El más reciente escándalo de corrupción involucra los recursos destinados a financiar las iniciativas priorizadas en los 170 municipios articulados en los dieciséis Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Es decir, los territorios más afectados por el conflicto, el abandono y la persistencia de economías ilícitas; por lo general, municipios de sexta categoría y caracterizados por una débil capacidad administrativa.
Fue a estos municipios a los que, según se concluye de la investigación adelantada por Blue Radio, se les impuso un “peaje” desde el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Contraloría para viabilizar sus proyectos en el Órgano Colegiado de Administración y Decisión también conocido como el OCAD-Paz.
Según la investigación -que retoma denuncias presentadas hace más de un año en procesos que nunca avanzaron- desde el DNP y la Contraloría se estructuró un esquema de presión a ciertos alcaldes para que se vieran obligados a pagar coimas y así posicionar estratégicamente sus proyectos en el orden del día del OCAD-Paz.
Y claro que tanto el DNP como la Contraloría tienen todas las herramientas para presionar a los alcaldes, pues en el OCAD-Paz -donde no tienen voto, pero si capacidad de veto- ejercen un control previo a todos los proyectos que buscan financiación con los recursos de regalías.
El esquema de corrupción es sencillo de comprender y resulta siendo similar al empleado con la mermelada. Primero, el alcalde se tenía que apadrinar por un congresista (la politización de los PDET); segundo, debía concertar con funcionarios del DNP y la Contraloría la aprobación de los controles previos; y tercero, pagar las respectivas coimas.
Solo así, se aseguraba que su proyecto llegará a la sesión del OCAD-Paz y eventualmente le fueran adjudicados los recursos. De esta forma, se aprobaron recursos por el orden de 4,4 billones de pesos y se repartieron coimas -según Blu Radio- por cerca de 500.000 millones de pesos.
Una cifra tan exorbitante que fijaría ese entramado de corrupción como uno de los más grandes de la historia reciente.
Lo más preocupante es que el OCAD-Paz quedó virtualmente sin recursos -solo dispone de cerca de ocho mil millones- y todavía hay cientos de miles de proyectos PDET a la espera de financiación. Como se diría popularmente, el gobierno Duque “raspó la olla” y dejó en situación crítica la viabilidad financiera de los PDET para los próximos cinco años.
Una situación lamentable si se tiene presente que estos proyectos fueron concertados por las comunidades en una fase participativa a partir de núcleos veredales, municipales y subregionales; que son la esperanza para aterrizar la reforma rural del acuerdo de paz; y que generaron gran expectativa de transformación en los territorios más azotados por la guerra.
Al gobierno Petro le corresponderá enderezar la ruta de la implementación, así como restituir las metodologías participativas creadas por el acuerdo de paz y desestimadas en la fallida política de Paz con legalidad, y especialmente, deberá trabajar por recuperar la confianza de miles de comunidades que se la jugaron por el desarrollo territorial y el programa de sustitución.
Un reto que deberá asumir en medio de una profunda desfinanciación (sin recursos de regalías), indicios gravísimos de corrupción (en los que deberá avanzar en una investigación profunda) y la enorme frustración tras cuatro años de un incumplimiento sistemático.
No será fácil, pero es un esfuerzo que debemos rodear como sociedad ante la posibilidad de construir una verdadera paz con enfoque territorial.
