Los partidos de derecha, que al fin de cuentas son los del gobierno, no se cansan de sabotear el proceso de paz. Sin importar con qué argumentos ridículos y repetitivos lo intentan, han significado una piedra que entorpece el paso a todo lo relacionado con los Acuerdos de la Habana.
Uno de los puntos en los que las marionetas del actual gobierno se han empeñado en manipular y desviar perversamente, es en el Proyecto de Acto Legislativo del 2017, que pretendía modificar la cantidad de curules dentro de la Cámara de Representantes, adicionando 16 a las ya existentes de manera temporal y por dos periodos electorales, distribuidas de la siguiente forma: “Diez (10) serán territoriales para víctimas de las FARC de los 170 municipios determinados en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial; Seis (6) curules serán nacionales para todas las víctimas a nivel nacional.”, según lo dicta dicha ley.
Al momento de la votación para aprobar la ley, había 102 miembros del senado, de los cuales 3 se encontraban capturados y tenían medidas de aseguramiento preventivo, entre ellos “el ñoño Elías” y “Musa Besaile”, por lo tanto, había 99 miembros aptos para votar. El proyecto, al ser un acto legislativo, requería de mayoría absoluta para ser aprobado y, como lo ha dicho el Consejo de Estado, para completar el quórum decisorio en casos que requiera de mayoría absoluta y el número de miembros sea impar, la mayoría absoluta será igual al número entero siguiente a la mitad del total del número de curules aptas para votar.
Es decir, había 99 curules aptas, por lo que el quorum se completaba con 50 votos. Por supuesto, lo monigotes del gobierno no se iban a quedar de brazos cruzados, por lo que sacaron su artillería: el presidente del Senado, Efraín Cepeda, argumentaba que la mayoría absoluta era la mitad más uno, por lo que los votos necesarios eran 51. ¿Familiar? ¡Claro! En el 2019, con las objeciones de la JEP ocurrió exactamente lo mismo: “errores de cuentas”, pero de eso no nos concierne hablar ahora.
Días después de la “decisión”, se hizo una consulta en la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en la cual se confirmó que, efectivamente, la ley sí se había aprobado, ya que la mayoría absoluta, en ese caso, correspondía a 50; aún así, Cepeda no tuvo la voluntad política para aprobar el acto legislativo y lo archivó.
¿Estrategia en contra de la oposición y el proceso de paz? Sin dudas. Desde el año 2017 hasta la mitad del 2018, presidió el Senado Efraín Cepeda, perteneciente al partido Conservador; luego, desde esa fecha hasta mediados del 2019, la presidencia la asumió Ernesto Macías, del Centro Democrático. Ambos partidos han estado en contra del proceso de paz, la implementación de todos los Acuerdos de la Habana y las reformas que surtieron a raíz de este y, ambos periodos en los que la ley fue archivada y puesta en el olvido.
Actualmente, quien asume la presidencia del Senado es Lidio García del partido Liberal, un partido que, teóricamente, ha apoyado el proceso de paz, por lo tanto, posee la voluntad política para poner en marcha la ley en cuestión. García pretende revivir y aprobar el acto legislativo, acogiéndose a la tesis de lo dicho por el Consejo de Estado.
Pero no nos ilusionemos, que como siempre y a manos de los enemigos de la paz, el asunto no va a estar así de sencillo. A finales del año 2019, principalmente desde la presidencia y varios senadores, se ha insinuado que las víctimas tengan representación en el Legislativo, sin crear nuevas curules, es decir, no adicionar las curules a las existentes, sino que se tomen dentro de las que actualmente hay. Muy descarados queriendo contradecir lo que la ley dicta claramente: “se adicionarán dieciséis (16) curules al número de miembros de la Cámara de Representantes”; pero no es extraño, además, lo que pretenden es deformar la propuesta original presentando un nuevo Proyecto de Ley. A los partidos de derecha y de gobierno no les conviene adicionar estas curules, pues esto significaría la conformación de un bloque alternativo más consolidado y con más fuerza, y porque, además, entre menos curules haya para repartir entre todos los partidos, más difícil es conseguir curules para los partidos independientes.
El pasado 27 de enero, a García, en reunión con magistrados de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, le dieron a conocer que el proceso se puede revivir y así mismo, revocar la decisión ya tomada respecto al Proyecto, debido a la errónea interpretación que se le hizo a la norma. Luego, deberá ser promulgado por el presidente de la República.
El panorama es incierto, tal vez un poco esperanzador. Aun así, cuidémonos de confiarnos del todo porque, como ya sabemos, la perversa ridiculez de la derecha en Colombia no descansa, y, además, les funciona.
