Cuando mi familia salió de Colombia en 1996 asistidos por Amnistía Internacional con destino a Suecia, no éramos ni la primera ni íbamos a ser la última familia que saldría obligadamente para salvaguardar la vida. Las razones del exilio eran muy claras: la actividad sindical de mi padre. Eran los años 90's cuando sindicalistas eran asesinados a diestra y siniestra por paramilitares con complicidad del Estado. En el lugar de destino conocimos a muchos más cuyos sueños y proyectos de vida fueron triturados.
“El exilio es un castigo”, nos dijo Adriana Sosa, exiliada en Noruega hace más de 28 años, desde la mesa del panel “Colombia: Memoria, Exilio y Migración”. Esta era una de las mesas de discusión durante el evento que organizó Colombia en Pau en Barcelona bajo el lema “Construyendo país más allá de las fronteras”, el pasado 26, 27 y 28 de febrero. Aquí se dieron cita los colombianos que residen en Europa para debatir sobre su papel en el actual proceso de paz, y en el postacuerdo, además de su situación y de la idea de retorno.
“La salida del país no deja un sentimiento agradable. Yo me sentía que estaba siendo egoísta al abandonar y dejar a mi gente”, comenta Sosa. Los relatos de la salida del país son casi idénticos entre los exiliados políticos. Es lo que en antropología se llama “experiencia extraordinaria”, una vivencia que se convierte en parte integral de la persona.
El exiliado político, a diferencia del exiliado económico, lidia no solo con el problema de tener que adaptarse al nuevo país, y enviar dinero a quienes eran dependientes de su ayuda, sino que también tiene que enfrentar un enorme sentimiento de culpa de abandonar una lucha política. De cualquier manera, los exiliados en estos nuevos países tienen que comprobar una y otra vez que son competentes, y deben enfrentarse a los prejuicios y al pleno y llano racismo. Todo esto mientras en Colombia dejan de existir para el Estado. Unos y otros son invisibilizados.
En el panel se encontraba también Paula Gaviria, directora de la Unidad de Víctimas, cuya intervención ocurrió al final, justo después de haber oído a Imelda Daza, exiliada en Suecia, quien le recordó al auditorio que “el exilio es una derrota”.
El salón estaba lleno de exiliados, emigrantes económicos y los que salen a estudiar porque en Colombia faltan oportunidades. Otro salón fue habilitado también para escuchar el panel via internet. El interés era grande. Por primera vez íbamos a escuchar a la Unidad de Víctimas hablarle a los exiliados. Seis millones de víctimas por fuera de Colombia, según varios panelistas. Casi la misma cantidad de víctimas que hay registradas en Colombia, las cuales son siete millones, según Paula Gaviria. Y en medio de algunas frases de estupefacción y sorpresa por no saber que el exilio era tan duro soltó la frase: ”Yo no sabía que tenía tantas víctimas afuera. Me va a tocar salir más”.
”El exilio es una política de Estado” repetían varios exiliados en las tertulias en mi casa de los años 90s. ”Al que no lo matan, lo desplazan. Al que sigue jodiendo, lo intentan volver a matar y lo hacen exiliar”, decían.
”El proceso del exilio es un proceso mental y se inicia antes de salir del país” había ya dicho Adriana Sosa desde el panel en Barcelona y aseguraba que era la última elección, el último recurso para salvar la vida.
No es que el Estado no supiera que tenía ”tantas víctimas afuera”, lo que pasa es que el Estado las ha negado sistemáticamente siguiendo la estrategia de marketing seguida por sus funcionarios en las embajadas de presentarse como la democracia más antigua de América Latina, y en esa narrativa no caben los exiliados. Se ha querido presentar como un Estado certificado en Derechos Humanos y entonces cómo explicar que hallan tantos que salieron para salvar la vida o para realizar derechos que le son negados en su suelo? Paula Gaviria, al frente de la Unidad de Víctimas desde hace tres años, no puede decir hoy que no sabía que tenía “tantas víctimas afuera”. Sólo en Ecuador, el país con la mayor población de refugiados en América Latina, el 98% de ellos son colombianos, según ACNUR. Hasta septiembre de 2013, el Estado ecuatoriano había reconocido como refugiadas a 54. 865 personas. Esa proporción no han cambiado desde que trabajé para el ACNUR en Quito en 2010 y todos los días escuchaba las historias de connacionales asustados, desorientados, huyendo de la guerra que vive el país. En varios casos, estas personas son reubicadas en terceros países debido a las precarias condiciones para mantener una vida digna en Ecuador.
No podemos seguir permitiendo que el Estado Colombiano se siga desentendiendo de sus obligaciones para con sus nacionales. Así ellos se encuentren fuera del país. Decía Paula Gaviria que ”nunca es tarde” para reconocer las víctimas y eso es un buen punto. Pero tampoco nunca es tarde para reconocer que se ha victimizado e invisibilizado. No es lo mismo decir ”no sabía que tenía tantas víctimas afuera” a decir por ejemplo: sabemos que han existido. La obligación de un Estado que se dice anhelar la paz debe ser en primer lugar reconocer esta tragedia, reconocer que ha sido victimario y violador de derechos, que exisitió una política de exterminar al otro, al opositor y parte de esa estrategia era hacerlos exiliar truncando un proyecto político local. No basta con que una funcionaria diga que no sabía y pida perdón en un evento. Reconocer la invisibilización que se ha hecho del desplazamiento forzado hacia afuera de las fronteras, debe hacer parte de un pacto de la verdad de lo sucedido en Colombia. El Estado colombiano tiene que empezar por contar su verdad frente a sus víctimas, millones de ellas hoy por fuera de Colombia.
A partir de ese reconocimiento, el Estado debe iniciar un proceso de formulación de políticas públicas, en consultas con los refugiados, para garantizar apoyo afuera de las fronteras y un retorno digno con garantías de seguridad para los que desean regresar.
Parte de la riqueza de Colombia hoy se encuentra por fuera, en todos los y las exiliadas que hoy dominan idiomas, que se mueven en un mundo y han adquirido conocimientos invaluables para la construcción de un país más incluyente y justo.
