Si algo ha caracterizado a la multinacional Gas Natural Unión Fenosa --dueña mayoritaria de la empresa Electricaribe-- al apoderarse del servicio eléctrico en la Costa Atlántico, es el de obtener las mayores tasas de ganancias posibles, para lo cual ha contado con todas las garantías y gabelas dadas por el Estado colombiano, gracias a un marco jurídico a su favor por la Constitución del 91. A esto se suman la promulgación de leyes como la 142 y 143 de 1994; un conjunto de reformas de flexibilidad laboral y pensional; la tercerización del servicio; exenciones tributarias; una política tarifaria enfocada a mejorar la suficiencia financiera de los prestadores, con unas variables en la fórmula que cubren cualquier pérdida; disminución de la cantidad de kwh subsidiados; sobrefacturaciones, con una política agresiva de cobro y de cambios masivos de los medidores sin previo aviso; imposición de multas ilegales donde el monopolio español era juez y parte; el establecimiento de una estratificación que reduce cada vez más la población con derechos a subsidios; la creación de Energía Social con el fin de eludir su responsabilidad con los sectores más pobres y presionar al Estado por mayores subsidios, a lo cual hay que agregar el pingüe negocio que hizo al comprar las empresas Electricaribe y Electrocosta a las compañías Reliant Energy de origen estadounidense y Eléctrica de Caracas en el año 2000, por 400 millones de dólares, cuando éstas las habían adquirido dos años antes por 600 millones de dólares.
Cuando el gobierno y los inversionistas particulares propagaron la idea de que con la privatización del servicio de energía se iba a mejorar la calidad del mismo y con ello la reducción de las tarifas, fue todo lo contrario para los usuarios. El servicio eléctrico en la Costa Atlántica se transformó en un verdadero calvario, los daños y apagones se convirtieron en permanentes y ocasionaros pérdidas millonarias por averías de electrodomésticos, lo mismo que en la actividad comercial e industrial de la región. En el 2015 se dispararon casi al doble las interrupciones del fluido del promedio nacional, siendo Electricaribe la empresa con el mayor número de quejas del país y el macabro record de más de 600 electrocutados.
Por lo tanto, los privilegios estatales no redundaron en un plan permanente del mantenimiento y renovación de redes y equipos, ni a la expansión instalada y la cobertura del servicio, lo mismo que en el mejoramiento de la atención al público, en fin, el servicio empeoró y con ello desmejoró la calidad de vida de los costeños y la competitividad y productividad de la región.
En junio del año pasado el gobierno nacional presentó el Plan5Caribe con el fin de superar la crisis eléctrica, plan para ser ejecutado en cinco años y por un valor de 4,1 billones de pesos, inversión que sería sufragada por los usuarios vía tarifa. Pero a casi un año del inicio del Plan5Caribe, Electricaribe no ha cumplido con los compromisos adquiridos y el servicio no ha mejorado. Con el inicio del invierno han arreciado los daños y apagones y con ello las protestas populares y no se ve una salida a la crisis, ya Edgardo Sojo gerente del Plan ha anunciado que la empresa no podrá realizar las inversiones pactadas para el 2016 por $245.000 millones de pesos por la debilidad de su flujo de caja y respecto al programa de gestión gerencial impuesto por la Superintendencia, el gerente de la compañía, José García Sanleandro, ha expresado que no están obligados a cumplirlo
A todo esto se le suma la insalvable crisis financiera, la pérdida del mercado más rentable, el de los grandes consumidores; que el 77% de sus gastos van a la compra de energía o al derecho a la transmisión nacional y según lo anunciado, la misma compañía no va a poder mantener la compra de energía más barata mediante contratos de Obligaciones de Energía en Firme (OEF), que este año está en un 78% y va ir disminuyendo hasta llegar en el 2020 al 4%.
Toda esta sumatoria de hechos demuestran que la profunda crisis de Electricaribe no tiene reversa, y que es hora de buscar una salida que realmente dé solución al meollo del problema de tipo estructural, que es el atraso de más de 15 años en materia de inversión. Esto no puede ser con otra empresa del mismo carácter y voracidad del monopolio español. Se debe iniciar un proceso de desprivatización con la creación de una de naturaleza pública, o que las inversiones gubernamentales sirvan para ir aumentando progresivamente el papel accionario del Estado, con un marco regulatorio y tarifario que tenga en cuenta el nivel de pobreza en la que está sumida la región Caribe.
@albertoluna1953
