Mientras de dientes para afuera el Presidente Petro alababa al gerente de la SAE Daniel Rojas y lo identificaba como un decidido defensor del interés público, por el otro lado Héctor Carvajal, el abogado de confianza de mandatario, tomaba un avión rumbo a Barranquilla para entregar de un plumazo la que había sido la lucha de Rojas, su equipo directivo –incluido el director jurídico Sebastián Caballero- y la del superintendente de servicios públicos Dagoberto Quiroga para no perder el control sobre la Triple A.
Habérsele atravesado al alcalde Jaime Pumarejo para que asumiera el control de la Triple A en la asamblea de mediados de enero, le significó al gerente de la SAE una drástica sanción por parte de la Procuradora Margarita Cabello: su suspensión por tres meses del cargo y a los demás funcionarios, incluido el superintendente de Servicios Públicos, la apertura de sendas investigaciones disciplinarias.
En este ambiente áspero y con los ánimos caldeados, la Procuraduría citó la semana pasada a una audiencia de conciliación con el alcalde Jaime Pumarejo y la SAE, a la que asistió en representación de ésta el abogado Héctor Carvajal, quien aspira a ser el reemplazo de Francisco Barbosa en la Fiscalía; el mismo que promovió la reunión de Petro y Uribe, quien ha sido su abogado en distintos episodios judiciales y administrativos .
Primera reunión Petro-Uribe en la oficina de Héctor Carvajal
De manera expedita, como todo lo que ha ocurrido con este caso, Carvajal reversó de un plumazo la decisión tomada por Rojas, su equipo y el superintendente de servicios públicos, cuya actuación tenía como propósito forzar a revisar el valor pagado por el Distrito de Barranquilla para quedarse con la mayoría de la Triple A.
La SAE ha advertido que el precio de las acciones compradas por el Distrito de Barranquilla a la SAE en tiempos de la administración de Iván Duque estaba subvalorado. En su momento la banca privada Deloitte cálculo que costaban $565.000 millones. Un estudio posterior de la Superintendencia lo calculó en 2,4 billones.
Entonces, hasta el momento en que Petro envió a Barranquilla al abogado de su entraña, su gobierno sostenía una hipótesis según la cual en la operación hubo un millonario sobrecosto que favorecía los intereses de empresarios privados camuflados detrás de K-Yena, socio estratégico de la Alcaldía de Barranquilla en la operación.
Todo volvió a lo mismo: el distrito de Barranquilla se quedó con la empresa y ahora considera la posibilidad de venderla a la EPM. El alcalde Medellín, Daniel Quintero, se frota las manos como presidente de la Junta Directiva de una entidad que hoy le genera un enorme poder económico y político. Desde los tiempos de su famosa frase “Cambio en primera”, Quintero es aliado de Petro y es improbable que no haya habido un acuerdo previo entre ambos sobre la suerte de la Triple A.
Falta ver que va a ocurrir con los sancionados por la Procuraduría y la suspensión de Rojas que parecería, después de este borrón y cuenta nueva, haberse quedado sin fundamento.
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