El poderoso contralor delegado destituyó, sin causas, al investigador regional que descubrió este escándalo en el departamento de Córdoba en el año 2015, en el cual la Gobernación pagó más de $44 mil millones a IPS con documentos falsos y pacientes inexistentes. Además, José Antonio Soto congeló el famoso proceso 8 meses y se desconoce si su jefe Edgardo Maya sabe de este caso.
Detrás del escándalo del llamado “Cartel de la Hemofilia” en el departamento de Córdoba se esconden varias intrigas que implican hasta a la propia Contraloría General de la República, que destapó el hecho.
Todo comenzó a mediados de 2015, cuando un grupo de funcionarios de la Contraloría Regional de Córdoba, descubrieron en Montería este citado “cartel” relacionado con la salud, mediante el cual se malversaron los recursos públicos del departamento.
Trabajaron duro, recaudando pruebas documentales y testimoniales y lograron armar uno de los casos más sonados de corrupción de Colombia en los últimos tiempos. Después el funcionario encargado de las pesquisas vino a Bogotá en octubre de 2015 y en la propia sede de la Contraloría General le entregó la completa investigación al Contralor Delegado del Sector Social, José Antonio Soto Murgas, oriundo del departamento del Cesar, en su despacho. Lo que sucedió después es insólito…
Soto hizo despedir fulminantemente a citado funcionario, cuyo nombre nos reservamos, sin justificación alguna. Solo por haber destapado el “Cartel de la Hemofilia” y se apropió de dicha investigación para hacerla pasar como una de sus “grandes gestiones”.
La visita del funcionario de Córdoba a Bogotá también fue de amplio conocimiento del Secretario Privado de la Contraloría, Mauricio Gutiérrez Dangond.
Luego, cuando algunos medios de comunicación empezaron a olfatearse el asunto, ocho meses después, en julio de 2016, la Contraloría General, en cabeza de Edgardo Maya Villazón, lanzó la bomba y reveló su Auditoría de 148 páginas, que fue titular en la prensa nacional y Soto se llevó todo el crédito de su máximo jefe, como el hombre que había realizado la investigación en Córdoba.
La Contraloría reveló el 2 de julio de 2016 su auditoría con hallazgos sobre falsos recobros al Sistema General de Participaciones en Córdoba.
En esa región de la Costa Caribe, la Secretaría de Salud Departamental habría pagado 44.812 millones de pesos a dos Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) por dar el supuesto servicio a pacientes hemofílicos inexistentes, sin que mediara una EPS, con exámenes de laboratorio alterados y además se reportó el pago de medicamentos no POS que nunca se suministraron.
Es decir, se malversaron más de 44 mil millones de pesos del erario público entregados con papeles falsos a pacientes fantasmas.
Los pagos se realizaron a las IPS Unidos por su Bienestar S.A.S. (39.062 millones de pesos) y San José de la Sabana S. A. S. (5.750 millones de pesos) en el 2013, el 2014 y el 2015. Estas entidades, supuestamente, prestaron servicios a casi 200 personas con el extraño mal de Von Willebrand, una cifra cuestionable si se tiene en cuenta que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) con sede en Estados Unidos, esta enfermedad genética que impide la buena coagulación en la sangre, le da a una de cada 5.000 personas.
Según las investigaciones, uno de los grandes eslabones de la corrupción en Córdoba es Yolima Rangel, representante legal de la IPS Crecer y Sonreir, otra de las beneficiaras del “Cartel de la Hemofilia” que ha recibido contratos por más de 25 mil millones de pesos. Esta persona es muy cercana al senador Musa Besaile y además es asesora del actual Secretario de Salud del departamento, José Jaime Pareja.
Pacientes fantasmas y con papeles falsos
Luego de investigaciones realizadas por la Contraloría se pudo determinar que los soportes presentados de exámenes médicos realizados a los pacientes, en eso años, “son presuntamente falsos según la información remitida por los respectivos laboratorios y lo manifestado por el médico internista hematólogo, lo cual implica de manera clara que no existió ningún elemento que motivara que la Entidad Territorial procediera al reconocimiento y pago de los medicamentos”.
Lo cual significa que la Gobernación de Córdoba de la época, dirigida por Alejandro Lyons Muskus, mediante su Secretaría de Salud, realizó las cancelaciones sin contar con los soportes o documentos en los que se constataran las actas del Comité Técnico Científico, “fallos de tutela, historias clínicas de la EPS tratante o ni ningún otro equivalente que justifiquen la realización de los pagos realizados a la IPS por el suministro del medicamento”.
El ex gobernador Alejandro Lyons está en la mira de las autoridades por las múltiples anomalías durante su gestión.
Las pruebas que entregó la Contraloría regional
La Contraloría regional de Córdoba, que inició la investigación, consignó en el informe que le dio a Soto, que luego quedó plasmado en la auditoría final, el testimonio de un supuesto médico internista hematólogo, que había tratado a los pacientes y que aparece firmando en las historias clínicas con las que se hicieron los recobros.
“Los diagnósticos escritos a mano no corresponden a mi letra. (…) La firma que se encuentra en los diagnósticos, conceptos médicos y órdenes de medicamentos no corresponde a la mía”, ratificó el experto a los auditores y añadió: “nunca firmo hacia abajo. Mi firma es muy característica: siempre firmo hacia arriba”.
Por su parte, el laboratorio clínico y de patología Bernardo Espinosa, en Montería, donde supuestamente se habían realizado más de 40 exámenes, aseguró que esos resultados son falsos y que los pacientes relacionados no figuran en sus registros.
Por lo anterior, el organismo de control informó en su auditoría que el tema generaría un proceso fiscal, con el fin de encontrar y sancionar a los responsables de malversar los cuantiosos dineros públicos.
Soto engavetó el caso
Por este caso Soto abrió una investigación especial que solo manejaba él, pero misteriosamente el proceso ahora duerme en el cuarto del olvido porque el funcionario lo engavetó desde octubre de 2015 y más nunca se ha escuchado de este tema.
La Secretaría de Salud departamental, que tienen gran responsabilidad en este “cartel de corrupción”, dependía del entonces gobernador Alejandro Lyons Muskus, cuestionado por múltiples irregularidades.
Recordemos que Soto es el mismo contralor cuestionado en un artículo del portallas2orillas.com porque revocó de un plumazo, en ese organismo de control, hallazgos por más de $100 mil millones en la Agencia Nacional de Infraestructura, amparado por el silencio de todos en la entidad.
Otras de las injusticias de Soto fue propiciar el despido de dos intachables funcionarias de la Contraloría, quienes estaban en desacuerdo con algunas de sus actuaciones .
¿Qué sabe Maya?
En vista de que José Antonio Soto es el funcionario de más confianza que tiene el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, y quien le habla al oído al alto funcionario del Estado, surgen varias dudas en torno el tema:
Sabía Maya sobre la actuación de Soto contra el funcionario de la Contraloría que destapó el caso en Córdoba y vino especialmente a su despacho a entregarle toda la documentación? ¿Porqué Soto sacó de la Contraloría al citado funcionario, cuál fue su delito?
¿Será que Maya destituye a sus empleados por intrigas infundadas y sin pruebas concretas?
¿Sabe Maya que Soto engavetó el caso y luego de varios meses de haberse destapado el escándalo no se ha iniciado un juicio de responsabilidad fiscal a ninguno de los implicados? ¿Qué pasó con el tema? ¿Por qué no se le ha abierto investigación al ex gobernador Lyons por el derroche de los recursos estatales? ¿Se está ocultando algo? ¿Es este caso similar o una continuación a lo que hizo Soto con el proceso de la Agencia Nacional de Infraestructura?
¿Sabe Maya de los rumores que circulan en varias zonas como Córdoba, Meta, Atlántico y el Cesar, donde algunos ex funcionarios y empleados públicos de la Jagua de Ibirico y Codazzi dicen que un personaje de la Contraloría a quien llaman “el Hombre del Corbatín” les cobró una cifra (llámese extorsión) de entre 200 y 500 millones de pesos para no abrirles procesos y exponerlos ante la opinión por el manejo de la contratación pública?
¿Sabe Maya que allá dicen que el personaje, “el Hombre del Corbatín”, de la Contraloría primero crea un pánico con la ayuda de la Oficina de Comunicaciones, donde registran los casos locales en boletines de prensa, y si los implicados no pagan el caso se vuelve noticia nacional, pero si cancelan misteriosamente se arregla o se congela en la entidad y no pasa nada?
Maya debe salir a desmentir o a confirmar estos rumores sobre Soto y a explicar qué pasó con el proceso de responsabilidad fiscal del “Cartel de la Hemofilia” en su poderosa entidad.
*Publicado con la autorización de www.laotracara.com
