El fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la existencia de una reiterada y constante agresión de la fuerza pública a quienes de manera pacífica se manifestaron el 21 de noviembre de 2019 y a los que cubrían funciones de periodistas, asegurando que “hay evidencia de una problemática nacional de intervención sistemática, violenta, arbitraria, y desproporcionada de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas” y que, además, “hay falencias e incapacidad den las instituciones encargadas de mantener el orden público interno para usar de forma racional y moderada las armas de la república, asegurando que “el Esmad no es capaz de garantizar el orden sin violar las libertades y los derechos de los ciudadanos a disentir”. Ahora bien, digo que este fallo es toda una carga de profundidad en la lucha por la democracia avanzada.
Es un avance gigantesco en la tarea por la implementación práctica y eficaz del Estado social de derecho que nos legó la constitución del 91, y que sectores de la ultraderecha han ido desmontando poco a poco, ya sea por la vía de las reformas retardatarias o por la vías de hecho, como en efecto está sucediendo actualmente con muchos de los procedimientos de este gobierno, como lo estamos viendo con la negativa del ministro de Defensa a cumplir con el fallo de la Corte Suprema hasta tanto no lo revise la Corte Constitucional, conducta que tipifica un desacato a la autoridad judicial desde el más alto exponente de la seguridad del Estado.
En la tarea de construir una democracia avanzada, el fallo constituye una extraordinaria herramienta para los sectores progresistas y renovadores que luchan por la defensa de la vida, la paz y la democracia, porque la decisión de la corte no solo ordena al gobierno regular las manifestaciones y las protestas de la ciudadanía mediante una ley estatutaria, sino también porque establece que el Congreso, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, deben estar prestos a trabajar con una política pública transversal en lo que tiene que ver con la defensa y protección de los DD. HH. en las a las manifestaciones y protestas de la ciudadanía.
No solamente ordena a estas instituciones la defensa y la protección de los derechos humanos, sino también de los derechos constitucionales fundamentales de la libertad de expresión y de la protesta pacífica, puesto que la violencia no está protegida en la constitución nacional, a no ser que se trate del derecho a la rebelión contra la tiranía, es decir, a la violencia revolucionaria democrática y popular contra la violencia reaccionaria de la oligarquía dominante.
Más claro no canta un gallo, como se dice coloquialmente, pero con todo y lo trascendental de la significación jurídica del fallo, la discusión hay que enfocarla dentro del marco de las circunstancias políticas concretas que estamos viviendo.
Los hechos criminales recientes perpetrados por parte de miembros de la policía contra ciudadanos inermes que encontraron la muerte durante las manifestaciones de protesta contra el asesinato de Javier Ordóñez, el 9, 10 y 11 de septiembre en Bogotá y Soacha, con 13 asesinatos, 175 heridos y cerca de 500 detenidos, constituyen toda una masacre que señala con el dedo de la ignominia al gobierno de Duque-Uribe en las páginas de la historia.
Siendo muy importante y decisivo el cumplimiento de las formalidades jurídicas en un Estado de derecho, tenemos que avanzar también en la discusión política del problema de la seguridad en Colombia, en otras palabras, la discusión del manejo de las armas en manos del Estado.
Cómo es posible que después de logrados los acuerdos de La Habana, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, lo mismo que los cuerpos de inteligencia y de seguridad del Estado, continúen agenciando la filosofía y la política de la seguridad nacional y del enemigo interno, que no es otra cosa que la defensa de los privilegios de los grandes potentados de las multinacionales contra las reclamaciones de los sectores populares, que acuden a la protesta para poder tener las condiciones básicas de subsistencia.
Mientras que el director general de la Policía Nacional anunciaba el acompañamiento sin armas de fuego a las marchas de 21 de septiembre, el ministro de Defensa lo desautorizaba diciendo que marcharía con las armas que le daba la constitución, aludiendo a la escopeta calibre 12 y a la pistola eléctrica taser, como si se tratara de una guerra de defensa nacional.
No se puede entender el problema si no se comprende la política de guerra de este gobierno que sigue al pie de la letra la política del presidente Trump de reconquistar el mercado latinoamericano haciendo de este país una base militar contra Venezuela y contra toda manifestación de independencia y de soberanía en cualquier país del subcontinente.
En esta marcha por la democracia las protestas se han venido ampliando, profundizando y politizando y, seguramente, se incrementarán mucho más, sobre todo con la llegada al poder del presidente Duque-Uribe, gobernando en cuerpo ajeno desde la casa por cárcel en departamento de Córdoba, profundizada por la pandemia que ha echado por el suelo todos los presupuestos de acumulación capitalista, dejando atrás las marchas indígenas del Cauca por la tierra, las protestas de los estudiantes por la financiación de las universidades públicas, de los profesores y maestros por sus prestaciones sociales, hasta llegar a poderoso paro nacional del 21 de noviembre del 2019, que estremeció la conciencia nacional sobre la necesidad de las reformas democráticas aplazadas durante tanto tiempo.
Marchas eminentemente políticas si se consideran los temas que planteaban ante los problemas nacionales: reforma de la educación, tierra para los campesinos, reforma pensional y laboral, reforma del sistema de salud, empleo para las mayorías, cumplimiento de los acuerdos de paz, defensa de los DD. HH. y de la vida de los líderes sociales y de oposición.
En fin…todos problemas políticos derivados de un modelo de acumulación capitalista neoliberal y de un régimen político que no ha querido resolver esta situación sino a través de la violencia, el desplazamiento forzado, el desalojo y despojo de la tierra, del salario, de la educación, de la salud y de la dignidad humana de los trabajadores.
Así que la motivación jurídica del fallo es bienvenida por los sectores progresistas y renovadores que han estado en la lucha por la ampliación de la democracia para las mayorías; porque otro argumento de algunos sectores de la derecha es que la corte está en funciones de legislador, tarea que le corresponde al Congreso de la República, pero aquí de lo que se trata es de la protección de los derechos fundamentales del ciudadano, consagrados en la constitución del 91, que se han quedado escritos en el papel con muy pocas excepciones para las mayorías nacionales, como por ejemplo el derecho a la vida, a la libertad de pensamiento, de organización, de expresión y de prensa.
Como por ejemplo el mandato constitucional del Estatuto del Trabajo que lleva 30 años durmiendo el sueño de los justos sin que hasta ahora haya sido posible desarrollarlo e implementarlo; lo mismo se puede decir que, si no es por los acuerdos de La Habana, no tendríamos el Estatuto de la Oposición.
De manera que la polémica sobre el fallo de la corte defendiendo, amparando y protegiendo el derecho a la manifestación y a la protesta, es un avance democrático muy grande para las mayorías, un espacio para la lucha democrática de los sectores progresistas y renovadores, para el sindicalismo de clase, para los movimientos independientes y para los partidos de oposición.
No puede ser que se dejen llevar a una discusión puramente jurídica por parte de los sectores de la ultraderecha fascista, para desviar la atención pública del contenido fundamental del fallo de la corte; hay que aprovechar estos espacios democráticos que se van abriendo para impulsar la lucha de masas por su defensa, consolidación y desarrollo en el tiempo y en el espacio, insistiendo en la demanda de una profunda reestructuración de la Policía Nacional en lo que tienen que ver con la formación en los derechos humanos, su traslado al Ministerio del Interior, o la conformación de un Ministerio de la de la Seguridad Ciudadana, una Policía Nacional con alto grado de profesionalismo, desligada del narcotráfico, de la guerra contra el narcotráfico y de la corrupción interna, con un cambio de mentalidad frente a la doctrina de la seguridad nacional y del enemigo interno.
Una Policía Nacional que responda a la seguridad ciudadana con elementos de cultura política, psicológica, técnica, humanista y democrática, con formación jurídica en DD. HH., conocedora de los derechos constitucionales, del Código de Policía y Convivencia, con profunda ética profesional, conocedora y respetuosa de la constitución y de la ley.
Claro que todos estos requerimientos son insuficientes si las mayorías en el Congreso de la República no se proponen una profunda reforma estructural democrática no solo de la Policía Nacional, sino también de las Fuerzas Armadas, de los organismos de Inteligencia y Seguridad del Estado, y por supuesto de una profunda reforma de la justicia.
Es imposible pedir resultados con un sistema económico y un régimen político hecho a la medida para producir y reproducir la violencia, pero no queda otro camino que continuar la lucha por la democracia exigiendo el desmonte del Esmad y del paramilitarismo y creando un “Estatuto de reacción uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana” como lo ordena el fallo de la Corte Suprema al gobierno nacional.
Este es precisamente uno de los elementos fundamentales en la construcción de un programa para un gobierno democrático que asuma a fondo el problema de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de los cuerpos de inteligencia y seguridad del Estado, para poder superar el camino hacia un Estado fascista.
Es verdaderamente sintomático el comportamiento del gobierno nacional de no aceptar el mandato de la corte suprema de justicia hasta tanto no revise el fallo la Corte Constitucional, y mucho menos pedir perdón a las víctimas de los sucesos del 21 de noviembre de 2019 y del 21 de septiembre de 2020.
“Citan a debate de control político al mindefensa por masacres en el país”. ¿Otro que se va de vacaciones a la casa por cárcel? Definitivamente no queda otra salida a esta situación de crisis que la construcción de una convergencia nacional para un gobierno democrático.
