Hablan de crisis institucional porque renunció Néstor Humberto, como si no hubiera salida de índole constitucional y legal ante el evento. Se nos crea la ficción de que el país se descuaderna ante nuestros ojos, como consecuencia de un fallo judicial. La escandalosa exageración siempre ha sido la característica de las más desesperadas extremas.
Los Acuerdos de La Habana, aún no implementados del todo, significan un extraordinario avance político y democrático para el país. Como dijo alguien, ni un ciego es incapaz de verlo. Lo que sucede ante nuestros ojos es la más exacta evidencia de eso, un país nuevo, con criterios y apuestas muy distintas a las descompuestas de hoy, se abre camino pese a tanta oposición y amargura.
Lo que presenciamos es ni más ni menos que el escenario de la lucha entre lo nuevo y lo viejo. Las Farc, lo más grande y representativo de la guerrilla colombiana, optamos por el fin de la guerra y pactamos un acuerdo de paz. Algunos, neciamente, califican el hecho como una traición. La extrema derecha, mucho más avizora, enciende en cambio todas sus alarmas.
La resistencia al progreso siempre ha sido así. Terca, obtusa, cerrada. Se nos dice, por ejemplo, que con el fallo de la sala de revisión de la JEP se desconoció abiertamente la cooperación internacional en materia jurídica en la lucha contra el narcotráfico, que la tradición impone la imposibilidad de pedir y practicar pruebas ante una solicitud de extradición.
Que como consecuencia del fallo de la JEP la extradición ha desaparecido como mecanismo efectivo para combatir las drogas. Que cualquier narco pedirá en adelante pruebas y como no las van a enviar, ya no será extraditado. Como en la clásica canción vallenata de La Patillalera, la rabia enceguece y conduce a gritar cosas absurdas e inútiles.
Por mi simple condición de colombiano me opongo a que se extraditen nacionales por delitos cometidos en el país. Pero en gracia de discusión debo recordar que hubo un Acuerdo de Paz. Y que el tratamiento que se otorgó allí al tema de la extradición es absolutamente excepcional, solo aplicable para el caso de exguerrilleros, un procedimiento especialísimo.
Que nada tiene que ver con las solicitudes de extradición de otra clase de personas, cuyo régimen sigue vigente tal como siempre. El mecanismo excepcional previsto, elevado a norma constitucional mediante acto legislativo, se refiere a la determinación precisa de la fecha de comisión del presunto delito. Que se pruebe que se cometió después del 1 de diciembre de 2016.
Ni siquiera fue la JEP o su sala de revisión, quien determinó que podían practicarse pruebas en esa materia y con ese fin específico, sino que fue una sentencia de la Corte Constitucional, máximo tribunal encargado de la guarda de la carta magna. Las iras de la ultraderecha quieren convencer al país de que esas sentencias pueden despreciarse como opiniones ridículas.
El examen detenido de las pruebas aportadas al proceso en esa materia, condujo a la sala de revisión de la JEP a valorarlas como insuficientes. Como bien dijo alguien, si quieren pedirme que certifique la edad de un bebé, esto es la fecha de su nacimiento, cuando menos deben mostrármelo, suministrarme pruebas de que efectivamente nació.
Habrá apelación y la segunda y definitiva instancia dirá la última palabra.
Sí existen mecanismos institucionales para resolver el asunto,
el edificio estatal no se está cayendo
De todas formas habrá una apelación y será la segunda y definitiva instancia quien diga la última palabra. Es decir que sí existen mecanismos institucionales para resolver el asunto, el edificio estatal no se está cayendo ni amenaza ruina. Lo que sucede en realidad es otra cosa, las fuerzas de lo viejo, lo caduco, lo agonizante, se empeñan en impedir la presencia de lo nuevo.
Lo cual no se manifiesta solo en el caso Santrich. Lo ponen de presente los desconocimientos abiertos de lo pactado en materia de reforma rural integral y participación política. La falta real del cumplimiento de lo acordado en materia de garantías a la vida e integridad personal de los exguerrilleros y dirigentes sociales. Las repetidas calumnias que lanza la derecha ultramontana.
Al partido de la rosa lo atacan desde todos los flancos, con tiros de fusil y de pistola, con las acusaciones más infames e infundadas. Por firmar un Acuerdo de Paz. Por abrir la posibilidad de un país reconciliado. Tales ataques también se extienden con odio a todo aquel que vea como positiva la paz o contribuya de algún modo a ella. Eso debe terminar para siempre.
Parece que el Fiscal renunció para evitar que la Corte Suprema pidiera su salida por el caso Obedrecht. ¿O lo tumbó la Farc? Siempre será mejor para el país, su futuro y su democracia que las diferencias se diriman en estrados judiciales y no con plomo y metralla, así sea por 3 a 2. Que Santrich salga libre por un fallo judicial, por obra de una filigrana jurídica y no armada.
