Una demanda del Partido MIRA en 2014 le puso un palo en la rueda a las elecciones a Congreso de aquel año. Tras un juicioso trabajo de investigación y revisión de votos, el partido cristiano demostró que les habían robado las tres curules que se habían ganado con 350.942 votos y que solo recuperaron hasta el 2018, casi cuando el periodo legislativo iba terminando y se aproximaban unas nuevas votaciones.
Gracias a la documentación que aportó el Partido Mira y a la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, quedó en evidencia la vulnerabilidad del sistema. Se demostró que el software de la Registraduría, encabezada entonces por Carlos Ariel Sánchez Torres, utilizado para el conteo de votos y consolidación de la información fue saboteado y alterado, y el Consejo de Estado determinó en 2018 que por lo menos 195.778 votos eran fantasmas. La Registraduría quedó muy mal parada, pues había contratado el software con Thomas Greg & Sons –que se acaba de ganar un contrato por $1.2 billones para la operación logística de las elecciones y manejo del preconteo– y se le exigió adquirir un nuevo sistema que fuera propiedad del Estado.
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Sin embargo, pasaron otros cuatro años y solo hasta el pasado 29 de diciembre de 2021 la Registraduría, encabezada por Alexánder Vega, contrató a la empresa española Indra Sistemas, más conocida como Indra, para elaborar el software, preparar e instalar los equipos y asegurar su desempeño el próximo 13 de marzo. Solo tendrán dos meses para hacerlo.
La información que será recogida en las próximas elecciones no debe ser modificada en ninguna parte del proceso, deberá ser confidencial y solo se podrá acceder a los datos con autorización. Indra se ganó la licitación por $27.161 millones y en la cual no compitió contra ninguna otra, pues al igual que le ha ocurrido en procesos electorales en España, la empresa es la única que tiene el músculo financiero y la capacidad tecnológica para desarrollar tecnología especializada en comicios electorales cuando el plazo resulta tan corto.
Contrato N° 105 de 2021 - Indra by Las2orillas on Scribd
Indra Sistemas es el resultado de la fusión llevada a cabo en 1992 entre la compañía privada Ceselsa y el grupo público Inisel. A finales de siglo se privatizó el 66 % de las acciones que pertenecían a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales – SEPI que, sin embargo, conserva un 18.71% y que lo convierte en el principal inversor; desde entonces sus acciones cotizan en los cuatro mercados bursátiles de España (Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao). Su mayor accionista, después de SEPI, es la familia March con el 10.52 %, y le siguen fondos de inversión como Fidelity Management Research con 9.81 %.
La familia March es una de las familias españolas más poderosas, su éxito empresarial se le debe al mallorquín Juan March Ordinas, fundador de la Banca March y de la Fundación Juan March en 1955. Su historia personal durante la II República Española, la Guerra Civil y durante el régimen de Franco está cargada de acusaciones de actividades económicas ilegales, contrabando, evasión, financiación política a Primo de Rivera, luego al bando franquista, colaboración con los alemanes, etc. Se le conoció, como un banquero sin Ley que entró en el mundo de la política y de la prensa. Murió en 1962 con 80 años, siendo la persona más rica de España.
Juan March Ordinas.
Tanto la Banca March, que celebrará su centenario en 2026, como el vehículo patrimonial Alba han estado bajo férreo control familiar. Del banco son titulares de la totalidad de las acciones que componen el capital social los cuatro hermanos March Delgado (Juan, Carlos, Leonor y Gloria). En cambio, en la Corporación Financiera Alba – CFA existe una mayor dispersión accionarial. En 2015, Carlos March Delgado dejó la presidencia de Banca March en manos de su hijo Juan March de la Lastra, y conservó la presidencia de la CFA, donde su sobrino es vicepresidente y su hijo, quien dirige Artá Capital, gestora de capital de riesgo de la familia, es también consejero.
Fernando Ayala es el actual director general de Indra Colombia.
Indra se ha convertido a través de sus servicios de consultoría y soluciones propias, en una de las 100 mayores empresas mundiales del sector de defensa y seguridad. Y el negocio armamentístico se ha convertido en lucrativo negocio para la empresa española, a tal punto que es una de las más grandes en España y líder mundial de soluciones propias en segmentos específicos de sus cuatro líneas de negocio: transporte y tráfico aéreo, defensa y seguridad y transformación digital y tecnológica de la información a través de su filial Minsait con la que ha logrado posicionarse en España y Latinoamérica.
Indra no es nueva en el país. De hecho, es una empresa con tradición en las elecciones colombianas. Se estrenó en 2002 con la filial Minsait recibiendo y distribuyendo los resultados electorales. Desde entonces ha estado encargada del asunto, pero es la primera vez que entrará directamente al conteo de votos.
Pero no es su único negocio en Colombia. La solución Mova Traffic de Indra, implantada en más de 250 túneles del mundo, es usada en 27 túneles de Colombia, entre los que se destacan el Túnel de Oriente (Antioquia), Túnel Renacer y Túnel de Buenavista (Meta). Ofrece sus servicios en los corredores de siete concesiones 4G en el país, por medio de su plataforma integrada de tráfico e infraestructura Horus y sus Sistemas Inteligentes de Transporte que permiten centralizar la gestión de los diferentes sistema de tráfico para la detección automática de incidentes y video vigilancia, el control del tráfico, la señalización, la detección de incendios, el control de acceso y las llamadas de emergencia. Opera por ejemplo los 45 km de doble calzada entre Bogotá y Villavicencio para Coviandes y sistemas intraurbanos, como el de Parques del Río en Medellín.
Con más de 3.500 empleados y oficinas en Bogotá, Barranquilla y Medellín, así como un Centro de Producción de Software en Pereira y Centro de Ciberseguridad en Bogotá, la empresa española se suma un nuevo negocio en Colombia, que ha estado atravesado por señalamientos por posible fraude además de un manejo de la Registraduría por parte de Alexander Vega lleno de lunares.
*Este texto fue publicado originalmente el 15 de febrero de 2022
