No hay duda: el DSC era el brazo armado favorito de la mafia antioqueña. A diferencia de los sicarios que integraban los combos de las comunas, los hombres del DSC podían atravesar los retenes de Envigado impunemente. Los del DSC también eran asesinos, pero tenían placa. Esa era una ventaja que los ponía por encima de Pinina, Popeye, el Arete, o el Chopo cuando de arreglar asuntos en el municipio se trataba.
En sus declaraciones ante la justicia los exmiembros del DSC coincidieron en afirmar que Marlon Pérez era el enlace con el Patrón, la persona que llegaba periódicamente con fajos de dinero para premiar a quien estuviese dispuesto a torturar y matar, “a llenar las paredes de Envigado con obituarios”. El resultado no pudo ser peor.
Extrañamente, a pesar de que todos en Envigado sabían que el DSC había sido una creación de sus autoridades civiles, el odio de la ciudadanía se enfocó solo en sus miembros, en quienes castigaron con sevicia a la ciudad. Ni la justicia ni la opinión pública fueron igual de severos con los verdaderos padres de la criatura. Estos siguieron gozando del cariño popular.
Se puede alegar que el DSC se desvió de su misión original y que sus creadores nada tienen que ver con los crímenes que cometieron, pero el simple hecho de armar a un grupo de civiles y dotarlos con funciones de policía es un exabrupto; permitir que su jefe directo los premiara con el dinero del cartel de narcotraficantes más poderoso del mundo y los estimulara a matar y torturar es aún peor.
En Envigado el poder civil hizo oídos sordos a las quejas de la ciudadanía. En la casación penal presentada por Julio David Sánchez Olaya, Duván Darío Correa, Jorge Iván Correa Pino, Wilfer de Jesús Ríos Cano, y Freddy Humberto Restrepo Ospina, el 12 de marzo de 2001, ante la Sala de Casación penal de la Corte Suprema de Justicia, se puede leer este párrafo.
“Afirma (uno de los demandados) que se desconocieron los testimonios de los jueces que se desempeñaron en el campo penal durante el tiempo que funcionó Seguridad y Control, de la única representante del ministerio público que hubo en esa época, de alcaldes, personeros, secretarios de gobierno, concejales, de figuras políticas como el doctor Diego Uribe, quien fue gerente de las Empresas Públicas de Medellín, del doctor Álvaro Vanegas quien es representante a la Cámara, o del profesor universitario Francisco Javier Tamayo, quienes bajo juramento afirmaron que jamás oyeron decir que Seguridad y Control fuera un grupo de los denominados escuadrones de la muerte, que atentara contra la población, y que la tuviera sumida en zozobra o terror”.
El accionar del DSC era un secreto a voces pero nadie hizo nada o no quería hacerlo. Se habla de 400 muertos en seis años de funcionamiento del DSC, pero la cifra real puede ser mucho mayor. En los dos últimos años de la década del ochenta y los tres primeros de la década del noventa se cometían tantos crímenes y ajusticiamientos en Medellín y sus municipios vecinos que las autoridades y los servicios médicos a menudo colapsaban. A nadie le interesaba investigar a fondo las muertes que ocurrían a diario.
La Cola del Zorro y El Escobero eran los sitios donde cada fin de semana se arrojaban cadáveres torturados y baleados.
Cualquiera que haya vivido esa época en la ciudad puede recordar con claridad la imagen: el viaje de fin de semana para dar la vuelta a oriente o el paseo familiar por una carretera rural cercana a Medellín casi siempre iniciaban con la presencia de cadáveres a la orilla de la carretera. La bruma de la madrugada en las montañas antioqueñas aún no se disipaba y ya se podían ver los resultados de las vendettas ocurridas mientras la ciudad dormía.
Guerras entre bandas, ajustes de cuentas del narcotráfico, asesinatos, robos, crímenes pasionales, venganzas y accidentes. Si a las muertes violentas se le sumaban las naturales, se comprende porque las morgues permanecían a tope y las funerarias operando a su máxima capacidad. Y el deseo de no investigar más de la cuenta.
Para la historia queda escrito que un 6 de agosto de 1984, durante una sesión ordinaria del Concejo Municipal, se dio vida al Departamento de Seguridad y Control del Municipio de Envigado (DSC) mediante el proyecto N°023, “Por medio del cual se crea el Departamento de Seguridad y Control del Municipio, se determinan sus funciones y se dictan otras disposiciones” (Concejo de Envigado, Acta Nº12, 1984, p. 7), y se reglamentó a través del Decreto Municipal 218 del año 1984.
Gracias a estos documentos queda claro que el nombre oficial del ente creado fue Departamento de Seguridad y Control de envigado y no “departamento de orden ciudadano” como algunos han llegado a sugerir. El DSC también tenía un código ético, claro que sí, que no lo cumplieran es otra cosa. Pero en el Decreto 218 quedó muy bien consignado:
[...] Son faltas contra la ética:- Aceptar de cualquier persona o entidad, obsequios o remuneraciones por intervenciones directas o indirectas en asuntos relacionados con servicios oficiales.
- Contraer deudas o compromisos, cuando den margen a justificadas reclamaciones, o cuando sean superiores a la capacidad económica para cubrirlas.
- Dar en prenda cualquiera de los elementos que les sean suministrados para el servicio.
- Abusar de las bebidas embriagantes o de las drogas que causen toxicomanía. Esta falta tendrá como agravantes el hacerlo de servicio, o hacer demostraciones grotescas o ridículas, lo mismo que hacerlo aunque sea fuera de servicio, portando el arma de dotación oficial.
- Participar en juegos prohibidos o concurrir a los lugares donde se verifiquen durante la prestación del servicio.
- Tratar al público de forma descortés, violenta o indebida.
- Observar conducta impropia para con la familia.
- Tratar, fuera de los actos de servicio, con personas de reconocida mala reputación.
- Aprovechar el cargo que se desempeña para conseguir cualquier ventaja o beneficio personal, en compras, obtención de créditos y demás operaciones comerciales.
- Aceptar regalos de sus subalternos, efectuar rifas con fines especulativos entre los compañeros, dar a estos dineros a interés o ejercer en cualquier forma su influencia en provecho propio.
En la misma casación citada anteriormente, el magistrado Jorge E. Córdoba Poveda también da por un hecho que el nombre del cuerpo creado en Envigado en 1984 es Departamento de Seguridad y Control, aunque haciendo alusión al decreto 026 como el que le dio vida.
Aunque muchos siguen insistiendo que en Envigado no pasó nada malo entre 1984 y 1990. Otros creen que lo que ocurrió en la población antioqueña en aquellos años fue el verdadero origen del emporio criminal que luego llegó a conocerse luego como la Oficina de Envigado. La historia que afirma que Escobar solo quería tener una oficina allí, “como la que tiene cualquier doctor” para manejar sus negocios es simplista. El DSC sigue siendo el mejor-peor ejemplo de lo que se puede lograr con la perfecta articulación entre política, mafia y autoridades corruptas.
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