El estado de la democracia en América Latina
Opinión

El estado de la democracia en América Latina

El ejercicio democrático en nuestros países es una especie de simulación, porque las transnacionales, con sus alfiles y estrategias poco éticas, son las que imponen su interesada visión de mundo

Por:
julio 17, 2019
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El camino democrático que ha transitado Latinoamérica en las últimas décadas ha tenido aspectos positivos, si se compara con las turbulencias políticas y económicas del siglo XX. A pesar de ello, el concepto mismo de democracia se encuentra en un estado, que como mínimo resulta preocupante. El ideal democrático, entendido como aquel que convoca a la ciudadanía a ser sujeto activo de los procesos de cambio, por medio de su participación libre en el ejercicio electoral, el cual está asociado a la toma de decisiones políticas que tienen como finalidad el progreso, el bienestar y el desarrollo de una comunidad, se encuentra en una compleja encrucijada que deriva de diversos factores.

Por una parte, el 2018 marcó un punto de inflexión en materia electoral, ya que la mayoría de los países del continente celebraron comicios, lo que tuvo un impacto de diverso orden de acuerdo a cada contexto. A pesar de ello, existen problemas comunes en la región, los cuales tienen que ver con desigualdad, inseguridad, migración, insatisfacción de la ciudadanía, problemas económicos y deterioro de los principios democráticos.

Ahora bien, para comprender el estado actual de este fenómeno, hay que remitirse al contexto histórico que lo antecedió, me refiero a las tumultuosas décadas del 80 y 90 donde el continente tuvo que sortear diversas crisis económicas, cambiarias, de deuda, en países como Colombia, Argentina, México, Perú, Venezuela, las cuales, junto con la aplicación del Consenso de Washington, aumentaron los índices de pobreza, desigualdad y desempleo. Esta situación sirvió de base para que se configurara un nuevo escenario, el cual se enfocó en buscar nuevas alterativas políticas, contrarias al modelo tradicional.

Este fue el caso de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Uruguay, entre otros. Países que optaron, a finales de la última década del siglo XX y comienzos de la primera década del siglo XXI por re direccionar sus políticas públicas en pos del beneficio de sus ciudadanos. A pesar del esfuerzo de estos gobiernos por disminuir la brecha de desigualdad en nuestras naciones, lo cierto es que el panorama continúa siendo desolador en materia de equidad. Por otra parte, esta transformación estuvo también marcada por un distanciamiento de la doctrina norteamericana, que desde siempre ha estado inmiscuida en cada uno de nuestros países. Sin duda, la injerencia de Estados Unidos en el devenir de nuestros pueblos, ha sido, en alta medida, la responsable de nuestro rezago. Su política con relación a Latinoamérica y el Caribe ha sido históricamente de naturaleza intervencionista, tanto a nivel político, como económico y militar. Comenzó en 1846 cuando México fue víctima de la doctrina Monroe, la cual le costó perder a Texas y California. Los ejemplos, como bien se sabe, son abundantes, están bien documentados y cubren cada década del siglo XX y las dos que ya completa este siglo.

 

Colombia ha suscrito alrededor de 16 tratados de libre comercio,
que comenzaron a surgir en el gobierno neoliberal de César Gaviria
y han afectado el crecimiento y la competitividad de industrias empresas

 

Pero su injerencia no solo ha sido militar o política, ha sido, sobre todo económica, ya que de forma sistemática ha condicionado financieramente a nuestras naciones, generando con ello una dinámica de dependencia que les otorga un inmenso poder al interior de nuestras democracias. Este poder, se ejerce desde hace un tiempo con los tratados de libre comercio. En el caso colombiano, el país ha suscrito alrededor de 16 tratados de libre comercio en los últimos años, los cuales comenzaron a surgir en el gobierno neoliberal de César Gaviria Trujillo (1990 – 1994). Estos tratados han afectado, tanto el crecimiento, como la competitividad de las industrias y empresas colombianas, muchas de las cuales han quebrado al no poder competir con productos extranjeros. Así mismo, la mayor parte de los gobiernos de Colombia han permitido la explotación indiscriminada de recursos naturales, práctica que afecta al campo colombiano, así como al medio ambiente. A pesar de que la narrativa desde el Estado y desde los medios matriculados con los intereses económicos y políticos tradicionales alaban la presencia trasnacional, la verdad es que el interés en que el país sea parte del mercado global, solo resulta provechoso para un número muy limitado de intereses particulares. Para Pedro Ramiro y Erika González, investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) Paz con Dignidad. “En el último siglo y medio, mientras ha ido avanzando el capitalismo global y los Estados-nación han venido cediendo parte de su soberanía en cuanto a las decisiones socioeconómicas, las empresas transnacionales han logrado ir consolidando y ampliando su creciente dominio sobre la vida en el planeta. Especialmente, en las tres últimas décadas, ya que el avance de los procesos de globalización económica y la expansión de las políticas neoliberales han servido para construir un entramado político, económico, jurídico y cultural, a escala global, del que las grandes corporaciones han resultado ser las principales beneficiarias”. Un ejemplo que da cuenta de la influencia negativa de las multinacionales en los procesos, no solo democráticos, sino sociales y culturales en Latinoamérica es el vergonzoso caso Odebrecht, cuyas redes de corrupción han penetrado los gobiernos de varios de nuestros países. De igual forma, la mayoría de estas compañías transnacionales, en especial las enfocadas en controlar sectores estratégicos de la economía, como la energía, las finanzas, telecomunicaciones, salud, agricultura, el agua, etcétera contienen en sus contratos con los Estados, clausulas legales que obligan a los países a pagar multimillonarias sanciones económicas, por incumplimiento, lo que, en el caso de nuestros países, implicaría la quiebra económica, así como el descredito internacional.

Así entonces, no es posible que un país elija democráticamente, sin estas presiones, a un gobierno progresista, que busque implementar procesos económicos diferentes o transformaciones políticas de fondo. Los resultados más drásticos de este acto de independencia los encontramos en Venezuela o Cuba países que osaron desafiar el pensamiento neoliberal, cambiar su modelo económico y sobre quienes se ha desatado una despiadada guerra comercial, mediática y económica que ha afectado gravemente su estabilidad.

Por lo tanto, el ejercicio democrático en nuestros países constituye una especie de simulación, ya que lo intereses transnacionales son los que, por medio de sus alfiles y gracias a sus estrategias poco éticas, imponen una visión de mundo que les sea beneficiosa para consolidar su poder global. Estos dos factores, más la crisis de las materias primas de 2015 explican en buena medida los resultados de los últimos procesos electorales, en los cuales, se han privilegiado agendas con una inclinación ultra conservadora, nacionalista, de economía proteccionista, muy en sintonía con la actual Casa Blanca. Estos sectores, aprovecharon el descontento y la incertidumbre producida por la crisis de las materias primas, para señalar a los gobiernos progresistas y sus políticas sociales como responsables. Bien se sabe que la tergiversación y la mentira son armas eficaces para generar miedo e incertidumbre, elementos claves para manipular electores incautos, muchos de ellos, tal vez la mayoría, ciudadanos y ciudadanas a quienes ese tipo de políticas afectan gravemente. Lo anterior ya es evidente en Brasil y Colombia, países donde el proceso electoral del 2018 estuvo cifrado por el miedo. Donde triunfaron candidatos poco idóneos, carentes de experiencia, figuras infladas por los medios, representantes del estatus quo o de grupos de interés, alineados con Washington y los grandes conglomerados comerciales y económicos.

El auge de esta tendencia ideológica, tiene serias consecuencias para los derechos humanos y civiles, así como para otros aspectos fundamentales como la cultura y más grave aún para la protección de los recursos naturales. Es por eso, que, ante esta coyuntura, se hace imprescindible que surjan voces disidentes, críticas, que representen a los ciudadanos y ciudadanas más vulnerables. Si bien el panorama de nuestra América es difícil, no podemos olvidar que solo en la dificultad reside la posibilidad del cambio, y la esperanza del cambio habita en cada uno de nosotros y esa luz es la que nos debe mantener unidos en la batalla por la defensa de nuestras democracias.

 

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