Desde el lunes he escuchado y leído lo que varias personas piensan sobre el caso del Fiscal General de la Nación y los audios de Pizano. Las conclusiones son las esperadas, nada diferente a lo que puede verse en las redes sociales o lo que han dicho varios líderes de opinión. Un gran número de personas cree que la muerte de Jorge Pizano no fue por causas naturales, sino que, al igual que su hijo, habría muerto envenenado. Además de esto, consideran que el hombre más rico del país, junto con el Fiscal están, de alguna forma, relacionados con estas muertes. Esto, a pesar de que Medicina Legal ya declaró que el deceso del testigo clave en el caso Odebrecht no tuvo nada que ver con un envenenamiento. Por supuesto, ninguno, hasta el momento, puede ofrecer pruebas que den sustento a sus sospechas, sin embrago, por la forma en que se han presentado los hechos, y la poca importancia que han tenido las investigaciones sobre los sobornos de Odebrecht en Colombia, nadie podría negar que todo alrededor de este caso es muy extraño.
Ahora bien, el problema con esta situación no se limita a saber si son ciertos o falsos los comunicados oficiales, de las diferentes instituciones que se han pronunciado hasta el momento. El problema real es lo que la gente piensa sobre las instituciones, pues, para muchos ciudadanos, estas se han convertido en lugares en los que políticos y empresarios se ponen de acuerdo para satisfacer sus intereses a costa del bienestar general. En el caso específico de la Fiscalía, muchas personas piensan que Néstor Humberto Martínez, por su larga trayectoria como abogado de empresas muy poderosas, no ofrece garantías de imparcialidad en el desarrollo de sus funciones como cabeza de esa institución.
En otras palabras, con este caso, no solo nos estamos jugando la posibilidad de conocer la verdad sobre lo sucedido, sino también la credibilidad de las instituciones, lo cual implica un riesgo muy grande para la democracia. O por lo menos, eso era lo que nos decían hace unos meses los mismos sectores que hoy apoyan al Fiscal. Es necesario recordar que durante el último periodo de elecciones presidenciales, una de las críticas más constante a Gustavo Petro fue su proyección como líder populista. Y el populismo, nos decían en ese momento, es peligroso porque destruye las instituciones. Los ejemplos usados fueron los de siempre, Estados dirigidos por líderes populares que, al llegar al poder cerraron el Congreso cesaron a los Jueces y concentraron todo el poder en el ejecutivo, convirtiendo a sus países, a los ojos de los críticos de Petro, en Estados autoritarios.
Siguiendo este orden de ideas, podríamos afirmar que lo que está sucediendo hoy con el Fiscal nos demuestra que, no solo el populismo puede ser un peligro para las instituciones, la corrupción y la falta de transparencia en el actuar de los funcionarios públicos son tan peligrosas como las arbitrarias decisiones de un dictador. En consecuencia, si el Fiscal cree en la democracia y se interesa en concreto por el fortalecimiento de la democracia colombiana, entonces debería dimitir. No porque sea culpable de algo, eso solo lo podría determinar un juez, sino porque cada día que él se mantiene aferrado a su cargo, decrece la credibilidad de una de las instituciones más relevantes para el Estado, la Fiscalía General de la Nación.
