La audiencia en la que la Fiscalía habría de imputarle dos delitos a la actual secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo, estaba citada para este lunes 23 de enero a una hora poco usual: las 6 de la mañana. Sin embargo, aunque ella y otros dos implicados en posible un saqueo por $1.300 millones destinados a un programa social en beneficio de la niñez se presentaron cumplidamente a la cita virtual, una excusa de última hora frustró la diligencia.
El abogado defensor de uno de los presuntos implicados se declaró enfermo y envió, junto a la excusa médica, una solicitud de aplazamientos, mientras los términos del proceso transcurren de manera apremiante. La Fiscalía no se opuso en principio, pero no descarta la posibilidad de solicitar la intervención de la Comisión de Disciplina Judicial en caso de que surjan nuevas maniobras dilatorias.
Al lado de la secretaria de Educación también deberán responder Lina María Gil, exdirectora técnica del programa Buen Comienzo y Henry Gómez Montoya, representante legal de la corporación Colombia Avanza.
Los recursos habrían sido malversados a través de un contrato que la Secretaría de Educación otorgó a la corporación para operar los recursos asignados al programa Buen Comienzo, concebido inicialmente en beneficio de niños de cero a cinco años y madres gestantes y lactantes.
La misma corporación ha sido beneficiaria de contratos por más de 20.000 millones que comenzaron a serle adjudicados poco después de la posesión del alcalde Daniel Quintero. La frustrada audiencia de imputación en solo un capítulo de una serie de negocios con dineros públicos canalizados por allí y que hoy están bajo las lupas de la justicia, la ciudadanía y los medios de comunicación.
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