El partido Comunes celebró un encuentro de análisis sobre auto 019 de 2021 expedido por la JEP. Se trata de la providencia judicial que imputó al antiguo Secretariado Nacional de las Farc la responsabilidad por lo que consideró crímenes de guerra y de lesa humanidad. La gente simplemente dice caso 001 por secuestro, aunque la decisión, por puras consideraciones teóricas y jurídicas se refiera a toma de rehenes y otros delitos internacionales.
Los adversarios de la paz han querido armar una alharaca fenomenal por lo que consideran llamado a cuentas contra las Farc por todo lo que hicieron en el pasado. El propio presidente Duque salió a exigirle a la Sala de la JEP la imposición de las más implacables sanciones, lo que le valió una respuesta poco divulgada del presidente de la Jurisdicción. Es el problema que se deriva de opinar y hablar sobre lo que no se tiene ni idea.
El tema de las víctimas y sus derechos fue el más complicado de pactar en La Habana. Los fanáticos de las soluciones sangrientas se encargaron de vender al país la falsa idea de un gobierno y una guerrilla concertados con qué nefandos propósitos. Ese escenario jamás existió, Santos y su delegación representaron los intereses del poder y el establecimiento con un celo y una pasión incesantes. Jamás sintieron ni mostraron la menor simpatía por las Farc.
Santos lo dijo a su manera en la reciente carta pública de respuesta a Timochenko. Mientras su gobierno estaba sentado a la Mesa de Conversaciones, las fuerzas militares se empeñaban en propinar a las Farc los golpes más dolorosos de su historia. Basta con recordar al Mono Jojoy y a Alfonso Cano, o a la treintena de mandos de frente que perecieron objeto de las bombas o las operaciones militares a la par que avanzaban los contactos y conversaciones.
Lo que querían el Estado colombiano y la clase que lo dirigía era aplastar, apabullar a la vieja resistencia armada fundada por Manuel Marulanda, reducirla a su mínima expresión militar y política, rendirla sin la menor contraprestación. Otra cosa que en el curso de las negociaciones descubrieran que su interlocutor no era una máquina monstruosa, sino una organización político militar de las más sorprendentes condiciones, a la que había que reconocer y respetar.
No en vano habían hecho durante 50 años absolutamente todo para vencerla, sin lograrlo y más bien complicándolo todo, agravando la conflagración y sus consecuencias. Pudieron existir hechos muy graves durante la guerra, quién va a negarlo, pero y es lo que se terminó por reconocer en el Acuerdo Final, todos ellos fueron producto directo del brutal arrinconamiento con el que se quiso someter a la insurgencia. No era cierto que sólo hubiera un actor violento.
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La JEP no es un tribunal para emitir condenas ejemplarizantes, quien lo diga no tiene la menor idea de lo que se aprobó en el Acuerdo Final de Paz
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Ni lo era que tras la Constitución y las leyes se refugiara un portento de civilización y decencia. En la Mesa de Conversaciones estaban sentados cara a cara los rivales y cada uno sabía bien lo que había hecho en el pasado. Decirse mentiras e insultarse estaba descartado. Se trataba era de encontrar la fórmula, el camino viable para poner fin al enfrentamiento que desangró varias generaciones de colombianos. Costó años de discusiones conseguirlo.
Con la comunidad internacional de por medio, con un representante del gobierno de los Estados Unidos sentado todo el tiempo del lado del gobierno. Algo muy grande tenía que haber detrás de esa guerrilla como para que tanta gente importante se ocupara de hallar un arreglo definitivo con ella. El conflicto en realidad no era ni había sido lo que desde el poder y los grandes medios de comunicación se había dicho durante años. Y en la Mesa no se podía escamotear eso.
Por eso llevó más de un año sellar el tema de víctimas, creando un sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición, del que hace parte la JEP, que pese a todo lo que han hecho para presentarla como un tribunal inquisidor de venganza y sanción, en realidad se creó para hacer posible y garantizar la paz. Para proteger, reconocer y garantizar los derechos de las víctimas, sobre la base de ofrecer verdad al país y seguridad jurídica a los comparecientes.
La JEP no es un tribunal para emitir condenas ejemplarizantes, quien lo diga no tiene la menor idea de lo que se aprobó en el Acuerdo Final de Paz, ni de los criterios que animaron su concepción y aprobación. Para hacerlo comprender fue que se incorporó a la Constitución Nacional y se expidieron leyes estatutarias y procedimentales, que hay que leer y estudiar antes de repetir sandeces sin el menor conocimiento de causa. Las antiguas Farc lo saben.
Por eso están tranquilas y prestas a suministrar verdad, a reconocer hechos y responsabilidades para cumplirle a todos, demostrar su seriedad y mantener la frente en alto.
