“Hoy hace 4 años la juventud de Colombia se movilizó en el estallido social. Decenas de sus líderes aún están presos, tratados como terroristas. La protesta social no puede ni debe criminalizarse”.
Con este trino, el presidente Gustavo Petro se refirió a los hechos ocurridos el 21 de noviembre del 2019, que fueron el preámbulo del estallido registrado en mayo del 2021.
Desde entonces, Petro y sus aliados de la extrema izquierda se han empeñado en vender la idea que lo ocurrido en ambas jornadas y sobre todo durante el paro nacional del 2021, fue un estallido espontáneo, promovido por unos pacíficos e idealistas líderes sociales.
Nada más alejado de la realidad. Y lo digo no porque me lo contaron sino porque me tocó vivirlo. Ese no fue un estallido social sino un muy planificado estallido criminal. Seguramente algunos muchachos soñadores se sumaron a él, pero los verdaderos promotores eran unos terroristas profesionales.
Los que en ese momento vivíamos en Cali tenemos muy claro que lo ocurrido entonces fue lo más parecido a una ocupación militar. La ciudad fue bloqueada por sus cuatro puntos cardinales. Mejor dicho, los terroristas nos dieron la ciudad por cárcel. Esa fue la primera estrategia de los organizadores del estallido criminal. Ese bloqueo generó las demás consecuencias: un desabastecimiento total de los productos básicos como los alimentos y la gasolina.
Cali se quedó sin huevos, sin leche, sin carne, sin frutas, sin verduras, sin arroz, sin pollo... Una anécdota personal refleja lo dramático de la situación. Un día mi hija, que vivía al sur de la ciudad y a pocas cuadras de un Carulla, que como todos los supermercados estaba totalmente desabastecido, me llamó a decir que se estaba quedando sin comida. Su hija, mi nieta, tenía en ese momento seis meses.
Aprovechando que entonces yo tenía una moto, me desplacé hasta la galería de la Alameda, que era de los pocos sitios donde se conseguía algo de alimentos. Al doble o triple de precio, pero se encontraban. Compré lo que me cupo en el baúl que tenía la moto, huevos, frutas, leche, algo de carne de res y pollo y con ese ‘botín’ tomé camino hacia el sur de la ciudad. Tuve que atravesar siete retenes, algunos a las buenas y otros a las malas. En uno incluso me tiraron una piedra por atreverme a reclamar mi derecho a movilizarme. Finalmente y luego de dar muchos rodeos llegué a la casa de mi hija. Me tocó hacer ese viaje varias veces porque Cali duró sitiada casi dos meses.
Fueron días en los que la ciudad estuvo en poder del hampa. No había presencia de la autoridad. El alcalde Ospina desapareció (algunos dicen que a propósito, para permitir que los terroristas actuaran a sus anchas).
En esta ciudad se instalaron alrededor de 70 retenes. La gente no podía ir a trabajar, los almacenes cerraron, las entradas a las fábricas fueron bloqueadas. Nadie podía desplazarse más allá de cuatro o cinco cuadras de su calle. Los delincuentes impusieron un toque de queda de hecho.
Acciones tan elementales como abastecer de gasolina el carro era un calvario que podía prolongarse durante tres o cuatro horas.
Además, los terroristas acabaron con toda la infraestructura del MÍO, destruyeron decenas de semáforos, varios Cai, cientos de almacenes y las cámaras de foto multa.
Lo ocurrido en el Paso del Comercio refleja la calaña de los promotores del estallido: allí los terroristas que bloqueaban la vía que comunica a Cali con Palmira descubrieron a un policía que iba de civil y desarmado, en un vehículo de servicio público. Lo hicieron bajar, lo asesinaron a golpes y arrojaron su cuerpo al río Cauca.
Aunque se demoró, finalmente el Gobierno Nacional se decidió a actuar y sacó a las calles al Ejército que poco a poco le devolvió el orden y la tranquilidad a la ciudad. Pero los caleños nunca olvidaremos esos días infernales. Así que no aceptamos que se quiera cubrir con el manto de un estallido social lo que fue una evidente ofensiva terrorista. Quienes criminalizaron la protesta no fueron los jueces que metieron a la cárcel a los delincuentes que hicieron de las suyas durante ese estallido criminal.
Los miembros de la Primera Línea que impulsaron los actos terroristas merecen ser tratados como lo que son. Sobre ellos debe caer todo el peso de la ley
Ni los medios de comunicación que le mostraron al mundo lo que estaba pasando. Fueron aquellos que no actuaron como integrantes de una protesta sino como los peores criminales.
Los miembros de la Primera Línea que impulsaron los actos terroristas merecen ser tratados como lo que son. Sobre ellos debe caer todo el peso de la ley. No nos confundamos, ellos no fueron las víctimas sino los victimarios en ese estallido criminal. Y es muy grave que el presidente de la República esté empeñado en lavarles la imagen y en dejarlos en libertad.
Por fortuna aquí todavía hay separación de poderes y la justicia es autónoma, porque si en manos de Petro estuviera esos bandidos no solo estarían en la calle sino que de seguro ya tendrían la categoría de héroes-gestores sociales.
La Protesta social es legítima hasta que los que protestan la deslegitiman y la convierten en un estallido criminal. Lo demás es retórica barata.
