Poco antes de que Diego Carreño se graduara del colegio, su madre lo vinculó a la fundación “Hacedores de paz”. Ella, una rebelde radical, le enseñó que lo más sagrado que podía tener un ser humano era la libertad. Y así fue creciendo, con la convicción absoluta de ser un humanista que despreciaría el uso de las armas, así sus amigos le advirtieran el costo que pagaría por negarse a prestar el servicio militar. Para empezar , sin libreta militar no conseguiría trabajo ni podría graduarse de profesional.
Se matriculó en la carrera de filosofía en la Universidad Libre siendo un alumno destacado y un activista convencido y consumado. A medida que pasaban los cinco años que lo separaban del título, las preocupaciones no se hicieron esperar. Poco antes de graduarse presentó una tutela en donde dejaba claro que no podía ser posible que el requisito de la libreta militar estuviera por encima de los derechos a la educación y al trabajo. La corte constitucional rechazó el alegato y ya Carreño Neira se disponía a emprender el largo camino de demandar el hecho ante una corte internacional, lo que le implicaría caminar un laberinto de por lo menos cinco años hasta que se resolviera su caso. Sin embargo algo extraño sucedió, una especie de milagro constitucional.
En diciembre del 2014 la representante a la cámara Angélica Lozano logró tramitar un artículo en la ley de orden público que establece que ya no se podrá exigir la libreta militar para graduarse profesionalmente. El proyecto de ley vino a ser el colofón de 12 años de lucha que han emprendido jóvenes como Diego Carreño, buscando exorcizar para siempre el fantasma del militarismo.
A los 31 años, y después de una lucha de un lustro, Diego Carreño podía gritar que le había ganado el pulso al ejército que con el propósito de reclutar cada dia una mayor cantidad de jóvenes ha forzado a muchos que no quieren empuñar un arma a tener que hacerlo contra su voluntad.
A pesar de que la Constitución protege formalmente a los objetores de conciencia, aquellos que como dicen quieren invocar el 7 mandamiento: No matarás, las batidas ilegales de los militares siguen imponiéndose y de manera irregular reclutan para el ejército a miles de jóvenes bachilleres o campesinos y muchachos de ciudad que no han tenido oportunidad de estudiar. Se estima que más de 600 jóvenes han sido reclutados de esta manera, a la fuerza, en los que va corrido del año.
La indignación ha ido tomando forma en organizaciones sociales dispuestas a no dejar atropellar a quienes no quieren ir a la guerra, con avances tan importantes como logrado por una de ellas, Puerta abierta, que opera en Medellin. Apoyados por el profesor y columnista Aldo Civico lograron hacer oir su voz en los pasillos del alto poder en Washington. Jóvenes de las comunas de la capital antioqueño fueron escuchados en el Congreso norteamericano y en oficinas de altos funcionarios del gobierno Obama pero también por organizaciones de derechos humanos que operan en la capital de Estados Unidas.
El congresista Demócrata Jim McGovern, los recibió a principios de esta semana, en donde mostraron testimonios directos y evidencias de la situación que se vie en Colombia. “El ejército de Colombia, pasa por encima no solo de las sentencias de la Corte Constitucional, de la recomendación del Grupo de Trabajo Sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de a ONU, sino de la dignidad de los jóvenes de la ciudad y del propósito nacional de respaldar la construcción de paz”, declararon en Washington representantes de esta organización.
Puerta Abierta no sólo está comprometido con los atropellos del ejército, sino que denuncia cualquier tipo de reclutamiento ilegal por parte de cualquier grupo armado que opere en el país. McGovern expresó además que este tema es de vital importancia en los Estados Unidos. En su gira por este país los integrantes de esta plataforma juvenil creada en Medellín, se reunirán con funcionarios del Departamento de Estado.
Con la graduación de Diego Carreño Neira y la presencia de Puerta Abierta en el Departamento de Estado americano, se abre un capítulo más que esperanzador para los objetores de conciencia, una etapa que muestra claramente el nuevo país que nos espera en el post-conflicto.
