Fué extraordinaria la oportunidad de participar como ponente en la edición No. 18 del Foro Parlamentario sobre Inteligencia y Seguridad, los días 29 y 30 de Junio en ciudad de Panamá, sede del Parlamento Latinoamericano y del Caribe. El evento fue organizado por el Parlatino, la Asamblea Nacional de Panamá y Crime Stoppers, una organización con presencia mundial dedicada a combatir el crimen global. Contó con la participación de 23 países, la Universidad de la Paz de Naciones Unidas, legisladores de la región y de Europa, ministros de Inteligencia y Seguridad, y expertos académicos e investigadores. El foro fue presidido por el Senador Chileno Jorge Pizarro, presidente del Parlatino y el Congresista Estadounidense Robert Pittenger.
Escenarios políticos de carácter multilateral como estos son escasos y más aún cuando son dinámicos y efectivos en la producción de iniciativas para combatir el crimen organizado trasnacional, fortalecer las capacidades institucionales de inteligencia, investigación y seguridad, y mejorar la cooperación en sensitivos asuntos, entre los países. El Parlatino ha cumplido una tarea audaz y maratónica con la promulgación de más de 100 leyes modelo en áreas de urgente necesidad para nuestras democracias.
Unidos por la Seguridad Global, fue el lema bajo el cual se convocó el Foro en su 18 edición. Y la temática fue una: identificar los riesgos, desafíos, amenazas y estrategias de vanguardia para enfrentar los sistemas de economía criminal, el comercio ilícito, físico y electrónico, el cibercrimen y la ciberseguridad, el lavado de dinero, los desafíos a la seguridad de las tecnologías 5G, y las mejores prácticas público-privadas. Las FINTECH por ejemplo, es decir las empresas proveedoras de servicios de tecnología financiera, donde Colombia crece de manera acelerada con más de 150 firmas que la ubican en el tercer lugar de la industria en latinoamérica; se enfrentan al mayor desafío para blindarse ante la penetración de las economías criminales.
Y Panamá, no podía ser la mejor sede del encuentro, ya que se abordaron temas que los ubica en el centro del problema debido a la amenaza creciente de los delitos financieros, el comercio ilícito, el cibercrimen y el lavado de dinero. Así lo reconoció el Ministro de Seguridad al retomar estudios de Naciones Unidas que señalan al crimen organizado de blanquear más de mil millones de dólares anuales utilizando 50 modalidades ilícitas para lucrarse. Por su parte, fueron muy inteligentes los interrogantes formulados por el Argentino Alejo Campos, Director de Crime Stoppers para el Caribe y Latinoamérica, al motivar la discusión preguntándose: “por qué los paises hemos permitido el perfeccionamiento y la profesionalización del crimen organizado en las últimas dos décadas?, con capacidad de ejercer control silencioso sobre los gobiernos, infiltrarse en nuestras vidas, subvencionar ilegalmente las economías y burlar los sistemas financieros”.
El Parlatino divulgó dos leyes fundamentales: la ley de extinción de dominio, y la ley de comercio ilícito y delincuencia transnacional
Este año el Parlatino divulgó dos leyes fundamentales: la ley de extinción de dominio, y la ley de comercio ilícito y delincuencia transnacional. Ya han aprobado otras, por cierto muy útiles en nuestra coyuntura: la ley marco de seguridad ciudadana y la ley modelo para la prevención y combate de la violencia, el narcotráfico y el terrorismo. Ecuador por ejemplo acaba de adoptar la ley Anticontrabando teniendo como base la del Parlatino, ejemplo que deberían seguir otros países retomando instrumentos valiosos de la iniciativa en materia de: articulación interinstitucional, transparencia e integridad, sanciones administrativas y penales, cooperación internacional y comercio electrónico ilícito.
Colombia está en mora de actualizar la ley 1762 de 2015-Ley Anticontrabando, casi perfecta en su diseño, pero con dificultades en su desarrollo e implementación. No existe duda que la percepción contra el contrabando, la falsificación y la adulteración de productos ha cambiado, y para bien, sin embargo se requieren urgentes y mayores esfuerzos y recursos para reintegrar y formalizar a casi el 60% de familias del país que viven de la informalidad y del comercio ilegal; aunado a la necesidad de superar el engorroso sistema tributario y aduanero, simplificando, agilizando y automatizando procesos; haciendo realidad el Centro Nacional de Lucha contra el Contrabando, interviniendo sin temor y de manera frontal la corrupción, y modernizando de tajo nuestros obsoletos sistemas para facilitar y controlar el comercio en puertos, aeropuertos y fronteras.
El fraude económico resultado del contrabando, la falsificación y el comercio ilícito, le cuesta al mundo el 3% del PIB, algo así como 500 mil millones de dólares anual. Solo en Colombia el costo asciende a 6 mil millones de USD, y cada año se hacen ingentes esfuerzos entre las Aduanas, las Policías y la empresa privada para combatirlo. En 2021 han sido dos operaciones de impacto lideradas por Interpol, EUROPOL y Ameripol para contener el mercado global ilícito de medicamentos, productos agroindustriales y el fraude electrónico; sin embargo y pese a los esfuerzos de más de 72 países que participaron en estos procedimientos, latinoamérica y el caribe son muy débiles en materia de capacidad institucional.
Aruba y Panamá por ejemplo, son la mas grande puerta de ingreso de cigarrillos y licor de contrabando, al Caribe y Latinomérica. Grandes cargamentos desembarcan clandestinamente en la Costa Atlántica y los que no logran ser decomisados, atraviesan la costa pacífica colombiana para alimentar el mercado ilegal interno en menor escala, y el de Ecuador principalmente, que alcanza el 79%. Solo la semana pasada fue incautado en Guayaquil un contenedor procedente de Panamá con casi 11 millones de cigarrillos de origen asiático; y en Colombia, el último año, la Armada Nacional, la POLFA y la DIAN, con el apoyo de ICE-USA y la empresa privada, ha incautado la cifra récord de 600 millones de unidades de cigarrillos de contrabando; lo que significa que las mafias siguen penetrando nuestras economías. No hay duda que el cigarrillo y el alcohol son perjudiciales para la salud, pero igual o más nocivo es consumir estos productos en el mercado ilegal, el mismo que alimenta múltiples formas del crimen.
