La historia se remonta al año 2010, con el cartagenero Hernán Martínez como cabeza de la cartera de Minas en el gobierno de Álvaro Uribe. La contraparte jurídica en Prodeco, la filial en Colombia de Glencore, era María Margarita "la Paca" Zuleta, quien logró el reajuste de regalías en la explotación de la mina Calenturitas en el Cesar firmado en el otrosí por el ministro Martínez, que significó una reducción en el valor que le reconocían al Estado colombiano. Los ingresos pasaron de $129.512 millones a $77.298 millones en su momento.
En el 2015 el contralor Edgardo Maya identificó un detrimento patrimonial que ascendía a $63 mil millones ocasionado por el otrosí firmado por el ministro Martínez. Fue allí cuando Glencore decidió demandar al Estado logrando el triunfo jurídico que hoy se anota y que obliga al gobierno nacional a reembolsarle USD 19 millones a la multinacional suiza.
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