Quizá por considerar ofensiva la paz pactada, el Gobierno en continuidad de la seguridad democrática ha tratado de usar un adjetivo que disimule su rabia, por ser el portador del No a la paz.
Sin embargo, fue consciente que debía cumplir el mandato constitucional, por lo que estableció como política propia, fiel a los intereses del partido en el poder, lo que ha dado en llamar “paz con legalidad”, que no corresponde a lo establecido de obligatorio cumplimiento, inaplazable e irrenunciable.
El mismo Gobierno entró en sospecha de que algo no concordaba y trató de justificarse diciendo que “esa expedición de nuestra política de paz con legalidad no fue, entonces, ninguna artimaña elaborada e inteligente para distanciarnos del Acuerdo, ni una manera de pretender que la paz que pudiera haber existido antes no fuera ‘con legalidad’”.
De igual manera el Gobierno ha advertido su desinterés aduciendo que “no compartimos la visión de que el Acuerdo tenga un espíritu y que la misión del Gobierno sea interpretarlo y seguirlo. Buscar ‘la intención de los fundadores’ puede ser un criterio constitucional válido en algunos países; pero no en Colombia y, definitivamente, no a este respecto”.
La “paz con legalidad”, que presenta en informes y tribunas internacionales, no corresponde simétricamente a lo pactado y escrito en el acuerdo final.
Paz con legalidad, no es tampoco, como se pretende mostrar una política de Estado; es solo un programa del partido en el poder, en el marco de su plan de Gobierno, que pone a la paz a gravitar bajo su propia óptica de interpretación, vaciándola de su contenido original, producto de la negociación política que dio fin al conflicto armado y que recibió el apoyo de las organizaciones, instancias, países, tribunales, cortes de justicia, Gobiernos y voces con mayor legitimidad en el planeta para hablar de paz.
El término de “paz con legalidad” en calidad de eufemismo, ridiculiza lo pactado, lo niega (teóricamente no existe un tipo de “paz ilegal”), evade la triple acepción de la paz como derecho humano, valor supremo y bien colectivo.
La “paz con legalidad”, tiene la intención de sustituir y suplantar la paz aprobada por el ordenamiento jurídico en el ámbito del estado de derecho, donde los derechos humanos deben ser protegidos, para evitar otra vez el advenimiento del recurso de la rebelión justamente superado, al menos con la insurgencia más antigua, después de cinco décadas de degradación humana a efecto de la guerra.
El uso del término en todos los informes del Gobierno delata una planeada distorsión del derecho a la paz esperada, afectando los cimientos del Estado social de derecho y de los derechos humanos al alentar a la sociedad a mantener activo el odio, la pasión por la guerra, la crispación política, el estigma sobre antiguos insurgentes ahora desarmados y el regreso a debates emocionales hace tiempo superados entre derecho y moral, constitución y religión, legalidad y legitimidad que incentivan la polarización y la rabia entre sectores de la sociedad, creando confusión sobre el sentido profundo de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, que sostendrían la reconciliación y la cura de las hondas heridas del horror padecido.
La propaganda oficial contra la paz y el sostenimiento de un discurso belicista y de guerra ha sido repetida por el presidente Duque quien destaca sus logros por impedir la paz firmada, exaltándose de ser “…quien redactó, presentó y defendió la demanda contra el Acto Legislativo para la Paz, ante la Corte Constitucional, que limitó el fast track y le permitió al Congreso hacer cambios en la implementación de los acuerdos con las Farc”.
En complemento reitera que fue uno de los líderes del No en el plebiscito por la paz, lo que le ha valido para focalizar sus presentaciones anunciando que su Gobierno recibió un mandato, bien intencionado pero muy frágil.
Conclusión que, para las víctimas, expertos, ONG y organismos de derechos humanos, dista de lo realmente acontecido, en tanto sí que encontró un acuerdo solido en principios, instancias, mecanismos y objetivos para la realización del derecho humano a la paz y la superación de causas determinantes del conflicto como el despojo y las violencias incubadas por las élites.
Sobre la retórica de fragilidad el Gobierno ha obstaculizado el rápido avance del andamiaje de ejecutorias de lo pactado y matizado su objetivo de usar la “paz con legalidad” como una tribuna para promover la idea de que el partido en el poder como sea, debe mantener el control absoluto del Estado, hasta que termine de imponer su proyecto de “refundar la patria”, conforme al nacionalsocialismo criollo, presidido por el que decida su líder, y que según sus cálculos requiere 15 años más de Gobierno.
Similar propósito local tuvo la “pacificación del Urabá” en connivencia del Estado y las élites con sectores políticos, empresariales, militares y paramilitares con quienes después compartieron el slogan de “por una Colombia en paz y sin hambre”.
En su reciente libro de paz con legalidad del presidente Duque y Jaime Archila, adelantan la conclusión que ya tiene el partido en el poder sobre su fracaso con la implementación de los acuerdos y con la caída de la seguridad democrática.
He ahí una razón de porque el Gobierno ha roto las reglas de la Constitución, la ética pública y el principio de neutralidad al convertirse en centro de mando de la campaña presidencial del candidato de la refundación de la patria.
En una síntesis anuncian que “hay que llevar la justicia y la institucionalidad al territorio”, crear para ello un programa, ponerle a ese programa un nombre elegante, y una sigla sonora (paz con legalidad). Pasan tres años y fracasamos.
Fracasamos por falta de tiempo. Fracasamos… ¡No más! No puede haber política de víctimas en tres años; no se puede tener una reincorporación exitosa en tres años; no es posible estabilizar la tercera parte del país en tres años; no lograremos la sustitución de toda la coca que hay en el país en tres años y, por supuesto, no puede lograrse desarrollo rural en solo tres años.
Ahora bien, en la reforma constitucional que aceptó el Acuerdo, se previó que a todos esos mismos respectos debemos trabajar durante tres administraciones, quince años continuos, para sacarlos adelante……” (Paz con Legalidad; Duque, Archila, 2022, pp 30 y ss).
El fracaso no fue asunto de tiempo, lo saben bien, ocurrió por falta de voluntad política y porque los derechos para el partido en el poder son una aberración por la que validan mutilar ojos, ejecutar civiles, crear falsedades, difamar y confundir.
