Queridos lectores, mientras la justicia esté sujeta a interferencias y siga siendo dominada por motivos de odio político, ideológico, el riesgo de ensuciar el candor de la verdad con la mentira o condenar a un oponente político inocente no desaparecerá nunca, esto es lo que llamamos la muerte del derecho. Colombia es un organismo vivo, si el corazón de la justicia es infartado, las piernas de la legalidad y el respeto del debido proceso ceden. El silencio ante esta barbarie es complicidad y esto no es aceptado por la opinión pública. Creo que hay momentos y circunstancias en las que debe hacerse una reflexión en voz alta rompiendo el silencio sobre ciertos asuntos porque una amenaza insidiosa como la injusticia de un sistema judicial no puede sobrevivir en una sociedad sin el apoyo de quienes la constituyen. La pasividad y una falta de participación es lo peor para un Estado como el nuestro. El asunto de Uribe constituye, en mi opinión, una de las páginas más negras de la historia judicial colombiana. El presidente de la república obviamente no puede guardar silencio ante este desafío, sino hablar. Solo de este modo conseguiremos claridad jurídica y, sobre todo, la posibilidad de denunciar esta colosal injusticia y exigir el cumplimiento de los derechos más básicos que le reconocen las leyes, las constituciones y las convenciones internacionales.
Estamos firmemente convencidos de que el presidente en ejercicio de todos los colombianos no puede guardar silencio ni dudar o mantenerse al margen en relación con el asunto del expresidente Uribe, sería, sin duda, un silencio ensordecedor. En los últimos doce meses no ha habido ni una advertencia, ni un comunicado, ni una intercepción. Nos rodea un silencio total. ¡Y esa indiferencia es letal! Elie Wiesel, ganador del Premio Nobel de la Paz en 1986, declaró: lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. La historia nos ha demostrado que la indiferencia y el silencio nunca han servido para resolver ningún problema. Y en este sentido nos preocupa, y es muy evidente, la aparente pasividad del presidente Duque, porque esta ausencia de interés por este asunto nos parece totalmente inexplicable. No. Sería rendirse y agachar la cabeza, y tendría que pasar el resto de su vida intentando justificarse ante sus ciudadanos y ante su electorado, independientemente de sus supuestas motivaciones, objetivos, formas o manifestaciones. San Francisco recuerda que el silencio puede ser culpable y que la inacción puede ser una "vergüenza" (cfr. LP 84b). Así pues, señor presidente, ponemos esta injusticia flagrante ante su conciencia.
Cualquiera sea la razón de fondo, el silencio de la presidencia es una oportunidad perdida para aportar un componente de justicia y particularmente a que se realice el derecho a la verdad como para que se concrete el derecho a la justicia. Temo que el silencio que mantiene la Casa de Nariño sobre este asunto puede tener repercusiones y perjudicar la eficacia de la actuación del gobierno y la credibilidad entre la población y, en definitiva, la estabilidad del país. Al igual que no puede haber libertad sin seguridad, tampoco puede haber seguridad sin justicia.
La Casa de Nariño trata de salir de la crispación política y mediática nacida en torno a la investigación (politizada) contra Uribe y desatada tras el llamado a indagatoria, permaneciendo inactiva (lo cual indica su aceptación) y confirmando de hecho que el jefe de estado no tiene la intención de ser absorbido por un torbellino de inferencias, suposiciones, conclusiones legales y comentarios o caracterizaciones que podrían debilitar su poder de control y de influencia o redundar en desmedro de la imparcialidad requerida en el desempeño de sus funciones. Se presume que esta pasividad obedece a una decisión consciente tras su valoración de la justificación de la instancia o a una deliberada indiferencia ante la acción judicial. No obstante, creemos que los siguientes aspectos deben ser tenidos en cuenta. El presidente Duque tiene muchas cosas que decir al respecto, muchas cosas que hacer, que cavilar, tiene el deber de hablar y tiene el deber de hacerlo ahora, diciendo cosas fuertes y claras. Creo que usted, en su calidad de presidente, debe ser imparcial con las propias partes, pero no con las acciones de las partes. El presidente tiene la obligación y la responsabilidad moral de defender el derecho y la justicia rompiendo el silencio y evitando la adopción de posturas injustas, que se respete el derecho a la dignidad y libertades de todos los seres humanos, incluso si se trata de Uribe. Como el propio Sarkozy señalaba: "la impronta de un estadista es cambiar el curso de los acontecimientos, no solo describirlos o explicarlos". Una cosa es indiscutible: un verdadero estadista no es definido por lo que transige, sino por lo que no.
El primer mandatario puede dar un valor añadido esencial y fundamental en el campo de los derechos, sobre todo cuando están en juego precisamente los derechos fundamentales de la persona humana. Duque es el único que puede dar fuerza a las perspectivas de justicia para que se haga justicia, conforme al Estado de derecho y cómo abordar las inmensas cuestiones que tenemos planteadas como retos enormes con respecto al activismo judicial y, en particular, la falta de seguridad jurídica y la corrupción. ¿Y acaso no es la justicia una piedra de toque de la salud de una sociedad y de un país? Naturalmente, el presidente no puede dar la impresión de que ha renunciado a defender la Constitución. Debemos pedir, señor presidente, la restitución de la plena legalidad constitucional y que reafirme y defienda con firmeza la dignidad intrínseca de la persona.
En su reciente viaje a New Jersey usted afirmó como presidente que “la indiferencia y el silencio nos pueden hacer cómplices de las dictaduras. Por eso nosotros hemos denunciado y seguiremos denunciando los atropellos de Nicolás Maduro”. Esta situación es, pues, muy similar a la situación de referencia, con una diferencia principal: Lo que está en juego es la credibilidad misma del país como un espacio de libertad, seguridad y justicia. El objetivo no es solo reparar una injusticia histórica, sino restablecer la confianza de nuestro pueblo en la justicia penal y el respeto del estado de derecho, que le hagan digno de ejercer su cometido, legitimen su poder y mejoren la calidad y la eficiencia de la administración de justicia. Por lo tanto, no debemos callar las cosas malas. Él decidirá y explicará sus propias razones personales. Sin embargo, debemos recordar que para que la injusticia prospere, basta con que los hombres y mujeres buenos permanezcan en silencio.
El presidente Duque está obligado a poner en marcha el mecanismo rompiendo el silencio por la justicia y la legalidad de la acción penal, aun corriendo riesgos por decirle la verdad al poder judicial. Conforme a la Constitución, el jefe del Estado y garante de la Constitución y de los derechos y libertades humanos y civiles es el presidente y, como tal, está llamado a realizar dos tareas:
- El control de los abusos contra los derechos humanos cometidos por otros organismos.
- La lucha contra la inercia, la indiferencia y a menudo la resistencia, a fin de lograr, por la fuerza del derecho, su legítima aspiración a la igualdad y a la justicia.
Distinguido presidente, el juicio contra Uribe es un insulto a la conciencia y a la ética política. A lo largo de estos meses, nos hemos encontrado con numerosos golpes de efecto a la hora de descubrir la verdad que, según parece, no consigue abrirse camino por la complicidad de quien está interesado en que no se sepa. Esta persecución política y judicial incluso se extiende hasta los abogados. Es casi como si el poder judicial (a su vez ideológicamente entrelazado con otros poderes) quisiera castigar a Uribe porque existe como líder y como estadista, y por eso quiere aplastarlo judicialmente como en los casos de criminales comunes, para obligarlo a abandonar deliberadamente el terreno de juego político a expensas de los ciudadanos y de su oportunidad de desempeñar un papel en el proceso democrático. Esto es poco menos que un golpe de estado ilegal sin derramamiento de sangre. Esto es un duro golpe para la Colombia, la comunidad de los valores, que habla en voz alta de los derechos humanos. La experiencia vivida por Uribe en su piel lo hace aún más lúcido políticamente y lo determina a exigir que se llegue a un acuerdo, y que se acabe el odio y la intolerancia, que reabre profundas heridas. No nos sorprende una vez más la fuerza del alma del león del presidente Uribe que tiene una capacidad extraordinaria para resistir a los ataques contra su reputación que habrían matado a un elefante, y ciertamente no cae en el humor negro arrastrando el destino de los colombianos. No puedo sino expresar mi admiración y solidaridad por la vigorosa y valiente postura que ha adoptado y apoyamos sin reservas su lucha en su campaña para que se haga justicia y estamos convencidos de que, una vez hayan finalizado los procedimientos judiciales, se conocerá la verdad. Amén.
Nota. Señores jueces y magistrados, la historia de Álvaro Uribe Vélez no se escribe con las sentencias judiciales de los tribunales o con espurias o engañosas motivaciones políticas, la lectura que podemos hacer de esto es mala. El presidente Uribe es parte irrenunciable de nuestra propia historia y cultura e identidad nacional. El senador Uribe es un abogado patriota que lucha por las causas justas de su patria sin importar las consecuencias, quien diga algo distinto no es un patriota. Uribe siempre ha demostrado su indomable espíritu de resistencia y defensa de la justicia "negar el pasado es absurdo e ilusorio". Una historia positiva, una historia de éxito ininterrumpidos durante muchos años de trabajo duro y eso es importante que lo sepan los jóvenes, si queremos evaluar ahora debidamente el resultado de todo ello. Es importante recordarlo, porque los pueblos que olvidan su historia corren el riesgo de repetirla. Por tanto, yo creo que se ha ganado el respeto y la gratitud de todo nuestro país. Considero que el presidente Uribe es un gran e importante factor estabilizador en nuestro país, especialmente en una situación dominada por motivos de odio o enemistad política, ideológica, o por la lucha interna de poder. Por lo tanto, sería recomendable concentrarse primero en el restablecimiento de la justicia y la legalidad antes de investigar y procesar a un presidente patriota.
