Desde la creación de la Fiscalía en 1991, los Estados Unidos han sido un apoyo económico, estratégico y tecnológico para su funcionamiento, incluida la construcción del bunker. Pero sin duda, uno de sus grandes aportes ha sido la plataforma Esperanza, el sistema encargado de todas las interceptaciones en las comunicaciones. Coloquialmente es conocida como la Sala de chuzadas y fue creada en el 2004 con apoyo directo de la DEA, un esfuerzo de desarrollo tecnológico que se formalizó en el 2005 con un Convenio Interadministrativo 038 de 2005 como sistema conjunto de interceptación de la Fiscalía, la Policía y el DAS.
Sin embargo, todas las acciones con Esperanza tendrían que ser intermediados por la Fiscalía y solicitados por las demás instituciones de control. Aunque esta herramienta ha sido centro de grandes redadas contra el crimen, también ha sido centro de grandes escándalos judiciales desde su consolidación. Las famosas chuzadas del DAS que tienen a su directora María del Pilar Hurtado detenida, resultaron de una utilización abusiva del sistema por parte del Departamento Administrativo de Seguridad, sin autorización de la Fiscalía. Violaron reglamentaciones legales para las interceptaciones y terminaron vigilando irregularmente periodistas, magistrados y opositores políticos del gobierno Uribe.
La interceptación por medio de Esperanza consiste en captar comunicaciones de particulares selectivamente, con el conocimiento y la cooperación del proveedor de servicios de telecomunicaciones, y está autorizada de manera expresa por la legislación colombiana. Esperanza permite a la Fiscalía conectarse a los servidores de los proveedores de servicios de telecomunicaciones para recibir y descomponer en paquetes información de llamadas en tiempo real a fin de transmitirla a una sala central de monitoreo. La señal se envía luego a otras salas de monitoreo controladas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, la Policía y el DAS, cuando éste estaba operativo.
La policía se ha propuesto ponerse a la pata de La Esperanza. Si bien esta plataforma tenía la capacidad de intervenir 13.000 líneas telefónicas, en 2011 la policía nacional adquirió por más de $ 100 mil millones la Plataforma Única de Monitoreo y Análisis – PUMA. Una nueva herramienta desarrollada por empresas israelís que le permitiría monitorear la misma cantidad de líneas telefónicas sin limitación de numero de analistas disponibles para procesar la información. De cualquiera manera, solo los fiscales pueden ordenar la interceptación de llamadas.
El edificio que inicialmente se llamaría “PUMA” se encuentra ubicado en la carrera 63 No 19 04, en la localidad de Puente Aranda en Bogotá
La implementación de PUMA despertó una preocupación ciudadana colectiva por ser una herramienta cuyo dueño directo era la policía, razón que daría un debate legal y constitucional entre la policía y la Fiscalía que hasta el día de hoy no está del todo resuelto.
En enero del 2013, la policía asignó una nueva suma de 50.000 millones de pesos al “fortalecimiento tecnológico” de PUMA. Una inversión al software y hardware básicos necesarios para convertir PUMA en un sistema completo de interceptación legal, capaz de recopilar datos y contenido de llamadas de voz, tráfico de Internet y redes sociales en 12 de los proveedores de servicios de telecomunicaciones de Colombia. Esta actualización le daría a la Policía la capacidad de interceptar 20.000 “objetos”, entre ellos líneas o dispositivos específicos, con la posibilidad expresa de llegar a los 100.000 objetos para el año 2014.
Sin embargo, la falta de un acuerdo de capacidades entre la Fiscalía y la Policía frenó el proceso de fortalecimiento y actualización de PUMA, dejándolo como un componente interno de la plataforma Esperanza a manos directas de la Fiscalía General de la Nación. Y hoy, el edificio que inicialmente tenía el nombre de PUMA y que estaría a manos de la Policía, se conoce como la oficina Esperanza y está administrado y controlado exclusivamente por la Fiscalía.
