El pasado 3 de octubre de 2014 ocho hombres fueron asesinados a sangre fría por la oficina de cobro de los Urabeños en el Valle. Uno de los muertos era ‘el rey de la cocaína rosada’, Julio César Paz, alias J1, a quien iba dirigido el ajuste de cuentas. En Cali solo se supo por qué, quién, cómo y que pasó esa noche en aquella casa finca en Pance, después de la exhaustiva investigación que en menos de dos meses lideró el fiscal 20 especializado de Cali, Iván Aguirre. Éste hombre puso en la cárcel al cerebro de la masacre, alias Camilo; pero además, logró que Camilo negociara su pena entregando a sus hombres como el segundo al mando de la organización en el departamento.
Nadie se imagina que Aguirre, quien por su contextura física pasa desapercibido en cualquier sitio y no daría miedo ni en una pelea de niños, también fue el hombre encargado de poner tras las rejas a Chicho, el último integrante del clan Urdinola, el joven atravesado que permitió la entrada de los Urabeños al Valle del Cauca, la banda criminal, según organigramas policiales, más poderosa del país y responsable de movilizar unos siete millones de dólares producto del narcotráfico. Aguirre logró para Chicho Urdinola dos condenas anticipadas que suman diez años y está a la espera de su extradición a los Estados Unidos. Un caso que aún no se cierra y en el que trabaja para probarle más delitos en juicio, igual que a su socio Carlos José Robayo, alias Guacamayo, antiguo miembro del Cartel del Norte del Valle capturado saliendo de una misa en Alcalá, Valle.
Y es que Aguirre, funcionario estrella de la Fiscalía de Cali, se ha vuelto importante en los estrados judiciales por su habilidad para concretar la negociación con los acusados, lo que agiliza los procesos y ayuda a descongestionar los despachos judiciales. Lo prueba una vieja condena lograda por preacuerdo en el caso del atentado contra el Palacio de Justicia en el 2008, que causó el mayor traumatismo en la rama judicial en Cali. Los responsables del hecho hoy cumplen más de cuarenta años de condena luego de que Aguirre con el apoyo de investigadores enviados de Bogotá por el Fiscal General Mario Iguarán lograran la captura y determinaron la responsabilidad de las FARC. Por sus méritos y por la confianza que le inspiraba a Iguarán también le asignó especialmente la investigación del secuestro del exministro de Relaciones Exteriores, Fernando Araújo, quien fue liberado por las Fuerzas Militares después de seis años de cautiverio.
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Aguirre terminó viviendo en Cartagena donde se desplazaba en helicóptero en la época en que no se podía movilizar de noche entre Zambrano, Los Montes de María y la capital de Bolívar. La labor, que hasta hace poco tuvo encomendada, fue un triunfo del equipo del CTI que con la Regional de Inteligencia del Caribe y la Armada lograron prácticamente acabar con el Frente 35 y 37 del grupo guerrillero. Al carcelero de Araújo lo condenaron a veinte años de cárcel. La experiencia adquirida lo llevó a convertirse en el fiscal detrás de los peses gordos de las autoridades.
Recién graduado de abogado empezó como Juez Penal de Buenaventura gracias a la recomendación de dos amigos magistrados con los que jugaba fútbol, luego volvió a su ciudad y trabajó en varios juzgados donde abonó el terreno para que 34 años después esté entre los 14 fiscales que en Cali manejan los casos de mayor gravedad para la justicia colombiana, los que tienen que ver con narcotráfico, tortura, terrorismo y rebelión. Con la nueva Constitución Política nació en Colombia la fiscalía y Aguirre como fiscal Especializado de Cali, un 1 de julio de 1992 cuando empezó a operar el nuevo organismo. De la mano del jurista Gustavo de Greiff, fichado en la memoria como el primer Fiscal General de la Nación en la historia, los incipientes acusadores retomaron desde las regiones las tareas de la extinta Dirección Nacional de Instrucción Criminal, abriendo el camino para el sistema penal acusatorio que se proponía con el juicio oral eliminar la carga de los procesos por escrito.
Iván fantaseaba con los grandes juicios que veía en las películas que todo estudiante de derecho penal no puede dejar de ver. Se veía armado de oratoria como un Al Pacino en Justicia para Todos, el filme que se repitió sin cansancio como aprendiz en la Universidad Santiago de Cali. Un acto legislativo le daría la oportunidad de cumplirlo cuando en el 2005 se implementó el invento copiado de los gringos para resolver el problema de la justicia penal en el país.
El actual jefe de las Fiscalías especializadas de Cali se inauguró bien en el nuevo modelo acusatorio cuando asumió la investigación del atentado al comando de la Policía de la ciudad en el 2007. En los tiempos en que Juan Manuel Santos era ministro de Defensa y la mano firme de Uribe aún no pesaba sobre las Farc. Una camioneta vieja cargada con cincuenta kilos de amonal al explotar dejó un taxista muerto y 41 personas heridas, además de cuantiosas pérdidas para los comerciantes del sector, en pleno corazón de Cali. En sólo doce días los investigadores ubicaron a los milicianos del frente Manuel Cepeda Vargas de las Farc quienes además tenían preparados otros 700 kilos de explosivos con los que cargarían 14 vehículos para localizar en distintos puntos de la ciudad. El fiscal Aguirre personalmente dirigió la operación que condujo a un enfrentamiento con la guerrilla en el barrio altos de Menga donde murieron varios milicianos y el resto de los autores materiales fueron condenados. Sus triunfos judiciales continuaron. En juicio oral logró la condena a sesenta años de cárcel de los responsables del atentado también con carro bomba a la Regional de Inteligencia de la Policía (Ripol), ocurrido en Cali el 1 de febrero de 2009. Una vez la violencia se le metió al despacho y el jefe de una de las bandas de sicarios más peligrosas de la ciudad mató a su amigo Jairo Martínez, fiscal séptimo especializado de Cali. Aguirre heredó de su colega el proceso por el que lo habían asesinado y lo vengó en tribunales logrando una condena por preacuerdo de 45 años para el verdugo y los 14 sicarios de la misma oficina.
La obsesión por la investigación la compensa con la lectura de novelas y buenos textos de derecho
Su labor le ha dejado poderosos enemigos, se ha convertido en el terror de los bandidos y hoy es uno de los fiscales más amenazados del país porque en el mundo del hampa las rencillas no se quedan tras los barrotes y nunca van a la tumba. Su esposa y dos hijas lo saben. Se sienten orgullosas de su labor y al tiempo no ven la hora en que se pensione para estar tranquilas. “Vivimos con miedo constante, no sabemos que pueda pasar mañana por eso disfrutamos con él cada minuto como si fuera el ultimo, como si mañana no lo fuéramos a ver” dice Paola, la hija que le siguió los pasos en el derecho. En la fiscalía lo describen como el funcionario más operativo, práctico y aguerrido que tienen, además de un buen parejo de baile.
Es bonachón hasta con el fuero de fiscal puesto, por eso logra la confianza de sus investigados, que terminan contándole en indagatorias los detalles más oscuros de su vida, lo que es muy útil para los procesos que lleva a feliz término y que lo han hecho merecedor de constantes condecoraciones. En sus meticulosas búsquedas se enfrenta a pruebas aterradoras que luego confronta en juicio sin temor y en pantalla gigante exhibe videos que los delincuentes registran con sus teléfonos celulares. Imágenes tan fuertes que logran desolar la sala de audiencia. Lo ha visto todo pero hay casos que lo sorprenden como el que investiga actualmente y se pregunta cómo el hijo del exsenador Carlos Hernán Barragán se ve enredado con una peligrosa banda capaz de filmar la tortura hasta la muerte de un guardia del Inpec.
