Más de 2.000 millones de pesos había gastado el gobierno colombiano hasta 2014 para defender los intereses del Estado ante la Corte Penal Internacional de Justicia en La Haya después de que, en 2012, el país tuvo un revés jurídico y perdió un área de 75.000 kilómetros cuadrados de mar en el departamento Archipiélago Isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina frente a Nicaragua.
Esa plata la invirtió el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en contratar una serie de asesores nacionales e internacionales para estudiar las posibilidades jurídicas que tenía el Estado colombiano n ese momento y máxime cuando el mandatario dijo en forma vehemente que el fallo de La Haya se respetaba, pero no se cumplía.
La canciller María Ángela Holguín llamó a su exjefe y exprocurador general de la Nación, Carlos Gustavo Arrieta y al exmagistrado de la Corte Constitucional, Manuel José Cepeda para que lideraran el equipo de abogados, internacionalistas y demás expertos necesarios para armar la estrategia que abrió el camino en el comienzo de la pelea con Nicaragua que Colombia acaba de ganar.
El primer equipo legal asesor, incluyó también al internacionalista Juan Daniel Jaramillo; al exviceministro de Justicia Joaquín Polo Montalvo y a Luis Ricardo Paredes. Posteriormente, se vinculó Rafael Nieto Navia, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En medio de la incertidumbre arreciaron contra ellos y ese proceso, las críticas por los honorarios que recibirían que en un primer contrato era del orden de los 10 millones de pesos hace más de una década y un segundo contrato fue de 58 millones de pesos.
Por ejemplo, la asesoría de Joaquín Polo Montalvo durante tres meses a valor de 2013, tuvo un costo de 34.800.000 de pesos. El contrato de Arrieta por ocho meses se calculó en 208 millones de pesos, se terminó en forma anticipada y su costo final fue de 139 millones de pesos en 2013. El gobierno colombiano también contó en ese momento con los servicios de la firma británica Volterra Fietta por valor de 800.000 dólares a valor de 2012.
La gestión jurídica se concentró en denunciar el llamado Pacto de Bogotá y durante ese lapso, Nicaragua presentó la demanda que acaba de perder hoy en un fallo histórico donde por fortuna para el país, esa platica que sentó las bases de la defensa, no se perdió y ahora el actual canciller Álvaro Leyva disfruta el triunfo e invita a los colombianos a celebrar todos juntos.
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