no marcados representaron el 10,39 % y nulos un 3,63 %. Para el caso de El Catatumbo el porcentaje presentó similitud: un 46,81 % de participación, un 3,33 % no marcados y nulos con un 3,83 %.
La baja participación tiene varios factores ligados a la legitimidad de la democracia en los territorios y a la desconfianza con la que se ve al Estado. Un factor tiene que ver con la guerra que instauró el establecimiento por evitar que esta circunscripción especial se llevara a cabo, ocasionando pujas legales, acciones de tutela y batallas de orden Legislativo. Esto marcó una dinámica de confrontación leguleya por parte del gobierno que posteriormente, se materializó en la tardanza de los anticipos para realizar campañas evitando que fueran influenciadas por dineros exógenos; a esto se debe agregar la poca o nula pedagogía electoral para el caso de estas elecciones sui generis.
Otro aspecto contradictorio fue la denominación: las circunscripciones transitorias especiales de paz, fueron todo, menos “paz”. Los 16 territorios en donde se realizaron vivieron la agudización del conflicto armado. El vacío de poder que dejó la reincorporación de las Farc tuvo como consecuencia el aumento de asesinatos, desplazamientos y confrontaciones por el surgimiento o consolidación de nuevos poderes armados.
Lo anterior se enlaza con el incumplimiento del gobierno frente a la implementación de los acuerdos de paz, reforzando las profundas cicatrices que tiene la población por las instituciones del Estado y su ilegitimidad en los territorios.
De las 16 regiones que fueron seleccionadas para este ejercicio electoral, todas sufrieron la otrora embestida paramilitar en concupiscencia con las fuerzas militares, lo que ha generado que los habitantes de estos territorios, tengan una enorme desconfianza por las iniciativas estatales.
Casos como el del hijo de Jorge 40, que ahora es representante a la Cámara por las víctimas, así como el de varios candidatos que fueron patrocinados por partidos tradicionales y/o dineros no declarados, fueron el panorama de los 16 territorios que hicieron parte de las comisiones.
La crisis de la legitimidad de la democracia y del Estado se hizo palpable en los territorios con un alto nivel de abstencionismo, debido a la falta de credibilidad al ejercicio electoral que pretendía dar voz a las víctimas del conflicto armado.
El 22 de octubre del 2021 se realizó en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña el foro “Acuerdo de paz y derecho a la participación política de las víctimas”, en este espacio académico se evidenciaron los peligros y amenazas que se podrían presentar en estas votaciones, el mayor era que se produjera un proceso de revictimización. La elección del hijo de Jorge 40, así como la de muchos otros, cristalizó el peligro y convirtió la amenaza en algo real.
