Con el anuncio del Gobierno Nacional de incrementar las tarifas del servicio de energía en el mes de diciembre para ayudar a cubrir los 1,1 billones de pesos que tienen de descuadre las termoeléctricas del país está creando otro Interbolsa, y a la vez está beneficiando a los accionistas y sus principales matrices que registran ganancias muy jugosas y que para nada necesitan de un salvavidas estatal ni mucho menos meterle la mano a los bolsillos de los usuarios que, además de recibir un pésimo servicio, tienen que costear lo que descaradamente han malversado los socios de las termoeléctricas.
El mismo gobierno viola la ley de servicios públicos para beneficiar al capital privado, ya que son los accionistas de las térmicas los que deben cubrir el total de pérdidas acumuladas en un déficit de 3,3 billones de pesos que ha generado la escasez de gas recurriendo al diesel. Por nueve años los consumidores hemos pagado el llamado cargo por confiabilidad que es el resguarde que tienen dichas termoeléctricas para mitigar fenómenos como el que se presenta con el de El Niño, pero la contingencia, al parecer, fue utilizada para otros fines, igual que el caso Premium, donde los dineros se invertían en negocios diferentes.
El país tiene cinco termoeléctricas cuyos socios están repartidos en fondos de inversión chilenos: Colpatria, Argos, inversionistas norteamericanos y el Estado, que maneja en parte la totalidad de Gecelca. Las otras son Termovalle, Termocandelaria, Zona Franca Celcia y Termoemcali que tuvo una utilidad el año pasado de 141 mil millones de pesos. Esas son las pobres viejecitas, como en la fábula de Pombo, que se quiere inventar el Gobierno para subsidiar, con la complacencia de la Superservicios, la Comisión Reguladora de gas y energía, el ministerio del ramo y otros organismos de vigilancia y control que, a excepción de la Contraloría, ha empezado a investigar dónde fueron a parar los 14 billones de pesos que los usuarios puntualmente pagaron en los 108 meses en que se aplicó dicho cargo.
El temor que ahora se le quiere infundir a los usuarios es la posible zozobra del racionamiento programado, ya que el riesgo es inminente por la baja de los embalses hasta más del 50 por ciento, y van a responsabilizar al Fenómeno de El Niño haciéndolo pasar por unas causas naturales que, si bien son ciertas, ya los protocolos de contingencia para mitigar el impacto lo incluyeron en la factura desde hace nueve años. Que se gastaron la plata es otro cuento, y hacerse los pobres cuando son unos ejecutivos lobos, a cualquiera le hace dar un corrientazo de rabia, más cuando es el mismo gobierno Santos el que los auxilia.
Pero si el asunto es así de grave con las termoeléctricas, con las distribuidoras es aún peor. No tienen garantías para la compra de energía como en el caso de Electricaribe, única comercializadora de la Costa, que aunque los embalses estén llenos y sin Fenómeno de El Niño abordo, causa malestares entre la población por sus continuos racionamientos. Ahora no me quiero imaginar lo que sucederá cuando entre a moderar horarios.
Si el gobierno permite este sobrecosto en la factura para volver a pagar por seis años más, lo que ya se había pagado, es uno de los robos más humillantes que hemos soportado los colombianos.
