Detrás de las desigualdades que ya conocemos siempre se esconden otras, por eso tiene enorme importancia incluir las relaciones de género en el análisis sobre la economía política vigente, especialmente, si existe la verdadera intención de combatir la iniquidad y buscar el dinamismo económico para que sus beneficios lleguen ampliamente a la población, sobre todo a las clases más vulnerables o discriminadas, como sucede con las mujeres colombianas, que son la parte de la población más grande y más explotada. De allí que, además de la repudiable situación de violencias e impunidad que ya padecen en lo sexual, físico y psicológico también se suma la discriminación económica y puede ratificarse lo que dice el himno feminista: El Estado no nos cuida.
Ser mujer en Colombia significa sobrevivir a la violencia económica que persiste en el país, primero por los estereotipos de género en la sociedad, situación que se refleja con los trabajos remunerados y no remunerados como el trabajo doméstico donde, de acuerdo con Moreno (2017), mientras 9 de cada 10 mujeres realiza trabajo sin ninguna remuneración solo 6 de cada 10 hombres lo hacen; y segundo, porque en el campo laboral persiste la discriminación salarial y la precariedad. De acuerdo con las estadísticas del Dane, para 2019 las mujeres en Colombia son mayoría, 24.745.000 representando el 51% del total de la población, son mayoría poblacional y también frente a las consecuencias de la precariedad. Las colombianas tienen una brecha salarial de 18,1% con respecto de los hombres, su tasa de desempleo es superior ubicándose para 2019 en 14% y 23% para las mujeres jóvenes. Adicionalmente, para 2019 su participación laboral continuó concentrándose en actividades de baja calidad y mayor informalidad como comercio, hoteles, restaurantes (33,1%) y servicios sociales, comunales y personales (32,1%).
Sumado a esto, las colombianas siguen teniendo menor remuneración que sus pares hombres, según el Ministerio del Trabajo, para 2018, mientras el salario medio de los hombres fue de $ 1.143.168 para las mujeres fue de $967.791, a pesar de que son mayoría dentro de la población en edad de trabajar, representan la mayor parte de los desocupados (55,4%), son mayoría dentro de la población en edad de trabajar pero su participación es menor dentro del total de ocupados (41,4%) y representan el 65,1% de los inactivos del país dentro de los cuales 5.544.000 de ellas están en oficios del hogar, actividades que en su mayoría no son remuneradas, ni reconocidas por el Estado.
La desprotección de los derechos económicos de las mujeres es un asunto que se debe atender para avanzar como sociedad, pues significa la subvaloración de sus capacidades, la incapacidad de absorción de su mano de obra, el no reconocimiento del trabajo doméstico y su aporte a la productividad que sí se remunerara su peso sería del 20% del PIB. Las soluciones no las tendrán las mismas recetas que han fracasado y que no contemplan un verdadero bienestar para las mujeres como las que hoy siguen promoviendo el Gobierno Duque y la OCDE de seguir dando exenciones a las empresas con la excusa de generar impacto sobre la generación de empleos, algo que han intentado desde el 2010 y se ha comprobado: no sucede en la realidad, mucho menos ahora con la nueva reforma tributaria “Ley de crecimiento económico” que todo lo empeora.
Es cierto, el Estado colombiano no cuida a las mujeres por la decisión política de mantener privilegios a los dueños del capital a costa de desmantelar derechos económicos y sociales a los ciudadanos, cuando esto pasa son las mujeres quienes mayor carga reciben. Si esto no cambia en 2020 la ciudadanía tendrá que mantenerse en la idea de “parar para avanzar”.
