Las universidades públicas están desfinanciadas y según el SUE (a 2021) la cifra se acerca a 15 billones, necesarios para lograr un equilibrio de mínimos, en las ahora 34 públicas (con la llegada de la Universidad Intercultural Indígena, ubicada en el sur y Unitropico ubicada en el oriente).
La fórmula más general converge en reformar con urgencia los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1993.
Se desfinanciaron no por corrupción, ni malos manejos, si no por la presión del Estado durante dos décadas para incentivar el crecimiento real por encima de los recursos enviados. Las nuevas necesidades no fueron cubiertas por el Estado ensanchando la brecha entre lo real y lo formal.
El número de estudiantes, programas de pregrado ofertados, productividad pagada según decreto 1279 de 1993 y las demandas tecnológicas y de infraestructuras duplicaron las necesidades no satisfechas para cumplir con el derecho a la educación.
El presupuesto enviado por el Estado pasó de cubrir el 70 % del ya reducido costo de un estudiante antes del año 2000 a ser inferior al 50% en 2021. Las plantas docentes quedaron rezagadas, las nóminas de docentes ocasionales las superan en número y actividades docentes y la investigación creció de manera exponencial.
En 2021 el gobierno acogió la fórmula de matrícula cero, como mecanismo de distribución de recursos per-cápita, para más del 80 % de estudiantes. Con la matrícula cero las universidades reciben menos del 10 % de lo que cuesta el derecho a la educación de un estudiante, por lo que no se atacando la desfinanciación, ni fortaleciendo el sentido de lo público, aunque sea un logro importante de las movilizaciones de jóvenes en 2018, con acompañamiento de rectores, profesores y del interés del gobierno.
Sin embargo, si le sumo a las universidades otra contradicción interna (que debilita su razón de ser), al tener que tratar con la identificación de sus estudiantes según el estrato, cuando es de común saber, que estratificar resulta contrario al sistema de derechos.
Al estratificar se discrimina y, cuando un sector de jóvenes es tratado con distinción al asociarlos a su pertenencia y posición económica y no a su condición de jóvenes, se pasa la línea de la igualdad pudiendo provocar exclusión o segregar.
El pacto de derechos económicos, sociales y culturales de 1966, dispone que los Estados parte (y Colombia lo es) garantizarán el ejercicio de cada uno de los derechos sin discriminación alguna y al determinar un pago según estrato, aunque sea para pocos, se crea una distinción que afecta el goce de este derecho en condiciones de igualdad a todos los jóvenes, cuyo único requisito de acceso a la universidad debe ser de méritos, otras fórmulas medidas en factores de ingresos, bienes, riqueza material, lamentablemente pueden ocurrir en universidades de interés privado, donde poco pueden importar igualmente la democracia participativa o el reconocimiento de diversidades.
El estrato es una práctica en apariencia neutra, pero no lo es, en tanto a ciertos jóvenes por causas ajenas a su condición individual, se les aplica una limitante propia de la esfera privada de su familia, no de ellos, que son quienes actúan ante la institución como responsables de su destino, como lo señaló la ilustración siglos atrás.
El trato según el estrato origina una posible discriminación directa para un aproximado del 20 % o menos de los jóvenes de las universidades públicas, de los cuales cerca de la mitad no tienen aún cedula de identidad, y desde ya reciben un trato menos favorable que los demás de su misma situación y “condición esencial de jóvenes”. En las calles han estado defendiendo la educación pública hombres y mujeres jóvenes, brutalmente reprimidos sin importar el estrato.
La matrícula cero pagada por el Estado según estratos, señala un trato diferencial, que al poner límites a los jóvenes por su pertenencia a una clase social afecta la naturaleza de la universidad pública, llamada a ser ocupada por quienes tengan los méritos, no por clases, ni pertenencia a grupos, ni por quien pueda pagar una matrícula, que, en todo caso, solo cubre la décima parte de lo que cuesta la totalidad de beneficios que compromete la institución.
Entrar en la esfera de los diferenciales prohibidos por el sistema de derechos, de los que hace parte la “posición económica, junto con otros tales como origen, raza, color, identidad sexual, religiosa, o política, desvirtúa el artículo 13 del pacto de derechos cuando dispone que “la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente y que la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos”, ese todos, indica el derecho de acceso a los jóvenes, sin factores diferenciales de distinción, salvo meritos.
Esa es la razón fundamental para reivindicar la defensa de la universidad pública con financiación total del Estado, no parcial, ni con subsidios por demanda. La desfinanciación es de las instituciones, no de sus estamentos. Llamar a invertir lo que necesitan las universidades, para formar jóvenes y tener laboratorios de ciencia, bibliotecas, conectividad, docentes de alta calidad, siempre será mejor que invertir en batallones, armamentos y soldados, a quienes el Estado cubre sin demora el 100% de lo que gastan.
La matrícula cero es una estrategia compensatoria, que aunque útil, se separa del marco de los derechos, tampoco ataca la desfinanciación y en cambio pone en la agenda del debate la posible discriminación y vulneración a derechos, conforme a las letras de la Carta de las Naciones Unidas , la Declaración Universal de derechos humanos e inclusive del convenio 111 de la OIT.
La matrícula cero en síntesis, es una apuesta del gobierno para entregar por demanda un aproximado 10 % del presupuesto requerido por las universidades para sostener el equilibrio financiero y presupuestal. Los riesgos internos de déficit y faltantes adicionales cada año, al menor descuido pueden acelerar la privatización, si sus autoridades por desesperación ante el asedio de metas que cumplir caen en la trampa de conseguir recursos como sea o ahorrar hasta ahogarse.
Salidas equívocas pueden conducir a degradar garantías y conquistas de docentes y trabajadores, imponer nuevas obligaciones, más tareas, reducir condiciones de tiempos de vinculación de ocasionales con afectaciones salariales y laborales, implementar la virtualidad como fin, no como medio, restar atención a políticas de inclusión y mitigación de la deserción, eliminar sistemas de becas y estímulos, empobrecer los campus y quizá dejar caer edificios icónicos o eliminar lo que parezca que “sobra” de estatutos y normas basadas en la autonomía y cumplir acríticamente los designios del capital.
Está bien la matricula cero, aunque también adiciona un excesivo desgaste de gestión y trámite, pero la salida en defensa de la educación pública sigue siendo el justo reclamo por financiación total de las universidades y a los jóvenes darles tratamiento de jóvenes iguales, atenderlos con políticas de acceso, participación y bienestar, no como propietarios marcados por la casta, el linaje, el estrato.
P.D. La UPTC recibió acreditación de alta calidad por 6 años más, un esfuerzo colectivo de quienes no han abandonado su compromiso ético para seguir siendo una universidad pública a toda prueba.
