La información estadística en Colombia es dispersa, rezagada y sesgada. La principal agencia gubernamental productora de información estadística da bandazos metodológicos, dejando a los decisores de políticas públicas en una zona gris de incredulidad y desconcierto, frente a un director del Dane, que parece estar en babia, con sus enrevesadas e incomprensibles explicaciones.
Como es frecuente por estas calendas, aparte de la pausa en las movilizaciones ciudadanas que desató el paro nacional, en el centro de la agenda de empleadores y empleados, se encuentra la discusión del salario mínimo, cuya incidencia mayor gravita sobre un poco más del 47 por ciento de los trabajadores y empleados colombianos que ganan menos de un salario mínimo, observándose que una proporción similar representa la informalidad en el mercado laboral colombiano. Si a ello se agrega, quienes malviven con dos salarios mínimos, esta cifra bordearía el 60 por ciento.
Uno de los arcanos estadísticos que el gobierno nacional (en)cubre con el mayor secretismo posible, es la cifra de la productividad laboral (valor agregado por persona ocupada), que se ha convertido en un fetiche numérico, que, según la tecnocracia oficial, solamente puede originarse en los encumbrados despachos del Dane o del Departamento Nacional de Planeación (DNP), cuando no de algunas agremiación financiera como ANIF, o de un centro de estudio gremial como es el Consejo Privado de Competitividad (CPC).
Disponer de información confiable y comparable es un insumo básico en cualquier decisión, y, aún más, cuando esta afecta a los asalariados colombianos, cuyos ingresos en el la renta nacional ha venido decreciendo o se ha estancado.
Del cuadro anterior se desprenden varias observaciones:
1. La meta de inflación objetivo fijada por el Banco de la República, de manera persistente, no se ha cumplido: la inflación anual causada ha superado a la inflación esperada. Desde 2010, el Gobierno se ha empeñado infructuosamente en mantenerla por debajo del 3 por ciento.
2. Uno de los referentes de la determinación del salario mínimo, es la inflación esperada, no la causada, por lo que la brecha se acortaría.
3. La diferencia entre IPC y el SMMLV no se compensa con las cifras de productividad, tanto a precios corrientes (nominal), como a precios constantes (real). Como se observa, contrario a lo que sostiene ANIF o la el CPC, en gran parte del periodo 2005-2018, la productividad laboral supera la unidad. La nominal, excepto el año 2009, y la real, fue negativa sólo dos años (2009 y 2010) El crecimiento de la productividad real promedio, en el periodo 2005-2018 fue de 1,7 por ciento. Tanto el Gobierno como los gremios insisten en que es negativa o es inferior a 1 por ciento.
4. La productividad es un “comodín” del gobierno nacional para fijar el salario mínimo a su arbitrio, utilizando este indicador como un pretexto para plegarse a la inflexibilidad patronal. El diferencial variación porcentual del SMMLV y del IPC, representado en la inflación causada y esperada, ha seguido una trayectoria errática. Tomar como criterio la inflación esperada y no la causada, es un ejemplo de voluntarismo económico.
5. En algunos años (2008 y 2015) el aumento del salario mínimo estuvo por debajo de la inflación causada. De igual forma, como el Banco de la República ha fijado la inflación, a contrapelo del comportamiento real de precios al consumidor, da la falsa apariencia de un incremento salarial elevado. En todo ello, es evidente el malabarismo estadístico, para justificar decisiones como la fijación del salario mínimo, más con criterios políticos que económicos, que resultan complementadas con la taumaturgia de las proyecciones macroeconómicas, como un ficticio repunte en el crecimiento económico.
Así las cosas, debería esperarse que el reajuste salarial para más de un millón de trabajadores colombianos, que están bajo el umbral del mínimo de pobreza, supere el 4,5 por ciento propuesto por los gremios empresariales y no alcance el 8,1 por ciento planteado por las centrales obreras; quizá el aumento sea similar al de 2019: 6,0 por ciento. La insistencia de los trabajadores de que el salario mínimo bordee el millón de pesos es una buena apuesta.
