Hoy, con un acuerdo deslegitimado políticamente, el presidente Juan Manuel Santos se la juega para buscar mecanismos para salvar su mayor proyecto político. Sin embargo, ya en el Legislativo ha perdido históricos respaldos, tanto de la resquebrajada Unidad Nacional como de legisladores de su propio partido, lo que evidencia una desfavorabilidad política latente. Esto, acompañado de una agresiva campaña de los detractores del acuerdo que han buscado incansablemente que este gobierno “salga por la puerta de atrás” justificando el “fracaso de la implementación” del acuerdo de La Habana.
Apenas parecía ayer cuando en un giro sorpresivo al anterior gobierno, el presidente anunciaba su intención de “sentar a la guerrilla más numerosa y antigua de América Latina” y buscar su desarme y “erradicación”. Sin embargo, nunca se sentaron las bases sólidas para evitar las turbulencias que hoy está viviendo: la irreconciliable polarización política y social, el amplio margen de incertidumbre de lo que sucederá debido al lento y tibio cumplimiento de ambas partes, y el aprovechamiento de los sectores detractores del proceso de negociación para capitalizar la campaña de la nueva legislatura y el sucesor de Juan Manuel Santos.
Resulta paradójico lo que está sucediendo, pero la explicación más precisa es evaluar las infracciones cometidas dentro de la edificación del Acuerdo, como, por ejemplo, lo fue la exclusión de las víctimas dentro de las rondas de conversaciones, aún así, cuando se incluyeron dentro del texto de las concertaciones. Sin embargo, el no dotarlas de la facultad de estar presentes, partícipes de la estructuración de todo el acuerdo, llevó al Gobierno y a las FARC a plantear la posibilidad de otorgarles curules, lo que significa una amplificación del número de senadores y representantes, cuando lo que se debe buscar es minimizar el tamaño de estos organismos burocráticos y fortalecer el Estado en aspectos de presencia territorial, social y organizativa a tanta zona en donde la única manifestación de justicia, está en manos de grupos al margen de ley.
Hace algunos días, el Senado votó dos puntos de la columna vertebral del Acuerdo: la Jurisdicción Especial para la Paz y las circunscripciones especiales. En ambas votaciones fue evidente el tibio respaldo de los sectores políticos en el Legislativo. Un sector del conservadurismo y de Cambio Radical se abstuvieron de llevar a cabo la votación y mostraron su malestar frente a algunos de los puntos del articulado lo que se traduce en mayor deslegitimad del este proyecto en algunos antiguos promotores de la implementación. Posteriormente, en una jugada desesperada del Gobierno, se pretende “reinterpretar” el resultado de la votación de la Jurisdicción Especial para la Paz en base a una sentencia de la Corte C-784/14 en donde se cita “En caso en que la contabilización se hace sobre un número impar, basta con obtener más de la mitad de los votos. Pues la mitad aritmética se aproxima al siguiente número entero” y por este motivo, se expedirán demandas contra el presidente de la República y el presidente del Senado, Efraín Cepeda. La tormenta política desencadenada será llevada a las calles por el uribismo, aprovechando para medirse para las próximas elecciones.
Ahora, el próximo gobierno tendrá entre sus deberes concluir el sedicioso proceso de implementación y si sigue al pie de la letra el acuerdo firmado en el Teatro Colón y buscar empezar la estructura de un acuerdo con el ELN, o si por el contrario prolongará este álgido debate, buscando mecanismos de modificación del texto, tarea en la cual se encuentra explícita la necesidad una nueva reunión entre las partes para definir los métodos legales y políticos, para llevarlos a cabo. Lo anterior, consecuentemente, recrudecerá el debate político en la sociedad colombiana y hará que el nuevo residente de la Casa de Nariño tenga que mitigar la agravación de la división política, en donde los nuevos congresistas elegidos tendrán la responsabilidad de continuar y edificar la “construcción de una paz estable y duradera”.
