En la COP 26, de Glasgow, Iván Duque se comprometió a que Colombia llegaría deforestación cero para 2030. Una promesa ambiciosa y difícil de cumplir en medio de las problemáticas que acechan a la inmensa selva colombiana.
La deforestación se ha disparado en Colombia desde el desarme de la guerrilla de las FARC y la firma del acuerdo de paz de 2016. Otros insurgentes y grupos criminales han intensificado sus actividades económicas (ganadería, tala, minería y cultivos de coca) y así se ha acelerado la pérdida de bosques y selvas en áreas anteriormente controladas por la guerrilla, el panorama es preocupante.
Con este escenario, el presidente Duque lanzó la campaña de Artemisa, para enfrentar el crimen de la deforestación, pero la realidad es que por ahora no es suficiente. El informe de Bosques caídos: deforestación y conflicto en Colombia, asegura que Artemisa y otras operaciones de seguridad deben buscar a los que pagan por la deforestación masiva, en vez de concentrarse en campesinos que buscan sobrevivir y quienes llegaron hasta las áreas protegidas desplazados de sus fincas por el conflicto, buscando nuevas tierras y medios de subsistencia en territorios que estaban sin cultivar, a menudo llevándolos a estar cerca de grupos armados ilícitos.
La deforestación propicia actividades económicas que generan ingresos a insurgentes y criminales, lo que facilita nuevos ciclos de violencia rural, obstaculiza los esfuerzos del Estado por controlar el territorio e impide que Colombia cumpla con los objetivos básicos de protección ambiental. La inmensa selva colombiana está desapareciendo rápidamente, en parte porque las guerrillas y los grupos criminales están talando los bosques para la agricultura, la ganadería y otros negocios.
Debe implementar los compromisos del acuerdo de paz para las áreas rurales, especialmente en lo que respecta al registro y restitución de tierras, y crear un sistema de gestión de recursos naturales más robusto, aprovechando la participación de la comunidad y la asistencia técnica.
