¿De qué les servirá a los trabajadores la paz con las Farc? ¿En las actuales circunstancias acudirían en masa a refrendar los acuerdos de paz? Quisiera que así fuera, pero lo que está ocurriendo en el mundo de la economía y del trabajo en estos días, y no me gusta decirlo, los aleja de las urnas y los lleva al descreimiento de los procedimientos democráticos, cuando ninguna decisión política, ninguna reforma legal, ni las decisiones de las cortes implican mejoras reales en las condiciones que mantienen al 64 % de los trabajadores lejos de mínimos de dignidad para ellos y sus familias. Cuando la política económica, los recursos públicos y muchos gobiernos locales sirven a una pequeña casta de empresarios y políticos.
El fracaso del Ministerio del Trabajo es muestra de lo anterior. No fue capaz de concertar el aumento del salario mínimo, lo impusieron por decreto y por debajo de la inflación causada, en violación de la Constitución y de la Ley. Quedando claro que el que decide es el Ministerio de Hacienda, donde vale más la macroeconomía neoliberal, que se sigue equivocando, que las urgencias sociales y la lucha contra la desigualdad.
Ni el Ministerio de Trabajo, ni el gobierno nacional pueden explicarle a los que devengan un salario mínimo, cómo los trabajadores estatales el año pasado negociaron un incremento salarial racional de un punto por encima de la inflación y a los de menos ingreso ni siquiera se les dio eso. Es absurdo, pero además demuestra lo que hemos defendido en el sindicalismo: la negociación colectiva mejora las condiciones laborales de los trabajadores y distribuye de manera más eficiente la riqueza.
El gobierno y los empresarios no han mostrado voluntad de cumplir al menos la Constitución en cuanto al salario mínimo, aun, cuando las cifras del Dane son claras al señalar una inflación para el 2015 del 6,77 % y para los de ingresos más bajos de 7,26 %.
Vale añadir, que a final de año no solo se discute el aumento del salario mínimo sino otros temas laborales. Sigue en deuda el gobierno de Santos y por ende el Ministro Lucho Garzón, de devolverle a los trabajadores sus recargos nocturnos y dominicales. De cumplir la promesa electoral del 2014. Los empresarios llevan 13 años enriqueciéndose con el sudor de los trabajadores.
La Corte Constitucional ha advertido que “Cada período que transcurre sin aumento implica una disminución real de la remuneración y, por tanto, un enriquecimiento sin causa de parte del patrono, quien recibe a cambio la misma cantidad y calidad de trabajo, pagando cada vez menos". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-276 del 3 de junio de 1997), es decir, los empresarios se enriquecen cada vez que a los trabajadores no se le aumenta conforme a derecho lo cual también trasgrede derechos fundamentales como el mínimo vital y móvil y el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. Y si se enriquecen con eso, pues obvio se enriquecen cuando se reforman las normas laborales en su favor, como hizo Uribe hace 14 años.
Los empresarios se enriquecen cada vez
que a los trabajadores no se le aumenta conforme a derecho
trasgrediendo derechos fundamentales como el mínimo vital y móvil
En economía y trabajo el gobierno en los últimos días solo ha sido portador de malas noticias. Nos han anunciado una reforma tributaria para subir el IVA, impuesto regresivo, para gravar los útiles escolares y obligar a declarar renta a quienes tienen ingresos salariales superiores a los 1,8 millones, también nos han dicho que subirán los impuestos a los combustibles y que los alimentos, arriendos, peajes, y pasajes de transporte público subirán igualmente mientras el salario mínimo se congeló en la práctica.
Para terminar de rematar el mismo gobierno nos acaba de anunciar —sin revelar la fórmula mágica— que los vehículos incrementaron el avalúo y por ende se deben pagar más impuestos y que el país puede volver a un inminente apagón similar al de 1992 por cuenta de que no hay gas, ni agua para producir energía.
Se venderá Isagén. A pesar de que la mayoría en el Senado —incluyendo al oportunismo uribista— se opone a dicha venta, el gobierno lo hará pasando por encima de quien sea. Lo que demuestra el enorme desequilibrio de poderes en el Estado y un Congreso mayoritariamente corrompido e incapaz de frenar al ejecutivo. No hay duda además que dicha venta es para la campaña de Germán Vargas Lleras, la cual empezó desde que fue nombrado vicepresidente.
La difícil situación económica del país, similar a la que atraviesa Ecopetrol por cuenta de la crisis petrolera mundial, no es justo que la paguen los trabajadores, mientras se sigue legislando en favor de la casta política y empresarial. Eso sin duda desembocará en más movilizaciones y protestas, en negociaciones colectivas, en fortalecimiento sindical y agitación popular.
Lucho celebró el pírrico aumento del salario mínimo. Su viceministro pidió aplausos por él de la misma forma que los altos ejecutivos de Ecopetrol defienden la reducción de salarios a los trabajadores de menos ingresos en la industria del petróleo, mientras muy cómodos disfrutan de buenos salarios (Ver “10 salarios más altos de Ecopetrol en época de crisis). Por decir esta verdad, aún Ecopetrol insiste en mi despido ante la justicia laboral.
Los esfuerzos que se hacen en La Habana para terminar el conflicto armado deben reflejarse en hechos concretos y coherentes para superar la desigualdad y la segregación, asuntos claves para consolidar la paz en el país. Mantener los niveles más altos de desempleo, informalidad o tercerización del continente, y la obstrucción al ejercicio de las libertades sindicales, y lo peor, no hacer nada para revertir esta situación, es inmoral e incoherente.
Sería bueno, digo yo, que la paz le sirva de algo a los 22 millones de trabajadores. Sería bueno que a la cultura de la guerra y la imposición la sustituyera la del diálogo social eficaz, pero las conquistas sociales y sobre todo las laborales parece que tocan a la fuerza y en las calles. Ahí estaremos.
