Era casi un niño y en un solo día tuvo que levantar dos cadáveres abaleados. Era el miércoles 7 de mayo de 1997 y el sol apenas se estaba asomando en la vereda Las Guacamayas del corregimiento de Belén de Bajirá, en pleno corazón del Urabá antioqueño. Fueron tres cuadrillas de hombres armados con fusiles de largo alcance, vestidos de camuflados y con brazaletes donde claramente se identificaban como autodefensas, como paramilitares. Empezaron a empujar a los vecinos hacia los corrales de la finca de don Juan Bertel como arreando ganado, para que no vieran lo imborrable. Entre ellos estaba Carlos Páez quien se tapó los ojos cuando comenzaron a sonar los balazos.
En la mitad del patio de la finca los paramilitares arrodillaron a Manuel Toscano, un joven de 22 años de edad, le increparon su rebeldía, su trabajo, su vida… y le vaciaron el proveedor del fusil. Cuando el silencio se apoderó de toda la finca, Carlos cubrió el cuerpo de su amigo para trasladarlo al cementerio de Bajirá a darle cristiana sepultura. No habían enterrado a Manuel cuando, una hora más tarde, otra ráfaga de fusil inundó los vientos sabaneros, y acabó con la vida de otro campesino: Alfonso Mesa. Carlos Páez fue nuevamente el encargado de recoger el cadáver de su amigo con que el que conversaba casi todas las mañanas.
Las preguntas resultaban inevitables: “¿Por qué?, ¿por qué otra vez?”. Lloraron. Al parecer se habían reactivado los asesinatos selectivos para sacar supuestamente, a la guerrilla de la zona. Al finalizar 1996, habían sido 26 los homicidios; cinco desparecidos y 43 los desplazamientos forzados en esos caminos de herradura.
“¿Pero ahora qué es lo que quieren?”. La respuesta no tardó en llegar. La voz se comenzó a pasar en las 12 fincas que conformaban Guacamayas. “Reunión urgente en la escuela”, decía el corrillo. Allí estaba Carlos con su papá y varios vecinos cuando llegó el escuadrón de 25 paramilitares liderados por alias Mono Pecoso, cuyo verdadero nombre era Dalson López Simancas. La orden fue perentoria. Había que abandonar las fincas porque “los altos mandos de las Autodefensas necesitan libre la zona para exterminar a la guerrilla”. La orden llegaba del confeso paramilitar Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito, quien le respondía a Carlos Castaño Gil, el rey del horror en Urabá.
Y con la orden y el desalojo llegaron desde Medellín los compradores de tierra. Sin temor y con la seguridad de tener por delante un buen negocio.
La Candelaria era la finca de la familia Páez. Doscientos hectáreas dedicadas desde los años 70 a la agricultura y el levante de ganado. En treinta años habían podido hacerse a 270 reses propias, doce mulas, media docena de gallinas y una suerte de cosecha de yuca, maíz, arroz y plátano.
Los paramilitares mandaron un par de advertencias más. Todos los campesinos debían dejar sus tierras.
A La Candelaria llegó una tarde un hombre con acento paisa, alto, de tez trigueña, cara fileña y pelo encajado. Se presentó como Juan Fernando Mejía y sin vacilar ofreció compra por el predio. Carlos Páez escucho a su papá decirle al forastero que no estaba interesado en vender. Mejia repitió dos veces más la visita a La Candelaria con su oferta. La última llegó con un precio de compra por hectárea: $200.000 pesos.
Al finalizar 1996, habían sido 26 los homicidios; cinco desparecidos y 43 los desplazamientos forzados en esos caminos de herradura del Urabá / Foto-El Heraldo - Feb 96
Dispuestos a resistir Carlos permaneció en la finca mientras su papá se trasladó a Turbo. Las amenazas y las desapariciones continuaron hasta que no aguantó la presión: “No voy a dejar que me lo maten por eso, mijo”.
Era domingo cuando Juan Fernando Mejía se presentó a La Candelaria para cerrar el negocio acompañado por un notario y dos hombres: Jairo Lopera y Rubén Darío Ruiz. Por aquel entonces la hectárea en esa zona estaba avaluada en $600.000. Páez la vendió por la tercera parte y les fió la mitad, una deuda que aún no le han pagado. La misma suerte corrieron varios campesinos más cuyas tierras, vendidas de cualquier manera, terminaron en la Sociedad Guacamayas Ldta.
Así terminaron las fincas La Candelaria, Villa Fanny, La Fabiola, Carmen Alicia, Santa María, Santafé, No hay como Dios, Deja que digan, El Descanso, Fundación, Fundación 1, Fundación 2, todas ubicadas en la vereda Las Guacamayas.
Juan Fernando Mejía escrituró el 13 de febrero de 1998 la venta de las fincas Deja Que Digan y Villa Fanny. Uno de los documentos quedó en papel legal y el segundo en papel ordinario, exactamente en hojas Minerva. La complicidad de los funcionarios de la Notaria con los compradores era evidente.
“Si no vende la finca usted, entonces la viuda nos las vende”, es la frase que resume la situación de los propietarios. “Entonces era mejor arreglar”, cuenta Carlos Páez.
Este testimonio y otra decena de casos más de narrados bajo la gravedad de juramento forman parte del proceso legal en Justicia y Paz (expediente con número de radicado 110016000253D10088330) en el que los campesinos de la vereda Guacamayas solicitan la restitución de sus predios. Un caso paradigmático que da cuenta de cómo los fusiles de los paramilitares y el miedo mandaban en la zona. “No creíamos en las instituciones, ni en Fiscalía, ni en la fuerza pública, porque en lugar de cuidarnos nos decían que nos fuéramos porque estaban los ‘mochacabezas’ y se iban antes de que los paramilitares llegaran”, cuenta otra de las víctimas.
La situación en la zona era dramática a finales de los años 90: “Uno salía a Chigorodó o a Blanquicet, y en el río Tumaradocito, en el puente, se veían arrumes de mudanza de gente de Bella Vista, de Bella Rosa, de Gacamayas, de Chuchillo Negro, todos con ropa, escaparates, marranos, gallinas… a buscar carro para irse”, recuerda un despojado.
Unos se iban entre lágrimas y dolor, forzados dejándolo todo, mientras otros llegaban fungiendo de nuevos empresarios. Guacamayas Ltda., nació como sociedad en 1996, en pleno despojos, cuando los antioqueños Humberto Duque Peláez, Rubén Darío Ruíz Pérez, y Luis Alberto Vallejo, enviaron a dos tramitadores (Juan Fernando Mejía y Jairo Lopera) a comprar las tierras que los paramilitares estaban forzando a desalojar. En un tiempo record la sociedad Guacamayas consolidó mil hectáreas provenientes de las doce pequeñas fincas trabajadas durante décadas por los propietarios y sus familias.
Probablemente con la intención de borrar toda huella, la sociedad cambió su razón social en el año 2005 cuando traspasó sus acciones a la recién constituida Inversiones e Inmobiliaria ASA S.A.
Entre los año 2000 y 2008 se despojaron más de cinco millones de hectáreas de tierra en Colombia | Foto vereda Las Guacamayas
Para varios expertos e investigadores el modelo de despojo que se inició en la vereda Guacamayas se reprodujo a lo largo y ancho del Urabá antioqueño. En 1996 el máximo jefe de las AUC, Carlos Castaño Gil, según testigos de Justicia y Paz, dio la orden de: “Exterminar a todo lo que oliera a izquierda en todo este Urabá” obrando como la autoridad de esta subregión que comprendía 11 municipios estratégicos.
Las autodefensas trabajaban en coordinación con algunos agentes del Estado como se ha demostrado ampliamente. En este plan de control territorial la Brigada 17 al mando del general Rito Alejo del Río jugó un rol fundamental; así lo ha confesado el propio Salvatore Mancuso en sus versiones de Justicia y paz. Una versión ratificada por el paramilitar Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán, quien incluso en una carta enviada a Rito Alejo del Río le dice: “Ya es tiempo, General, de que usted diga la verdad. En un acto de franqueza y de amistad con usted General, le mando decir que ya no hay cómo seguir callando una verdad que es conocida a pedazos”.
Entre los años 1995 y 1997, periodo en que operó la Brigada 17 comandada por el general Del Río en el Urabá, ocurrieron varias masacres: en “El Aracatazo” en Chigorodó, donde fueron asesinadas 18 personas; en Pueblo Galleta, se presentaron siete crímenes en la finca “Pa que más” y en el casco urbano de Apartadó donde fueron diez personas las asesinadas. “Uno sabía que iba a haber una masacre cuando veía que los soldados de la Brigada abandonaban sus puestos y se iban para que llegaran sin ningún problema los asesinos paramilitares”, afirma una de las víctimas.
Empresas y empresarios del banano y del ganado no fueron ajenos a lo que ocurría en sus narices. Está comprobado tanto por las condenas que se han impuesto a varios de ellos como por los relatos de paramilitares desmovilizados que bananeros y ganaderos colaboraron económicamente con la nefasta causa paramilitar. Raúl Hasbún, el hombre que sembró el terror en Guacamayas, confesó que: “Los aportes realizados por los ganaderos de la zona fueron voluntarios. Nadie denunció, nadie dijo nada y por el contrario todos se beneficiaban mutuamente (…). El noventa y nueve por ciento de los ganaderos de Guacamayas aportaron voluntariamente. Quien llegaba a invertir a la zona era necesariamente abordado por la estructura de finanzas del Bloque para definir el tema de los aportes”.
Es por ello que los defensores de las víctimas argumentan, y con razón, que este contubernio entre paramilitares, militares y avivatos empresarios provocaran que los campesinos entregaran hasta sus gallinas para salir de aquel infierno. “Los empresarios se beneficiaron de la conformación y existencia de aparatos organizados de poder criminal”, dice uno de los alegatos del expediente.
Según una investigación de la Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado, entre el 01 de enero de 1998 a 31 de diciembre de 2008 -cuatro años del gobierno de Andrés Pastrana y seis años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez-, fueron despojadas o abandonadas forzosamente en Colombia cinco millones doscientos sesenta y cuatro mil ochenta y ocho (5.264.088) hectáreas, es decir más del 79% de las tierras que hoy las víctimas reclaman.
La historia trágica de Guacamayas se repitió en Nueva Colonia y El Totumo, en Turbo; El Tomate, en San Pedro; La Mesa, en Arboletes; El Bejuquillo y Los Cedros, en Mutatá, por citar solo algunos casos.
La Ley de víctimas y restitución de tierras firmada por el Presidente Juan Manuel Santos en junio del 2011 en presencia del Secretario general de Naciones Unidas Ban ki moon, le abrió la posibilidad de que los campesinos recuperen las tierras de las que fueron despojados. Sin embargo los resultados son bastante desalentadores. Se estima que 2.800 personas han presentado solicitudes de restitución dirigidas a recuperar 150.000 hectáreas en la región de Urabá. Según la fundación Forjando Futuros que realiza seguimiento a la implementación de la Ley, solo 35 predios han sido restituidos, esto es menos del 0,1 de las acciones emprendidas. En la publicidad oficial siempre aparecen referenciados los mismos casos: cuatro restituciones en Tulapas, cuatro lotes de la finca Para que más y una casa en Apartadó, porque no hay nada más que mostrar, la aplicación de la ley ha sido un fracaso.
Y Carlos Páez no escapó a ello. El caso de la sociedad Las Guacamayas es un ejemplo claro de la modalidad del despojo que se repitió a lo largo del país ocasionándoles la pérdida de sus tierras a 360.000 propietarios legítimos. Sin embargo y a pesar de todas las evidencias, los múltiples testimonios y las circunstancias objetivas que forzaron el abandono de su tierra, el proceso de restitución de su finca La Candelaria no fue aceptado. Y como si fuera poco, el magistrado Olimpo Castaño Quintero quien debía fallar el caso en la Sala de Justicia y Paz, ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que Carlos Paez sea investigado por un presunto falso testimonio.
Este magistrado ya había hecho lo mismo con la reclamación presentada por Víctor Manuel Correa otro de los despojados de Las Guacamayas que reclamaba la restitución de su predio y que terminó con una solicitud de investigación por falso testimonio. Un escenario tan confuso el creado por magistrado Olimpo Castaño, que confirma la frustración en la aplicación de una ley que terminaría dándole la razón a los despojadores.
LOS DATOS Analizando no solo el mapa del Urabá sino el de toda Colombia, el panorama de restitución se torna supremamente más oscuro y lejano. En su momento, año 2011, el gobierno de Juan Manuel Santos anunció que serían restituidas seis millones cien mil hectáreas (6.100.000), específicamente a trecientas sesenta mil (360.000) víctimas que por el conflicto abandonaron sus tierras o fueron despojadas. No obstante, a fecha de agosto de 2014, tres años después, la Unidad de Restitución de Tierras ha registrado sesenta y seis mil (66.000) reclamaciones de las cuales apenas cinco mil (5.000) han sido puestas en manos de los jueces de tierras. Pero de aquellas cinco mil (5.000), en estos 36 meses, tan solo se han fallado 500 sentencias que han entregado apenas veintiocho mil hectáreas, es decir menos del 0,2 de las proyectadas por el propio Estado. Twitter autor: @PachoEscobar
