Bernardo Guerra Hoyos había encontrado en el Concejo de Medellín el lugar ideal para emprender su lucha contra la corrupción. Sin embargo, su nombre quedó en entredicho desde diciembre pasado cuando al Tribunal Administrativo de Medellín llegó una demanda por pérdida de investidura en su contra. Ahora, los magistrados del tribunal fallaron en su contra por haber favorecido a su hija Alejandra desde su curul en el concejo y por haberse volado los topes de financiación de su campaña electoral hace cuatro años.
El 14 de octubre de 2013 la torre 6 del edificio Space, construido por Construcciones de Obras —CDO—, se desplomó. El hecho fue una verdadera tragedia y dejó 12 personas muertas, además de miles de afectados. Las alarmas se prendieron inmediatamente y el entonces alcalde de Medellín Anibal Gaviria, quien siempre contó con el apoyo de Guerra, decidió revisar todos los proyectos de la constructora en la ciudad, entre los que se encontraban Continental Towers, Colores de Calasania, lo que aún quedaba en pie del Space y Asensi. Todos fueron evacuados por orden de Gaviria.
Una de las personas afectadas tras la evacuación de cientos de apartamentos fue, precisamente la hija de Bernardo Guerra. En 2011, Alejandra había comprado el apartamento 828 de la etapa uno del edificio Asensi.
Tras el colapso del Space, desde el Concejo Bernardo Guerra promovió e integró una comisión accidental para hacerle seguimiento a los proyectos de la constructora responsable. Aunque aceptó en una sesión un año después que era uno de los afectados, siguió promoviendo duros debates en donde se fue lanza en ristre contra el diseñador de los proyectos Jorge Aristizábal y se puso al frente de las reuniones de la comisión accidental con las personas afectadas para buscar una solución, siempre en nombre de la justicia, como él mismo señaló en una de sus intervenciones. De hecho, entre sus objetivos estaba pedir la exención del impuesto predial y la valorización para los dueños de los apartamentos evacuados, una propuesta que lo beneficiaba a él y a su hija directamente.
Guerra se metió de lleno en el debate durante dos años seguidos. Y solo hasta el 21 de noviembre de 2015, cuando la comisión accidental solicitó dedicar una sesión completa para dar cuenta del informe que tenía preparado, el concejal se declaró impedido formalmente: “Señor presidente, para dejar una constancia, yo le había solicitado a usted tenerme en cuenta para la ponencia y la coordinación de la misma, pero para evitar dificultades con mi curul en los próximos cuatro años, en vista de que una de las personas afectadas en Asensi es mi hija, en el 50% de propiedad de uno de los aparta estudios que allí existían […] le solicitaría que no me tuviera en cuenta para la coordinación de la ponencia ni para la integración del mismo ni aun para la discusión. Yo llego hasta este punto”.
Pero Guerra no cumplió con su palabra.
Solo expresó su impedimento al final de la sesión, cuando la Alcaldía ya había radicado un proyecto en el concejo para exonerar a los afectados a pagar los impuestos hasta 2017 de unos apartamentos que ya no tenían. Guerra había cumplido con su cometido y ahora podía salirse del debate tranquilo.
Ese mismo año, la administración radicó otro proyecto para expedir la normativa sobre los impuestos en la ciudad. Ese proyecto fue aprobado en la comisión donde tiene asiento Bernardo Guerra, quien votó positivamente. Sin embargo, dentro del proyecto había un artículo que favoreció a los afectados por la constructora, exonerándolos del pago de impuesto predial hasta el 31 de diciembre de 2023: “Artículo 268: Se concederá la exención en el pago del impuesto Predial Unificado hasta el 31 de diciembre del año 2023 a los propietarios de los siguientes inmuebles […] Los bienes inmuebles establecidos en el Acuerdo 048 de 2015”, es decir, el apartamento de su hija.
Pero no es la única jugada de Guerra por la que el Tribunal Administrativo de Medellín declaró su muerte política.
Hace cuatro años, cuando estaba haciendo campaña para reelegirse en el Concejo, Guerra encontró los financiadores perfectos de su empresa electoral. La Corporación Estudios por Medellín le donó $ 42.500.000 millones de pesos, es decir, más del 80% del total de su financiación, algo que a todas luces está prohibido, según los artículos 109 de la Constitución, 55-2 de la Ley 136 y 48-1 de la Ley 617.
Guerra buscó a su cuñada para que le ayudara con la plata. Blanca Magdalena Múnera Rendón, hermana de su esposa, hace parte de la junta directiva de la corporación, que le hizo 9 contribuciones diferentes. Según la ley, el máximo que puede recibir un candidato en donaciones es el 10 % del total de ingresos a su campaña, que en el caso de Guerra fue de $ 52.500.000 millones.
Guerra comprometió su curul con sus donantes, y aunque el Tribunal Administrativo de Antioquia no consideró ese argumento para decretar la pérdida de investidura, Guerra contrató a 4 de los 5 miembros de la junta directiva de la Corporación para que trabajaran con él en su Unidad de Trabajo Legislativo en el Concejo de Medellín.
La decisión del Tribunal lo dejó sin posibilidades de repetir curul en el Consejo, y de paso golpea la imagen de su hermano Andrés Guerra, quien justo esta semana está participando en la encuesta del Centro Democrático para definir el candidato a la Gobernación de Antioquia. Ahora, le queda apelar la decisión y que el Consejo de Estado, algo que podría tomar algunos meses más. Guerra apostó su vida política por su familia, y su lucha contra la corrupción quedó entredicha en Medellín.
