Con mucha preocupación se ve que en todos los sectores del país, la criminalidad se ha tomado el control de las ciudades y pueblos. Con la venia del Estado, el Ejecutivo no tiene una política para bajar la criminalidad y desde el presidente se nota claramente que no les importa, al fin ellos, los del gobierno, en todos los niveles usan escoltas. Pero la ciudadanía no tiene otra opción que encerrarse para evitar ser asaltado y pagar seguridad privada para no ser fleteado o atracado a la salida de un banco o en su propia casa, y a veces no basta.
Las herramientas tecnológicas que deben ser utilizadas contra la criminalidad son utilizadas para sancionar a ciudadanos desesperados o aturdidos por el caos social, muchas veces para evitar los delincuentes en las calles y avenidas.
Tendrá que buscar la ciudadanía otras herramientas para que el poder ejecutivo, que es el responsable de la seguridad, se vea obligado a tomar las medidas correctivas para devolverle la tranquilidad a la población.
El artículo 2 de nuestra Constitución Política es letra muerta, pues el Estado no garantiza en este momento ni la vida, la honra y los bienes de los colombianos. Estamos desamparados y a merced de la delincuencia; la inseguridad ha llegado a los máximos niveles y es más preocupante aún cuando los delincuentes usan uniformes oficiales.
¿Quién salvará a los colombianos, si quien un día prometió devolvernos la seguridad hoy nos ha llevado a este estado de inseguridad?
