Con todo respeto, pienso que la mayoría del país no tiene la menor idea del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No repetición adoptado en el punto 5, sobre las Víctimas del Conflicto, en el Acuerdo de Paz. Cuando se opina y especula sobre algo de lo que apenas se tiene una vaga idea en la mente, se corre el riesgo de errar gravemente en la apreciación. Pero sobre todo, existe el peligro de ser manipulado por gente de mala fe.
La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, con base en criterios jurídicos, selecciona y prioriza los hechos más graves y representativos del conflicto. No investiga todos los hechos del mismo, sino aquellos que puedan significar crímenes de guerra o graves violaciones al derecho internacional humanitario, que son los que corresponde investigar y juzgar a la JEP. El objeto de esta es el cierre judicial del conflicto que terminó con el Acuerdo de Paz.
Otros hechos del conflicto son objeto de amnistía e indulto, en los términos de la ley expedida en ese sentido. Para casos dudosos existe otra sala en el JEP, la sala de Amnistía e Indulto, que otorga tales beneficios a las personas procesadas o condenadas por los delitos amnistiables en los términos del Acuerdo Final. Concede libertad transitoria y condicionada a los comparecientes de las FARC-EP y los remite a la Sala de Reconocimiento para lo de su competencia.
Nada de lo tramitado o decidido por la JEP es ajeno al Acuerdo de Paz firmado por el Estado colombiano y las FARC-EP. Ni está por fuera de los Actos Legislativos y leyes aprobadas por el Congreso Nacional para implementarlo. Lo que sucede es simplemente el desarrollo del debido proceso, principio consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional. Juez competente y cumplimiento de las formalidades propias de cada juicio.
La sala de Responsabilidad de la JEP recibe, contrasta y coteja los informes sobre hechos relacionados con el conflicto que le presenten órganos estatales y las organizaciones sociales y de víctimas. Recibe versiones individuales y colectivas, y convoca a audiencias de reconocimiento de responsabilidad. Presenta resoluciones de conclusiones de los casos priorizados, ante el Tribunal para la Paz. Para esos efectos ha abierto siete macro casos judiciales.
Uno de ellos es el relacionado con el secuestro, que no se denomina así en el expediente. El caso 001, por expresa determinación legal, se ocupa de la Retención Ilegal de Personas por parte de las FARC-EP. Así lo llamó la Fiscalía General de la Nación al presentar más de 6000 casos imputados a las FARC. Basada en las normas del Derecho Internacional Humanitario, que son las que se aplican en estos casos, no siempre coincidentes con las previsiones del derecho nacional.
Así que el escándalo armado con el argumento de que los antiguos mandos de las Farc no hablaron de secuestros sino de retenciones al comparecer ante la JEP, si no es producto de una crasa ignorancia en la materia, se deriva del veneno de ciertos sectores que el país conoce. Los excomandantes de las FARC, salvo los que volvieron al monte, han comparecido y lo seguirán haciendo ante la JEP, en cumplimiento de la palabra comprometida en el Acuerdo.
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La JEP ha pasado a contrastar la versión de las Farc con la de las víctimas, quienes han hecho 272 cuestionamientos, que los excomandantes de las Farc están obligados a responder uno a uno
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Y lo han hecho de dos maneras. Colectivamente, mediante una versión en la que reconocen ciertos hechos y se explica el contexto en que ocurrieron. E individualmente, mediante versiones voluntarias, citadas por esa sala de la JEP. En este caso fueron citados 31 antiguos mandos de la organización. Nunca se ha dicho que los hechos no existieron, lo que se ha hecho es exponer el marco bélico, social y político en el que ocurrieron. El proceso sigue su curso.
De hecho la misma sala de la JEP ha pasado a contrastar la versión de las Farc con la de las víctimas, quienes han hecho 272 cuestionamientos al respecto, que los excomandantes de las FARC están obligados a responder uno a uno. Como cualquier juez, la sala de Reconocimiento escucha a todos los involucrados en el proceso y adopta sus decisiones. Lo que reiteradamente han expresado las antiguas FARC es que respetarán y se someterán a lo decidido por la justicia.
La sala de Amnistía de la JEP ha calificado como un hecho válido de guerra el ataque a la Escuela Superior de Guerra del año 2006. Al hacerlo, actúa como instancia judicial, en el marco del derecho internacional que regula los conflictos, y no movida por los odios de algunos. La conclusión es obvia, se pide acabar la JEP, no porque no funcione, sino por el miedo a que alcance otros actores del conflicto, a los responsables estatales, altos mandos y jefes políticos que quieren pasar de agache.
