No es una obsesión por cuestionar al gobierno, ni un propósito de hacer oposición; tratar de ver más allá de los titulares de prensa y las declaraciones oficiales obliga a ser crítico ante la desinformación que así se concierta. Parece ser el caso del balance legislativo que ahora nos presentan.
No es de sorprender que el Presidente declare que la actividad legislativa bajo este periodo ha sido ejemplar y ha creado una nueva Colombia.
No es de sorprender porque eso dicen siempre los presidentes al final de cada periodo del Congreso; y no es de sorprender porque el Dr. Santos nos tiene ya acostumbrados a presentar todo lo que pasa durante su mandato como una realidad excepcional (aunque casi nunca es una realidad, y lo excepcional sería que coincidiera la presentación con la ejecución). El que se saque la legislación a última hora, ‘a pupitrazo’, también es una tradición entre nosotros.
Lo que no señala el Presidente es lo que no se adelantó o lo que se pospuso quién sabe para cuándo y quién sabe por cuanta vez. No sabemos qué pasará con la reforma a la Justicia que sin lugar a dudas es en el momento el lunar más grande o más negro de nuestra institucionalidad. El intento fallido anterior parece haber dejado al gobierno asustado con el tamaño del fracaso y del escándalo desatado, y no volvió a tocar el tema.
La reforma a la educación, considerada y reconocida también como una de las de más importancia, quedó en un limbo, pendiente de ‘negociar’ con el Mane pero sin que se sepa en qué está o para dónde va.
La reforma a la salud supuestamente salió. Pero, dentro de lo que pudo ser una estrategia para acabar con los debates a último momento acudiendo a la necesidad de que ‘salga algo, sea lo que sea’, parece que se les fue la mano y no se cumplieron los plazos que establece la Constitución para hacer la conciliación entre las cámaras, por lo cual debería ser inevitable que el control de la Corte Constitucional la tumbe. En todo caso —también posiblemente dentro del propósito que saliera algo independientemente del contenido— la verdadera reforma quedó pendiente de la ley reglamentaria que debe desarrollar lo que es solo el marco de las intenciones, pero se dejó pendiente prácticamente todo lo que es propiamente el trabajo legislativo. Son tantos los comentarios que se han presentado a esta ‘Ley’ que parece tener más de filosofía que de regla del juego; no cabrían en un escrito como este la cantidad de dudas y quejas que se han manifestado.
La ley del mal llamado ‘fuero militar’ que debería corregir los errores o vacíos que existían y que habían llevado a que, de un lado, se cometieran barbaridades como los falsos positivos, y de otro, que las acciones legítimas de los miembros de la Fuerzas Armadas quedaran sometidas a un vacío de jurisdicción que desmotivaba a sus filas, acabó saliendo con concepto en contra por parte de las instituciones internacionales que más la habían promovido. También aquí la premura del tiempo logró que algo se aprobara, pero no se sabe si creando más polémica que la que suscitaba el vacío anterior.
Y continuando con temas de Derechos Humanos, de la reforma penitenciaria poco o nada ha sido divulgado de la materia que debía atacar —el inhumano hacinamiento, y la incapacidad de acoger a lo que se está produciendo como nuevas capturas (nacido en buena parte de una proliferación de nuevos delitos)—; en cambio el Presidente si consideró necesaria su intervención para que se derogara el artículo que permitía que los jueces mantuvieran dentro de la rama judicial los procesos a su cargo y no fueran los medios de comunicación los que determinaran qué presentación hacían a la opinión pública, y a quién le daban espacios para cuestionar o respaldar la posición que ellos mismos toman. Puede ser discutible lo bueno o malo que los jueces decidan cuál sujeto procesal puede dar entrevistas y cuál no, pero si lo debieran hacer se encontrarían regulados (así fuera solo a nivel teórico) dentro de los casos y condiciones que la ley enmarca; lo harían dentro del cumplimiento de sus funciones constitucionales; y amparados por el principio de la reserva y de la no injerencia indebida en los procesos.
Lo que resultó es que, a nombre de una mal definida libertad de prensa o de opinión, son los medios los que —sin limitación ni control alguno— sí pueden decidir a quién le dan ese privilegio de buscar influenciar los juicios desde afuera y crear una ‘opinión pública’ acorde a sus convicciones o intereses. Y no perdieron tiempo demostrando ese poder al tumbar a su turno la posibilidad de que los mayores de cierta edad reciban la casa por cárcel (como sucede en casi todo el mundo), destacando y argumentando que en ese caso personas como Santofimio se beneficiarían de esto, y dando despliegue a lo que la familia Galán pensaba al respecto. Algunos tendrán razón en compartir con Santos la idea de ‘un éxito legislativo´.
