De Cajamarca, Tolima, a Washington, D.C. Este es el salto, en materia diplomática, que dio Luis Ernesto Vargas, el nuevo embajador ante la OEA del presidente Gustavo Petro. El jurista, experto en derecho constitucional y derecho internacional llegó a apoyar, entre otras cosas, un restablecimiento de relaciones entre Venezuela y Colombia, marcado por una fuerte oposición de su antecesor y polo puesto, Alejandro Ordoñez.
De la palabra a la acción. Uno de los temas que el actual embajador de la OEA respaldó, siendo magistrado de la Corte Constitucional en la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia, fue que el Estado mejorara la atención a la población desplazada por el conflicto armado.
Vargas lideró la ponencia junto con sus compañeros de la Sala, los magistrados Luis Guillermo Guerrero y Nilson Pinilla Pinilla apoyado en un estudio del economista Luis Jorge Garay que terminó en sentencia de la Corte. Vargas consideraba que había un claro incumplimiento de la Constitución de Colombia frente a los derechos que debió soportar el Estado a los desplazados.
Además, en la CIDH, como Relator sobre Derechos de las Personas Migrantes, se destaca, en 2019, su influencia en la postura de la CIDH en la promoción del diseño, elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas para la protección y divulgación de los derechos de las personas migrantes, refugiados y víctimas de trata de personas, una obligación que es reconocida por la misma OEA, que ahora pasó a representar.
El nuevo embajador de la OEA ha levantado el polvo al apoyar las recomendaciones de la CIDH luego del Paro Nacional, que evidenció el exceso de poder de la Policía Nacional contra un pueblo colombiano que se lanzó a las calles para pedir justicia y presencia de un Estado carcomido por la corrupción.
Nada que ver con Ordoñez, que, en su púlpito de embajador de la OEA, hizo hincapié en que la protesta se configuró como un mecanismo de infiltración en la que una minoría de personas financiadas por grupos subversivos lo que buscan era acabar con las instituciones y quemarlo todo.
Si bien reparar a las víctimas, reglamentar el derecho a la protesta, sistematizar los datos de los muertos y heridos durante las protestas que involucren organizaciones sociales tienen sus pros y sus contras, fue la recomendación de separar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa la que a muchos defensores de las instituciones del Estado les cayó como espina en el dedo gordo del pie.
La mencionada recomendación es una de las que apoyó el nuevo embajador desde el punto de vista de violación de los derechos humanos, esencia que él ha defendido a rajatabla y que le ha traído, precisamente, enfrentamientos directos con Alejandro Ordoñez.
Cuando Vargas era miembro de la Corte Constitucional hubo una ‘Troya jurídica’ entre la Corte y Ordoñez, como procurador de aquella época, por el caso de una niña de doce años, de estrato 1, que quedó embarazada de un joven de 16 años.
Su salud mental y física estaba en riesgo. La niña, como un acto de defensa, apoyado por su representante legal, interpuso una tutela para abortar. La EPS que la atendió dilató su solicitud, un juez le negó la tutela y su embarazo avanzó tanto que llevó a la niña a querer suicidarse por tener que aceptar la idea de cambiar sus sueños por la idea de tener un bebé.
Entonces apareció la Corte Constitucional con Luis Ernesto Vargas como miembro, quien desde ahí ordenó a la EPS indemnizar a la menor, mantener su nombre bajo reserva y todos los datos que pudieran contar quién era la niña.
Este hecho fue una derrota para el Estado, pues no hubo garantías para la niña en su derecho de abortar ni tampoco las hubo para el bebé que venía en camino. Ambos quedaron solos, porque la mamá, de haber tenido una oferta del Estado que le brindara una estabilidad socio económica para tener su bebé, nunca habría abortado y el Estado habría figurado de padre protector garantizando los derechos del bebé y de la niña.
Pero nada de esto sucedió y la olla a presión explotó. A Ordoñez no le gustó para nada que la Corte le ordenara al Consejo Superior de la Judicatura que les informara a todos los jueces del país reservarse cualquier tutela en el caso de la niña.
En el tema del aborto los dos abogados también tienen posiciones opuestas y Ordoñez no ha disimulado su apoyo al movimiento Provida
Ordoñez le pidió al Consejo Superior de la Judicatura que la identidad de las mujeres que iban a abortar no debía ser ocultada a la Procuraduría ni a la Fiscalía, y mucho menos si se trataba de un aborto producto, para él, de una conducta delictiva. Ordoñez trató que desde dicha entidad se le volviera a decir a todos los jueces que ni se les ocurriera ocultar las tutelas de mujeres que pidieran abortar.
Esto fue un duro golpe para la lucha de Vargas, quien desde la Corte no vio con buenos ojos que a las mujeres se les persiguiera por la Procuraduría y Fiscalía por su derecho a abortar.
Sin embargo, este hecho como un fragmento más de la historia en Colombia, pues Luis Ernesto Vargas, como embajador de Colombia ante la OEA ya tiene clara su postura frente a dicho tema, pues buscará sacar a Colombia del ‘Consenso de Ginebra’, en el que 36 países se oponen al aborto, pues él considera que el aborto es un tema de salud pública y no penal.
Vargas se encontrará también con un cúmulo de demandas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH que involucran al Estados Colombiano y a decisiones que involucran a funcionarios públicos, que aunque es un órgano autónomo de la OEA, el peso del embajador y la información que maneja es mayúscula.
El giro en esta embajada será de 180 grados y para Gustavo Petro tiene tanto significado que fue el primer anuncio diplomático que realizó, muchos antes de posesionarse el pasado 7 de agosto.
