Es la primera investigación por posibles crímenes de lesa humanidad en la historia de América Latina. Así lo hizo público el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan este miércoles, tras una gira de 3 días en Venezuela.
Junto a Khan se encontraba Nicolás Maduro, el presidente venezolano, quien dijo respetar pero no compartir la decisión tomada por el ente internacional.
La investigación formal será sobre las denuncias de tortura y por ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad venezolanas. Sin embargo, Khan aseguró que "no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo" por el momento.
Maduro: "Dejaremos el ruido a un lado y nos pondremos manos a la obra"
Pese al inconformismo de Maduro, el mandatario mostró optimismo por una "carta de entendimiento" de tres páginas firmada conjuntamente con Khan. Este documento permite que las autoridades venezolanas realicen sus propios trámites en busca de Justicia.
"Les garantizo que en esta nueva etapa dejaremos el ruido a un lado y nos pondremos manos a la obra para que, juntos, se pueda encontrar la verdad”, dijo Maduro, mientras Khan se mostró "realmente complacido" por el compromiso de colaboración.
Comparto el Memorándum de entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y la CPI. Garantizaremos el cumplimiento de este #DocumentoHistórico que marca el inicio de una nueva etapa de diálogo, cooperación y apoyo mutuo para buscar la verdad y la justicia. pic.twitter.com/JH1fsurpb8
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 3, 2021
En 2020, el Gobierno de Maduro pidió a la CPI que investigara a Estados Unidos por las sanciones económicas contra Venezuela. Consideran que estas equivalen a "medidas coercitivas ilegales". Sin embargo, Estados Unidos no se encuentra entre los 123 estados miembro del CPI.
A esta cuestión también hizo referencia Kahn, quien aseguró estar al tanto de las "líneas divisorias" políticas y las "divisiones geopolíticas", aunque resaltó que su trabajo es defender los principios de legalidad y el estado de derecho.
Una investigación preliminar contra la represión de 2017
Este es el desenlace a una larga investigación preliminar iniciada en febrero de 2018, que posteriormente fue respaldada por Canadá y cinco Gobiernos latinoamericanos opuestos a Maduro. Los delitos por los que se señala al Gobierno hacían referencia a la represión a las protestas antigubernamentales de 2017.
El tribunal había hecho público un informe en diciembre de 2020 en el que enumeraba delitos como el de tortura, violación, violencia sexual, persecución por motivos políticos y encarcelamiento arbitrario.
"El examen preliminar que se abrió en 2018 no es más que una etapa de filtrado a medida que avanzamos hacia esta nueva etapa", dijo Khan durante un evento transmitido por la televisión estatal, en el que también aseguró que "que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma".
Oposición y organizaciones celebran la decisión
Desde la oposición de Venezuela se celebró la decisión de la CPI. El opositor Juan Guaidó consideró que "reivindica el derecho a la Justicia" para las víctimas de posibles crímenes de lesa humanidad.
También se sumaron al aplauso organizaciones sociales como la ONG Médicos Unidos de Venezuela, que agradeció la visita y el compromiso con los derechos humanos.
A nivel latinoamericano, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), consideró la decisión como "un punto de inflexión".
La acción de la Corte Penal Internacional
La CPI, que procesa crímenes de guerra, surgió hace 23 años, y solo puede intervenir si un Estado no quiere o no puede procesar los crímenes relevantes en su jurisdicción.
Se trata de una instancia judicial de último recurso que se rige por el principio de complementariedad. Cuando la Fiscalía de la CPI considera que las investigaciones no son reales y los hechos denunciados son lo suficientemente graves, el examen preliminar pasa investigación formal.
Sin embargo, pueden pasar años antes de que se presenten cargos penales como parte de la investigación de la CPI.
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