Casi 11 años después de la desaparición de Julio César Molina y Diego León Montoya, es posible que la impunidad deje de hacer parte de sus expedientes. Hoy, ocho militares que entonces hacían parte de la Cuarta Brigada de Antioquia fueron detenidos y están siendo acusados de los delitos de ejecución extrajudicial, falso testimonio y fraude procesal.
El 29 de septiembre de 2004, los militares entregaron un informe en el que decían que un enfrentamiento con un grupo de guerrilleros de las Farc en el corregimiento de San Gregorio del municipio de Nariño (Antioquia) había dado como resultado la muerte de dos “subversivos” NN y la incautación de material de guerra. Sin embargo esos dos NN, habían sido reportados por sus familias como desaparecidos algunos días antes.
La lista de los detenidos la conforman: el teniente coronel, Jair Arias Sánchez; el capitán, Carlos Armando Castaño Forero; el sargento segundo retirado, Rafael Antonio García; el soldado, Jorge Adriano Gómez; el teniente coronel, William Roberto del Valle, quien ya estaba detenido por otra investigación; el mayor Óscar Andrés Rosales y los soldados profesionales Fernando de Jesús Giraldo Suárez y José Ezequiel Irrita.
Pero la Fiscalía no solo anunció este caso, dijo también que había ordenado la captura de otros 14 militares y dos civiles implicados en la muerte de 16 campesinos en César, a quienes también hicieron pasar como falsos positivos. Este caso fue abierto luego de que otros militares denunciaron cómo dentro del batallón Especial Energético y Vial José María Cancino, con sede en La Jagua de Ibirico (Cesar) se fraguó el plan para reclutar a los hombres y luego hacerlos pasar por muertos en combate
