Ad portas de terminar el fast track se puede concluir que el fracaso en la implementación de la Reforma Rural Integral (RRI) en el Congreso fue total y todo parece indicar que esa cruda realidad no va a cambiar en los próximos meses. Vamos por partes. Los puntos 1 y 4 del Acuerdo Final son los relativos a la RRI, no sientan las bases de la gran reforma agraria que seguramente exigieron las Farc al llegar a la mesa de negociación (algo que se confirma al leer las tesis mínimas de Yarí) pero que bien se podrían caracterizar como un compendio amplio de políticas públicas agrarias. Son cerca de 50 páginas que plantean una serie de indicaciones al modelo agrario donde la centralidad de las víctimas, los campesinos pobres y las mujeres es permanente. Es tal vez el punto más estructural y complejo de implementar y desde que fue presentado a mediados de 2013 se anunció como una gran propuesta tendiente a modernizar el campo, cerrar las brechas de inequidad y generar medidas incluyentes en los territorios que realmente se han visto azotados por el conflicto, la Colombia profunda y rural.
Infortunadamente, la implementación de la RRI se ha visto permeada por una legislatura preelectoral que ha reducido a su mínima expresión la gobernabilidad de un presidente con el sol a la espalda. Realidad confirmada en la incesante presión burocrática de los partidos que en 2016 refrendaron el Acuerdo tras la debacle del plebiscito pero que ahora, en vísperas de elecciones y pensando en la reestructuración de las fuerzas parlamentarias de cara a 2018, no ven electoralmente rentable continuar legitimando una negociación impopular y de paso al presidente más impopular de los tiempos recientes. El Acuerdo en su totalidad se ha visto afectado por esas condiciones sui géneris de la política colombiana que han estancado gran parte de la implementación normativa (a diferencia de la constitucional que cuenta 7 reformas); implementación que causó gran temor en algunos sectores cuando se inició el fast track en diciembre de 2016 y se pensó que el Congreso quedaría atado de manos fungiendo de simple notario del Gobierno. Mucha agua ha corrido bajo el molino desde esos días y ahora el fast track agoniza y grandes componentes del Acuerdo se van a quedar en letra muerta.
Ahora vamos a lo concreto. Para implementar la RRI bajo el fast track el Gobierno radicó cinco proyectos de ley, en orden de radicación: Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, Adecuación de tierras, Catastro multipropósito, Adjudicación de baldíos en reservas forestales y Tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores de coca. De los cinco ninguno ha sido expedido por el Congreso y los dos primeros pasaron cerca de siete meses durmiendo el sueño de los justos en las plenarias de las cámaras. Se pretendía que con el Fast Track los proyectos de ley serían expedidos en un mes (recuérdese el rápido tramite de la ley de amnistía) pero desde la sentencia de la Corte Constitucional que eliminó el requisito de votación en bloque los tiempos se ralentizaron e infortunadamente coincidieron con el ánimo de las campañas. Con patadas de ahogado el Senado empezó la discusión del proyecto del Innovación hace pocos días y de los otros poco o nada se sabe. La única certeza es que después del 30 de noviembre el fast track perderá vigencia y esos proyectos deberán ser tramitados bajo el procedimiento ordinario, entre marzo y junio de 2018. ¿Serán expedidos antes de que nuestro ilustre premio Nobel de paz se vaya a dictar conferencias por el mundo?
El devenir de muchos de los componentes de la RRI es incierto, aunque muchos de sus apartados fueron implementados en uso de las facultades extraordinarias que el acto legislativo para la paz le otorgó a Santos por 180 días para expedir decretos con fuerza de ley. Por ejemplo, los programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el plan nacional de electrificación, construcción y mejoramiento de viviendas rurales. Sin embargo, estas reglamentaciones no logran generar toda la estructura institucional necesaria para que la RRI sea una realidad a mediano y largo plazo. La implementación del Acuerdo atraviesa por un momento de incertidumbre y cada vez queda más claro que su transformación en una realidad dependerá de la voluntad del próximo Gobierno y Congreso. Por el momento, su fracaso es evidente y confirma aquello de que el primer tiempo lo jugaron solo el Gobierno y las Farc, pero en el segundo surgen nuevos y decisivos actores. La ventaja es que la Farc va entendiendo como es la vida en la institucionalidad.
