Hace varios lustros leí el texto Neoliberalismo: un balance provisorio, escrito por Perry Anderson e incluido en el libro La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social de Emir Sader y Pablo Gentili. Ahí Anderson exponía los inicios de la “Sociedad de Mont Pelerin” en 1947, sociedad que se encargaría de dar forma a lo que a partir de 1973 se conocería con el nombre de neoliberalismo. Esta sociedad elaboró un plan muy bien estructurado que le tomó alrededor de 25 años gestarlo y llevarlo a cabo, plan que convencería a los gobiernos y a los pueblos que los “Chicago boys” habían acertado en encontrar el modelo ideal que sacaría a la humanidad del letargo económico y superaría las crisis existentes y futuras.
Una de las propuestas neoliberales es el Estado mínimo —planteado por Friedrich August von Hayek convocante de la sociedad de intelectuales que ayudó a fundar las teorías político-económicas del nuevo liberalismo—. Este consiste en establecer medidas que permitan que el sector privado se encargue de la administración y ejecución de las políticas públicas que por su naturaleza deben estar a cargo del Estado (salud, educación, infraestructura y seguridad) o como dirían algunos el Estado de bienestar. Con esas medidas, se fortalecía uno de los principales aliados del nuevo modelo: los gobiernos. Estos permitirían afianzar el neoliberalismo y desvirtuar sistema comunista que con su estructura igualitaria regala todo a la población, lo cual no puede permitirse en los países democráticos modernos.
Con la implementación del neoliberalismo en los años 80 y la aplicación del Estado mínimo dentro de las exigencias de parte del Fondo Monetario Internacional para poder desembolsar los prestamos (en su mayoría innecesarios) realizados por países en vía de desarrollo, los gobiernos iniciaron el desmonte de las políticas de bienestar que lenta y paulatinamente fueron condenando a las poblaciones a una condición de postración y sumisión destruyendo la posibilidad de superación.
Estas políticas se vendieron o se implantaron con la idea falsa de un mayor afianzamiento de la democracia; el libre mercado iba a permitir la competencia y el abaratamiento de los productos, los monopolios y los oligopolios desaparecerían gracias a ese libre mercado y, por otra parte, el Estado al dejar en manos de particulares sus obligaciones, éstas se iban a prestar con una mayor eficiencia y eficacia porque el sector privado supuestamente es mejor que el público. Y como dato adicional, las inversiones al sector de parte del Estado se hicieron ver como un gasto que no generaba ganancias y no como una inversión en el desarrollo de la población más desfavorecidas.
Lo que nunca se dijo es que los gobiernos de turno en un proceso que duró muchos años se encargaron de desmontar el Estado de bienestar, y en especial el Estado en sí, hasta llegar al punto de desaparecerlo, aunque desde lo formal su existencia aún sea una realidad. Este desmonte se inicia implementando políticas oficiales que inicialmente desaparecieron funciones esenciales estatales que nunca fueron reemplazadas total o parcialmente por el sector privado o público. Como ejemplo se encuentra el Instituto Colombiano de Construcciones Escolares (ICCE), institución que se encargaba de construir y abastecer las escuelas públicas del país y por esa época la educación pública era de mejor calidad que la privada, a tal punto que los mejores colegios en las pruebas de Estado eran precisamente los públicos. Y en Colombia se tuvo la excusa perfecta para desaparecer o privatizar esas instituciones: había una guerra que financiar.
En el Estado mínimo la función del ejecutivo y el legislativo es crear las condiciones necesarias para que las multinacionales o los grandes capitales tengan los avales económicos que le permitan obtener ganancias permanentes, sin importar lo que se haga para asegurar la ganancia. Disminuir el tamaño del Estado no lo hizo más eficiente y por ende eficaz; estas medidas lo hicieron inviable e insostenible y para poder evitar la quiebra se desvió la carga impositiva a las clases menos favorecidas y despreciadas del sistema; lo que es un contrasentido porque siendo la clase social a la que no se le brinda las condiciones de bienestar mínimas, es la soporta los privilegios de los pocos que ostentan el poder con sus contribuciones.
El neoliberalismo inicia su ascenso en la segunda mitad de los años 70 cuando Milton Friedman como asesor de los mandatarios R. Nixon, R. Reagan, M. Thatcher, entre otros incluyendo a A. Pinochet, con su influencia sobre el FMI, le exigen al mundo la implementación de sus teorías como salvación de los problemas económicos en cada uno de los países miembros de la ONU, todo después de la gran crisis económica de 1973. Estas medidas implicaban la venta de los activos de las naciones al capital privado, sobre todo las empresas de servicios básicos fundamentales como las de servicios públicos.
A los países en vía de desarrollo, les fue imposible negarse a las aplicaciones de estas medidas debido a su condición de dependencia del capital transnacional, y el FMI siempre mostró a Chile como el gran ejemplo a seguir. Pero el ejemplo chileno llegó al punto de no retorno de inconformismo social debido a las grandes diferencias sociales que se fueron creando lenta y paulatinamente con el desmonte del Estado de Bienestar del gobierno de Salvador Allende y anteriores. Ese inconformismo creciente genera la gran revuelta de octubre de 2019 por las medidas neoliberales que por décadas socavaron la economía de la población.
El Estado mínimo llevó a que los grandes capitales, en el reemplazo de las políticas sociales del Estado, vendieran la idea que ellos eran unos altruistas que suplían a cabalidad las obligaciones estatales con lujo de detalles. Altruismo que les permitió una acumulación exorbitante de dineros sin ningún tipo de retorno social. Y Colombia, como muchos países latinoamericanos, es digno ejemplo de lo que pasa en Chile con años de atraso, en otras palabras, el fenómeno chileno no lo estamos viviendo aún en esa escala social, porque el saqueo no ha profundizado a esos niveles.
Si los gobiernos no dan el paso al afianzamiento y fortalecimiento del Estado para retomar las políticas sociales —que no deben ser vistas como un gasto porque también hay que entender que los Estados deben hacer inversiones sin retorno directo en algunos aspectos sociales— que le permitan a la población salir del atraso en que se encuentran, habrá líos. Para ello se necesita una verdadera redistribución de la riqueza y frenar para siempre la concentración de capitales en pocas manos.
Ahora bien, los que han diseñado las políticas económicas que rigen al mundo suelen ser grandes investigadores, que solo reciben sanciones morales de una población que los desconoce en la gran mayoría de los casos, pero siente en carne propia los estragos de sus medidas, que establecen a la perfección dignos personajes que suelen llamarse estadistas. Estos grandes investigadores suelen trabajar para prestigiosas universidades o para esos organismos internacionales que dictan los hitos a seguir por las economías del planeta, y reciben como recompensa, el Premio Nobel de Economía.
