Luego de recibir la libertad por pena cumplida, el exdirector nacional anticorrupción de la Fiscalía Luis Gustavo Moreno será recordado como el hombre que, luego de captura en Miami el 27 de junio de 2017, mientras recibía un soborno, colaboró para que la mano de la justicia alcanzara también a cuatro exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia involucrados en una trama de corrupción conocida como “el cartel de la toga”.
Su testimonio resultó demoledor para los entonces magistrados de la corte, Camilo Tarquino, Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos y Gustavo Malo.
Francisco Ricaurte, uno de los cerebros del cartel de la toga, condenado a 19 años de cárcel en marzo de 2021. Foto: Gustavo Torrijos/El Espectador
Gustavo Malo fue condenado a 9 años y 10 meses por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y prevaricato por omisión por su participación en el cartel de la toga.
Es verdad que este fiscal, que se lucraba con el archivo de expedientes que contaban la historia de casos aberrantes de corrupción como el del cartel de la hemofilia en Córdoba, se acogió en un esquema de colaboración con la justicia y, en testimonios que hoy suman más de 700 folios, destapó numerosas verdades ocultas que mancharon la majestad de la justicia en sus niveles más altos. Pero también es cierto que su contribución al esclarecimiento pleno de casos, que también implicaron millonarios saqueos a los presupuestos públicos, fue insuficiente.
Uno de esos casos el de la multinacional brasilera Odebrecht, que se hizo a millonarios contratos en Colombia a través del pago de coimas y gestiones irregulares que alcanzaron altos círculos del gobierno y del poder legislativo.
Un año antes de quedar libre, Moreno hizo una afirmación según la cual al caso fueron asignados fiscales que estuvieran dispuestos a tomar decisiones selectivas que solo tocaran a unas personas y mantuvieran impunes a otras afectas, según él, cercanas a los afectos del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez Neira. El tema le competía porque, en su calidad de director del equipo anticorrupción, era el jefe inmediato de los fiscales asignados.
Sin embargo, tanto los fiscales que le hacían seguimiento a su esquema de colaboración y los propios jueces de control, que en últimas calificaban la importancia y el alcance de las verdades ofrecidas por Moreno, decidieron concentrarse en el caso del cartel de la toga.
En el entretanto, los fiscales asignados al caso Odebrecht —según Moreno escogidos selectivamente y la medida de intereses perversos— siguieron en sus cargos y los resultados de su gestión resultaron débiles si se comparan con los obtenidos por sus colegas de Perú y Ecuador.
Mientras en Colombia solo fueron puestos en prisión personajes de rango medio como los excongresista Bernardo Elías y Otto Bula, un exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura y par de empresarios cartageneros, en Perú la acción de la justicia, reforzada por un fuerte control político, tumbó al presidente Pedro Pablo Kuczynski y fue requerido en extradición el exmandatario Alejandro Toledo.
En Ecuador Jorge David Glas Espinel, vicepresidente de la república, fue condenado a 6 años de prisión por el delito de asociación ilícita y un castigo similar recibió el contralor general de la república Carlos Polit Faggioni.
Si la justicia colombiana decidiera revisar con cedazo crítico las actuaciones de los fiscales que han intervenido en el caso, Moreno podría verse obligado a cumplir su deber judicial y moral de seguir colaborando.
