Bioenergy era uno de los proyectos estrella de Ecopetrol en la presidencia de Javier Gutiérrez Pemberthy con el que se buscaba producir etanol a partir de caña de azúcar como lo están haciendo desde hace veinte años los ingenios del Valle del Cauca. En diez años, ingenios como Manuelita, Providencia, Incauca, Mayagüez y Risaralda multiplicaron sus ingresos con la producción de biodisel.
Con esta experiencia el camino parecía claro para Ecopetrol, en un terreno en el Meta, se planifico la construcción de la planta de etanol, El Alcaraván, diseñada para producir 504 mil litros del biocombustible. A pesar de las bondades del proyecto en el papel su ejecución no resultó. En el camino se perdieron $1.029 millones durante el 2013 y el 2015. La inversión inicial estaba dirigida al arrendamiento de predios para el cultivo de caña de azúcar, material que se aprovecharía como componente del etanol para producir biocombustible, un producto amigable con el ambiente.
Los sobrecostos en la gran fábrica de etanol respaldados con recursos públicos condujeron a una investigación de la Contraloría, en cabeza de Carlos Felipe Córdoba, que terminó imputándole cargos por detrimento patrimonial a varios miembros de la junta directiva de Bio: Claudia Castellanos Rodríguez, María Cristina Cortes Arango, Juan Felipe Munera Yepes, María Helena Velásquez Restrepo (QEPD) y Myungho Lee, además del representante legal Aleck Remberto Santamaria el gerente agrícola André Marques Valio y al supervisor de contratos Iván Darío Castro León.
El ente de control estableció que el monto por el que debían responder ascendía a los $920.646 millones. La Contraloría impuso sanciones a la filial de Ecopetrol por haber continuado un proyecto donde los números no mostraban una inversión prometedora.
Señaló fallas como arrendar predios donde no se podía cultivar caña con lo cual la productividad de la siembra era bajísima, así como haberse asociado con la empresa española Isolux, la cual si bien presento buenas credenciales, en últimas, no resulto adecuada para el proyecto; se acusó igualmente a los directivos de falta de control y seguimiento de la obra. A los problemas se sumaron la competencia del etanol proveniente de los Estados Unidos, la falta de financiación de la banca internacional y el cierre de recursos provenientes de Ecopetrol, justamente por no demostrar el rendimiento financiero esperado.
Con el panorama anterior Bioenergy, en el 2020, le solicitó a la Supersociedades entrar en un proceso de reorganización empresarial, Bio pidió acogerse a la ley de quiebras. La liquidación parecía inevitable y el gobierno Duque nombró como liquidador al exministro de agricultura, el vallecaucano Rubén Darío Lizarralde. Cercano políticamente a la vicepresidente Martha Lucía Ramírez, el gerente liquidador llegó con todo el respaldo del gobierno para ir al fondo del problema.
Sin embargo, las cosas tomaron un rumbo inesperado. Lizarralde, con mucha experiencia en el sector agroindustrial por haber liderado la gran empresa de palma de propiedad de los herederos de Moris Gutt en el municipio de San Alberto Cesar, le vio un gran potencial a Alcaraván y pensó en salvar la empresa de biodisel, antes que sepultarla.
Se propuso buscar financiación y tocó las puertas de los bancos Itaú, Banco de Bogotá y Bancolombia. Logró en el camino un acuerdo con el conglomerado Primax , quien hizo compras anticipadas de etanol. Si bien las compras de Primax le dieron aire a Bioenergy, Lizarralde necesitaba un gran respaldo financiero para seguir adelante.
Apareció entonces la empresa Green Energy Inversiones SAS, que se hizo al negocio el 29 de agosto de 2022. Green Energy Inversiones de propiedad de Mauricio Escobar y José Antonio Franco Pulgarín, que como exdirector financiero de Ingenio Risaralda tenía experiencia en el sector. Green Energy entró a controlar el 100% de la compañía Bio. A pesar de la inyección de recursos de Green Energy, la empresa Bio aún debe $ 500.000 millones y está obligado a conseguir 200.000 millones de pesos adicionales para gastar en la planta y para renovar los cultivos de azúcar, es obligatorio que los recursos entren a más tardar a finales de 2024.
Bioenergy puede salir a flote si logra la inyección de capital, y si consigue nuevos clientes, por ese mismo motivo es una prioridad la producción de combustible para aviones. Bajo la supervisión de Lizarralde se piensa terminar la fábrica el Alcaraván, con la promesa de obtener los beneficios de ser la fabrica más grande de etanol del país.
